Ciudad de los Niños, ¿sin Dios ni ley?
El sacerdote Pedro Gutiérrez Farías. Foto: Tomada de Periódico CorreoLa controversia en torno a un reconocido orfanato para niños sin hogar, evidencia las debilidades del Estado mexicano en el control y regulación de este tipo de actividades que se habría prestado para abusos contra los derechos de los niños que protegía, el supuesto uso de los mismos para acumular riquezas e irregularidades en el manejo de fondos públicos.
Durante 40 años la obra social liderada por el sacerdote católico Pedro Gutiérrez Farías gozó de gran prestigio por su labor con los niños en situación más desfavorable. Sin embargo, una denuncia de maltratos a menores de edad y malversación de fondos, así como la resolución de una juez federal puso al descubierto una realidad distinta: el refugio Ciudad de los Niños se había convertido en un lugar de riesgos extremos para algunos de sus habitantes y un negocio para su fundador.
En Guanajuato, el estado con mayor cantidad de católicos en México, gobernado desde hace 26 años por el derechista Partido Acción Nacional, para un político tomarse una foto con un sacerdote que lidera una obra de caridad era lograr respaldos tácitos.
Pero hoy, la cosa ha cambiado. Gutiérrez Farías creó ocho fundaciones para procurarse recursos, con sólo tres de ellas obtuvo 45 millones 267 mil 91 pesos (2.5 millones de dólares), más dos vehículos y cuatro terrenos, en trece años. Además, es dueño de ocho bienes inmuebles, uno de ellos, un terreno de 17 hectáreas.
En el caso de la Ciudad de los Niños, las acusaciones sobre supuestas irregularidades llevan casi una década, pero sólo hasta el año pasado empezaron a ser procesadas por la justicia.
Los apoyos políticos y religiosos
El primer albergue fue fundado en Salamanca en 1978 por el sacerdote católico Pedro Gutiérrez Farías; el proyecto representaba una esperanza para que cientos de niñas y niños de varios estados de México tuvieran acceso a una vida digna, por lo que fue fácil contar con solidaridad de varios políticos como el senador Juan Carlos Romero Hicks, el ex presidente de México, Vicente Fox, la ex presidenta del Congreso de Guanajuato, Beatriz Hernández Cruz y el líder del sindicato de petroleros, Carlos Romero Deschamps.
Aún con los presuntos delitos que se le atribuyen, nadie quiere pelear con el padre Gutiérrez Farías. Incluso el actual gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, ha sido pieza clave para que lo sucedido en la Ciudad de los Niños se haya minimizado, a pesar de que las investigaciones apuntan a que se convertirá en un caso estudiado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los abusos ahí cometidos.
Los representantes de la Iglesia Católica también se han desmarcado del caso: el vocero del Obispado de Irapuato, Jesús Flores, explicó que los albergues dirigidos por religiosos “trabajan de forma autónoma, no hay una dependencia de la Diócesis. El obispo no es la autoridad final de todas las obras de la Iglesia, sino que las supervisa de manera general o las alienta y las anima”.
Flores no supo decir si existe algún marco que regule los hospicios dirigidos por religiosos.
En conclusión, el sacerdote ha trabajado sin la necesidad de que la Iglesia dé un visto bueno a su actuar y sin necesidad de ser supervisado por las leyes que norman tanto la actividad de cualquier casa hogar como el trato recibido por los menores.
De la esperanza al abandono
El proyecto del cura alcanzó un amplio reconocimiento social pues muchos de los menores que asiló se convirtieron en profesionistas; cada vez llegaban más infantes de Guanajuato y estados vecinos. Con el paso del tiempo, la población pasó de cinco niños a trescientas personas, por lo que creó dos albergues más en Salamanca (Ciudad Infantil y Ciudad Juvenil), y otros más en Irapuato, Moroleón y Tarímbaro, Michoacán, en terrenos donados por gobiernos locales y particulares.
Las primeras acusaciones se realizaron en 2008 pero no fueron atendidas. En febrero de 2016 una persona denunció de manera anónima, que en la Ciudad de los Niños Salamanca había violencia física y sexual y se desviaban los recursos obtenidos por donativos. Funcionarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) acudieron al albergue y encontraron menores de edad en mal estado, las instalaciones descuidadas y a una niña de siete años con las manos quemadas en una estufa, por haber robado plastilina, castigo ejercido por una de las monjas que colaboran en el sitio.
Las autoridades estatales se llevaron a la niña a otro albergue, lo que motivó que el cura Gutiérrez Farías interpusiera un amparo para que la menor regresara a la casa hogar. Un año después, la resolución del juicio de amparo indirecto 475/2016-VIII emitida por la juez Karla María Macías Lovera, negó la posibilidad de que la niña regresara pues encontró que se vulneraron los derechos fundamentales a la “identidad, vivir en familia, acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal, a vivir en condiciones de bienestar y sano desarrollo integral y derecho a la vida”, de la menor y de todos quienes habitaban la casa hogar. Además del sacerdote, son considerados como presuntos responsables el maestro de música y dos religiosas que lo auxiliaban.
El prelado apeló la resolución de la juez, actualmente se espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise el amparo. Por su parte los gobiernos de Guanajuato y Michoacán, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indagan lo denunciado de manera anónima, sin embargo, a 20 meses de iniciada la investigación, se desconoce si hay procesos en contra de los señalados o de alguna autoridad.
“Soy originaria de Michoacán (…) antes vivía con mi mamá (…) ya no recuerdo sus apellidos, (…) tengo 4 hermanos de los cuales no me acuerdo de su nombre, en Michoacán yo vivía con mi mamá y mi papá de quien no recuerdo el nombre”. (1)
Los niños y niñas del albergue fueron víctimas de abandono o violencia familiar; algunos otros eran huérfanos, pero también hubo casos de padres que internaban voluntariamente a sus hijos, pues tenían problemas para cuidarlos. En este caso, los papás debían firmar un documento donde cedían “la custodia y patria potestad para siempre jamás a favor del presbítero encargado del lugar”.
Para la legislación mexicana la custodia y patria potestad es irrenunciable. Aun así, el DIF se negó a ayudar a varios papás a recuperar a sus hijos, pues aseguraban que el convenio que firmaron tenía pleno valor jurídico. El sacerdote católico nunca ocultó que les diera una nueva identidad a cientos de niños; sin un juicio de adopción de por medio.
*****Video: Gutiérrez Farías cuenta que es el papá de los niños
Crédito: Fragmento del video publicado en el canal @PhotJRN el 16 de julio de 2014.
El cambio de nombre no sólo es un delito que puede llevar de 1 a 6 años de cárcel; corta lazos del niño con su familia, lo que era una constante en el hospicio, pues los familiares sólo podían verlos 15 minutos cada seis meses, según se establece en el reglamento del albergue. En los testimonios ministeriales hay menores que dicen que ven a sus hermanos “de lejos” y apenas hablan entre ellos.
A los niños y niñas les ponían los apellidos del cura y de quien
fuera la madre superiora en turno, de tal suerte que hay personas con
apelativos Gutiérrez Anguiano, Gutiérrez Morales o Gutiérrez Jiménez,
entre otros. Oficialmente no se sabe a cuántas personas les cambiaron su
filiación, pues los archivos más antiguos fueron destruidos, las cifras
van de los 134 (según la sentencia) hasta 310 (según el cura). En los
archivos del Registro Civil se encontraron 168 cambios de identidad,
realizados en las administraciones de los priistas Enrique Velasco
Ibarra y Rafael Corrales Ayala y de los panistas Vicente Fox y Juan
Carlos Romero Hicks.Gobierno de Guanajuato se olvida de las víctimas
“Yo viví en ciudad de los niños desde que era un bebé, (…) desde que tengo uso de razón sufrí de golpes con palos, (…) tengo varias cicatrices en el cuerpo (…), nos encerraban por días en un cuartito de un metro de alto (…) metían a varios jóvenes ahí (…). (El padre Pedro) también sé que abusaba de las niñas, porque se metía a sus dormitorios y se escuchaba llorar a las niñas y ellas después (ilegible) salían corriendo y no querían decir nada…” * (2)
Autoridades de Guanajuato, en cuyo territorio ocurrieron la mayor parte de los presuntos delitos, aseguran que trabajan por los infantes violentados en el albergue. Activistas difieren de esa afirmación. Raymundo Sandoval, director de NIMA, Centro de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (organismo integrado por académicos de la Universidad Iberoamericana y que cuenta con respaldo de la Universidad De La Salle), señala que el Gobierno del Estado miente pues no cuenta con acciones que garanticen que los infantes obtengan justicia, pues “es un plan institucional emergente y mientras no tengamos claro cuántos niños y niñas son, cuáles son las violaciones a los derechos humanos y los delitos en cada caso, no vamos a poder establecer claramente los planes de restitución”.
“El padre Pedro nos llamó que fuéramos a buscar palos, en eso veo que el padre traía un bat de metal (…) estaba un chavo de nombre Bartolomé (…) que estaba con una chava (…) y en eso, (el maestro de música) se lo acercó al padre (…) y vi como el padre comenzó a golpear a Bartolomé con el bat, no lo dejó ni hablar, le pegó varias veces en la cabeza y todo el cuerpo, fue muy duro, (…) fueron como 10 diez minutos (…) cuando lo subieron a una camioneta de color blanca, con redilas que está en la casa y en eso el padre les gritó “llévenselo y tírenlo donde sea”, estaba sangrando mucho de la cabeza, y se quejaba de las costillas, y después de esto nunca volví a ver a Bartolomé*. (3)
Para los defensores de derechos humanos la razón de que no exista un registro de personas que habitaron en el hospicio, se debe al tránsito de infantes de una ciudad a otra sin ningún tipo de vigilancia.
“Sólo sé que fueron como unas ocho chavas que vi que estaban embarazadas porque se les veían las panzas, pero después desaparecían, no sé a dónde, ni qué pasaba con sus bebés, pero cuando iba a otras casa hogares, como la de Moroleón nunca llegué a ver a bebés”. *(4)
Para Raymundo Sandoval este hecho demuestra claramente la omisión de las autoridades porque enviaban a las niñas y niños a dicho refugio, sin supervisar y sin tener las garantías necesarias para asegurar su integridad y su vida. En febrero de este año, dos jovencitas desaparecieron de la casa hogar y las autoridades tardaron ocho meses en iniciar su búsqueda, las familias de ambas se enteraron por los medios, pues no fueron notificadas oficialmente.
Tanto en la sentencia de la juez, como en el informe de NIMA se considera que las desapariciones en la Ciudad de los Niños tienen relación con el delito de trata de personas. La PGR tiene tres meses indagando este hecho.
Guanajuato sólo tiene registro de las casas hogar que reciben recurso público estatal, de mil 314 niños que según el INEGI habitan en 47 hospicios, el gobierno local sólo tiene responsabilidad legal sobre el 6% de ellos. Actualmente el gobierno tiene bajo custodia a 54 menores de edad rescatados de la Ciudad de los Niños, siete están en otros centros y uno ha regresado con su familia.
Opacidad en los recursos entregados a la Ciudad de los Niños
“Me percaté que hay una bodega de la casa donde hay mucha despensa, arroz, comida en general, pero al parecer la vendía a quienes pasan y se llevaban cosas, mientras que a todos los que vivimos en la casa nos dan frijoles con gorgojos, arroz sin sal, todos nos intercambiamos la ropa o salimos de la casa para pedir ropa.”*. (5)
Para procurarse recursos, Pedro Gutiérrez creó ocho asociaciones civiles, ubicadas en los distintos municipios donde están los albergues: Ciudad de los Niños Salamanca; Patronato de la Ciudad de los Niños Pobres de Salamanca; Convento Casa Cuna de Salamanca; Ciudad de los Niños Morelia, Ciudad de los Niños Moroleón- Uriangato; Patronato pro Construcción Ciudad de los Niños Moroleón- Uriangato; Cooperadoras de la Sagrada Familia y Cooperadoras de la Sagrada Familia Proniñez Desamparada.
Gutiérrez Farías recaudó en trece años, 45 millones 267 mil 91 pesos (2.5 millones de dólares), más dos vehículos y cuatro terrenos, sólo con tres de sus asociaciones, según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, el gobierno estatal de Guanajuato y los gobiernos municipales de Moroleón y Salamanca. De las otras cinco asociaciones no se sabe, pues no tienen registros oficiales que permitan rastrearlas. Se presume que podría ser más dinero pues sólo hay datos a partir de 2004, aunado a que no coincide lo reportado ante Hacienda con lo otorgado por las dependencias locales y federales; así como la reticencia de las autoridades locales a proporcionar información completa.
Una muestra de que los recursos no eran auditados tiene qué ver con los planes de instalar en 2008 una planta empacadora de cacahuate que daría cierta independencia económica a los albergues y a los jóvenes los capacitaría en un oficio. El gobierno estatal donó 2.7 millones de pesos (154 mil dólares) y el municipio de Salamanca apoyó con 1.2 millones de pesos (68 mil dólares). La planta nunca se echó a andar, pues no contaba con proveedores, clientes, ni plan de negocios. Aun así, el entonces secretario de Desarrollo Social y actual gobernador, Miguel Márquez, avaló que Gutiérrez Farías no comprobara el uso del recurso y pidió que se cerrara el caso sin dar explicaciones del destino final del dinero público.
Seis de las asociaciones del cura no forman parte del Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, ni están autorizadas como donatarias por Hacienda, aun así, recibieron donativos estatales y municipales.
Las propiedades de Pedro Gutiérrez Farías
“Se observaron irregularidades en las condiciones físico-sanitarias del inmueble: falta de aseo y mantenimiento en todas las áreas, equipo e instalaciones, mobiliario deteriorado y en mal estado, instalación eléctrica expuesta, manejo inadecuado de alimentos, existencia de fauna nociva, falta de puertas de acceso a sanitarios y área de regaderas, entre otros.” Reporte de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato realizado en 2014* (6)
Pedro Gutiérrez Farías, quien no percibía un sueldo y sólo vivía de donativos, cuenta con ocho propiedades: siete en Salamanca y una en Irapuato entre casas y terrenos, uno de ellos con una superficie de 17 hectáreas. Las propiedades del cura fueron compradas a partir de 1995 y las últimas dos le fueron heredadas en julio de 2017.
Las asociaciones de las que es representante legal y presidente, son propietarias de cuatro inmuebles en Salamanca, Moroleón y Tarímbaro. Ha trascendido que la Procuraduría General de la República ubicó más propiedades en Guanajuato y Michoacán.
Simulación en cierre de albergues
La juez Karla Macías ordenó que todos los menores de edad fueran sacados inmediatamente de las distintas sedes de la Ciudad de los Niños y llevados a lugares seguros. El gobierno de Guanajuato tardó más de un mes en atender la petición y los concentró en una de las casas de Salamanca e informó que se cerraban los centros en Moroleón e Irapuato.
Sin embargo, en una visita realizada por la reportera al albergue en Moroleón se pudo constatar que el recinto estaba en operación. Una persona que labora en las inmediaciones del albergue, en entrevista dijo que aún hay niños: “a veces salen en una camioneta, ahí atrás, todos. No sé cuántos hay, pero a veces pasan unos cinco o seis, de unos trece años. A los más chiquitos se los llevó el DIF. A veces los llevan a la escuela y veo a una mayor que lleva a una bebé más chiquita, no sé si la lleve al kínder”.
Aunque el gobierno local es el responsable de la administración de
los sitios, cuestionados sobre el estatus de los albergues, funcionarios
respondieron que tienen “conocimiento” que sólo le dan “asistencia a
personas mayores de edad”. Activistas han denunciado que la Ciudad
Juvenil en Salamanca también sigue aperando, por lo que consideran que
el gobierno estatal sólo ha simulado cumplir con la sentencia.
La ciudad de los niños en Moroleón. Foto: Juan José Plasencia
La sede Morelia nació con conflictosEn 2010, el entonces alcalde de Tarímbaro, Baltazar Gaona, donó al albergue en Michoacán un terreno de una hectárea que era propiedad del fraccionamiento El Trébol. Además de la donación del predio sin consentimiento de los vecinos, el conflicto arreció cuando los habitantes de la zona descubrieron que la asociación civil Ciudad de los Niños de Morelia se extinguió el 14 de julio de 2006 por no cumplir con el objetivo para el que fue creada. Ante la prensa local aseguraron que los representantes de la asociación civil intentaron sobornar “con fuertes sumas al encargado del orden”, posteriormente, personas desconocidas con machetes y actitud intimidatoria se apostaron en algunas casas.
La casa hogar no contaba con un dictamen de Protección Civil a pesar de que custodiaba infantes y está en una zona peligrosa pues hay una ladera sin protección. Además, derribaron la malla perimetral alrededor del estanque y los niños se metían a nadar y tomar agua en el depósito sin supervisión.
La ciudad de los niños en Morelia. Foto: EspecialLos vecinos dicen que vieron cómo eran maltratados los infantes, “no hay especialistas que estén al pendiente de ellos, siempre los tienen con ropa en mal estado, son como mercancía para que la gente se apiade de ellos”.
Los habitantes de El Trébol declararon: “por todo lo antes expuesto y otras irregularidades graves, desconfiamos totalmente de que persigan un fin altruista, consideramos que más bien utilizan la bandera de ayudar a niños para bajar recursos federales porque esto se ha convertido en un gran negocio utilizando el chantaje de la fe para sus fines”.
Actualmente la Ciudad de los Niños Morelia sigue operando, en los registros federales tiene estatus de “no activa” por no presentar los informes financieros de 2015 y 2016.
Complicidad, omisión y opacidad de las autoridades
“Está acreditado que los niños y los mayores de edad en estado de vulnerabilidad que viven en las casas de asistencia social a cargo de la asociación civil Ciudad de los Niños, han sufrido violencia por parte de los encargados; y existen fuertes indicios de que los encargados han abusado sexualmente de los menores”*.(7)
Organizaciones nacionales e internacionales han solicitado al Gobierno Federal que realice las investigaciones, pues el gobierno estatal no ha emprendido acciones legales en contra de los responsables. Para Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, este asunto “da cuenta de muchas irregularidades, esperamos que la autoridad federal pueda demostrar la adopción ilegal, el cambio de identidad, el tráfico de influencias, el uso de recursos ilícitos y todo esto encubierto por las más altas autoridades del estado”. El activista señala de manera directa de entorpecer las investigaciones al sistema DIF, al secretario de gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, al gobernador Márquez y al procurador de justicia, Carlos Zamarripa.
La Procuraduría General de Justicia estatal ha dado información poco clara sobre el número de carpetas de investigación: en rueda de prensa dijo que eran siete y vía la Unidad de Acceso a la Información respondió que sólo dos. Se desconoce si son en contra de Gutiérrez Farías o de sus colaboradores. La jueza Macías ha señalado que el agente del Ministerio Público sólo pidió un informe de las condiciones de las casas hogar, “sin que los hubiera citado a rendir entrevista en calidad de testigos, o bien, de imputados” a casi dos años de que se realizara la denuncia.
Nadia Sierra, asesora en temas de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indica que se debe investigar si hay servidores públicos que por omisión no le dieron seguimiento a las denuncias, pero también, a aquellos implicados en la alteración de datos del registro civil y otros presuntos delitos, “creo que tienen pruebas suficientes para hacerlo”.
Se solicitó una entrevista con Pedro Gutiérrez Farías, pero su asesor jurídico, Julián García dijo que el prelado se encuentra enfermo y fuera del estado de Guanajuato, por lo que era difícil contactarlo. Finalmente dejó de contestar los mensajes de la reportera.
México no ha aprendido a proteger a sus niños y niñas
Lo que sucede en Guanajuato es una muestra de lo que pasa en todo el país, de los más de 25 mil menores de edad en albergues, el DIF Nacional tiene bajo su custodia sólo a 160 infantes. El resto están bajo protección de los gobiernos locales o de las casas hogar. Para Nadia Sierra, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “lo que sucede en la Ciudad de los Niños es un reflejo de lo que puede pasar en casi todas las entidades federativas”, como se ha visto en otros casos de maltrato. Considera vital contar con un directorio de albergues para saber cuántos existen y “a partir de ello generar una política pública, pues la Procuraduría Federal de Protección no cuenta con esas cifras”.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue aprobada en noviembre de 2014, según los especialistas, la de México es una de las mejores de toda América Latina. Para José Manuel Ramos, asesor en temas de derechos humanos en la Unión Europea, que el estatuto sea letra muerta se debe a que las procuradurías de protección no son autónomas ni independientes, su función además de “identificar probables violaciones a los derechos humanos y reaccionar inmediatamente, tienen que tener la posibilidad de fiscalizar lo que el DIF hace”, al no hacerlo, el propio Estado abandona sus obligaciones y sigue dejando a cargo de estas funciones a las organizaciones civiles.
Este reportaje fue realizado por Kennia Velázquez para Zona Franca en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.
http://www.proceso.com.mx/515147/ciudad-de-los-ninos-sin-dios-ni-ley
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