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Las carcajadas de este hombre contagian a cualquiera. No puede creer que
Francisco, su vecino, sea dueño de una empresa que ganó contratos
millonarios con el gobierno federal. “Pero si él sólo hace chambitas de
plomería, mire su casa”, dice mientras señala la vivienda que apenas se
mantiene en pie en una ranchería con caminos de tierra y calles sin nombre,
en Villahermosa, Tabasco.
Francisco no está en casa, sino barriendo un salón de clases. El hombre
moreno que apenas rebasa los 40 años confirma que es el dueño de una
empresa millonaria, o al menos en el papel, porque en realidad sólo tiene
el empleo que acaba de conseguir como conserje en una escuela pública de la
comunidad.
Dice que nunca recibió los 500 millones de pesos que “su empresa” ganó en
contratos firmados en poco más de dos años. “Si hubiera tenido todo eso no
estaría aquí”. Pero acepta que firmó unos papeles. “Unos contadores
solicitaron mi apoyo, pero (la empresa) era de ellos, y lo de nosotros era
prestación de servicio”.
La empresa que Francisco ayudó a crear es una de las 186 compañías que
recibieron
7 mil 670 millones de pesos del gobierno federal, gracias a
contratos que violan la Ley General de Adquisiciones, y que se reportaron
en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014.
Pero el fraude no quedó solo en esa violación a la ley. Más de 3 mil 433
millones de pesos simplemente desaparecieron, porque terminaron en empresas
fantasma.
El desvío de recursos lo hicieron once dependencias, tan variadas como la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) o Petróleos Mexicanos, y contó
con ocho cómplices: universidades públicas que cumplieron el papel de
intermediarias y se quedaron con una comisión de mil millones de pesos por
jugar este rol.
Las dependencias involucradas son: Sedesol, durante la gestión de Rosario
Robles Berlanga; Banobras, que tenía a Alfredo del Mazo Maza —gobernador
electo del Estado de México— al frente; la SEP en la época de Emilio
Chuayffet; FOVISSSTE, con José Reyes Baeza Terrazas.
También la Secretaría de Agricultura, cuyo titular era Enrique Martínez y
Martínez; el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con
Alfredo Llorente Martínez; el Registro Agrario Nacional, con Manuel Ignacio
Acosta Gutiérrez; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Gerardo
Ruiz Esparza como secretario, y la Secretaría de Economía, con Ildefonso
Guajardo.
En Pemex los convenios empezaron a firmarse desde 2011, cuando era director
Juan José Suárez y Felipe Calderón era Presidente de la República, y
continuaron en la gestión de Emilio Lozoya.
Las universidades involucradas son la Universidad Autónoma del Estado de
México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y
Tecnológica (FONDICT), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la
Universidad Autónoma del Carmen (Campeche), y las tabasqueñas Popular de la
Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo de México,
Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de ese estado.
El mismo procedimiento se emplea desde 2010. Los datos recabados con
solicitudes de información indican que, desde ese año, cuando Felipe
Calderón todavía era presidente, y hasta la fecha, el gobierno federal ha
firmado 2 mil 61 convenios, que involucran
31 mil 668 millones de pesos.
Sin embargo, una exhaustiva investigación de Animal Político y Mexicanos
contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se concentró en 73 convenios
incluidos en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014 de 11 dependencias
públicas y en revisar si las 186 empresas contratadas existen, estaban
legalmente constituidas o si cumplían con los mínimos requerimientos para
dar los servicios contratados.
En su momento la Auditoría Superior de la Federación reportó que esos
contratos eran ilegales. La investigación de seis meses de Animal Político
y MCCI se abocó a dar con los domicilios de cada una de las empresas
contratadas, cuestionar a los socios de las mismas, revisar la
documentación que las acredita legalmente y confirmar si habían prestado
los servicios contratados.
Eludir la ley
El esquema siempre es igual: Para eludir la Ley de Adquisiciones —que los
obligaría a hacer licitaciones y poner a diferentes empresas a competir—,
las dependencias firmaron convenios con universidades públicas. Le ley
permite hacerlo, pero solo si las universidades realizan al menos el 51%
del servicio contratado.
Pero éste no fue el caso. Las universidades subcontrataron a terceros la
totalidad de esos servicios en la mayoría de los convenios firmados :
distribuir despensas entre los más pobres, supervisar la perforación de
pozos de PEMEX, organizar eventos o detectar a personas de 15 años o más
que no supieran leer y escribir. En ningún caso hubo universidad que
cumpliera con el requisito del 51%.
Las universidades subcontrataron a 186 empresas y cobraron por esta
intermediación una comisión de entre el 10 y el 15% del total del convenio.
Esta triangulación viola la ley, como reconocen los propios funcionarios
públicos consultados. Pero además, de las empresas elegidas, 128 presentan
lagunas legales que les habrían impedido obtener contratos públicos y, peor
aún, la mayoría ni siquiera hizo el servicio contratado.
¿Quién seleccionó a las empresas? Nadie quiere responder eso frente a una
grabadora. Sin embargo, personal de las universidades —que hablaron a
condición de anonimato— dicen que los funcionarios las “sugirieron”,
mientras algunos funcionarios afirman que fueron las instituciones
educativas.
Más allá de quién seleccionó, la comisión que cobró cada universidad
implicó por sí mismo un sobreprecio de los servicios contratados, porque
recibieron pagos por mil millones de pesos por no hacer nada, más que
validar la triangulación de recursos.
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