Siguen saliendo más videos del operativo realizado por la policia el pasado martes en la Plaza Meave de la #CDMX, esta fue la manera de actuar de los uniformados.
Ayúdenme
a compartir esto sucedió en el centro, como pueden ver la "policia"
comenzó agredir y aventar botellas y tubos, posteriormente hubo
lesionados de gravedad no es posible tanta injusticia después metieron a
un menor de edad y le iban pegando pensando que nadie iba viendo
Golpean, amenazan y le quitan su motocicleta porque el candado tapó la placa.
👉https://goo.gl/7c1xfq El Perredista Ángel Aguirre con todo un historial de corrupción se postula para DIPUTADO FEDERAL, "Padres y madres de los 43 Normalistas lo enfrentan".
*Padres de los 43 encaran y corren a Aguirre en su arranque de precampaña* 27 DICIEMBRE, 2017
Entre gritos de “asesino”, los padres de los 43 normalistas de
Ayotzinapa desaparecidos encararon e impidieron el arranque de lo que
sería la presentación de Ángel Aguirre Riverocomo precandidato del PRD,
PAN y Movimiento Ciudadano a diputado federal; perredistas y guaruras
cercaron al exgobernador, quien estaba ya en el podium y había tomado el
micrófono. Al no haber condiciones sacaron del lugar al exmandatario.
Aproximadamente a las 11:20 horas en un salón del municipio de Ayutla
en la Costa Chica, había iniciado el acto político, momento en el que
arribaron al lugar los padres de los 43, quienes entre empujones tomaron
el podium para exigir la presentación con vida de los estudiantes, y
mostraron las fotografías de los jóvenes. Los guaruras y
perrediatas, ente ellos Ramón Almonte Borja, el exlider estatal del PRD y
ahora senador, Celestino Cesáreo, y Silvia Romero, diputada local,
fueron quienes rodearon a Aguirre Rivero para evitar que fuera agredido.
*“Venimos por ti para virarte que no te dejaremos. El fuero de una
diputación no te va a proteger. Queremos prisión para los perredistas
que te acompañan. Cárcel para Aguirre, tarde o temprano. Por qué vivimos
se los llevaron, vivos los queremos”*, dijo una de las madres de los
43. Los padres tomaron el podium del evento, seguidores y
guaruras de Ángel Aguirre buscaban acallar las voces con música de chile
frito y gritos a favor del exgobernador. La protesta se intensificó y se espera que arriben al salón más camiones con normalistas de Ayotzinapa. Perredistas buscan un diálogo para continuar con el acto político. Al
final hubo diálogo y sin acuerdos Aguirre Rivero salió del evento. Fue
suspendido. Aguirre Rivero dejó el cargo tras la desaparición de los 43 normalistas en los hechos violentos de Iguala.
“¿Quién controla este país?”: viuda de Javier Valdez
Antes de la Navidad, Griselda Triana dedicó un texto a su esposo asesinado en mayo pasado.
Griselda Triana, viuda del periodista Javier Valdez,
reprochó al presidente Enrique Peña Nietola impunidad en el caso del
asesinato de su esposo, ocurrido el 15 de mayo pasado. En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, Triana consideró
que el mandatario ha demostrado que “no puede” resolver el caso y
castigar a los responsables. Aquí la carta íntegra:
Dígame usted, Enrique Peña Nieto, ¿qué les digo a mis hijos? ¿Qué su gobierno no puede?, ¿qué es incapaz?, ¿qué no quiere? ¿Qué ellos pueden más? No dejo de preguntarme ¿qué hará usted este 24 de diciembre? Mi familia, igual que la suya, hubiera querido celebrar estas fechas con su padre, Javier Valdez. Pero eso ya nunca podrá ser porque hubo quienes se encargaron de
que eso no fuera posible el pasado 15 de mayo en esta ciudad de
Culiacán. Usted, al frente de este país, ha demostrado que no puede. Que
ellos mandan, que ellos pueden más que su gobierno y todas las
instituciones. ¡Son más de siete meses de impunidad!!! Usted sabe mejor que nadie que aquí, en nuestro país, casi todo es posible menos la justicia. Usted sabe quién manda aquí y no es Usted! Que es el dolor y la impotencia por la falta de resultados sobre
quiénes y por qué mataron a su padre lo que me hace escribirle esto Por supuesto que sí, pues qué esperaba! Que tengo pavor de que quienes asesinaron al padre de mis hijos, mi
esposo y compañero, tengan el mismo fin de quien cegó la vida de
Miroslava Breach y de una decena más de periodistas en lo que va de este
2017? Por supuesto! Quienes lo hicieron, quienes jalaron los gatillos de las armas que
acabaron con la vida de Javier deben pagar (si es que aún viven) y
resolver este crimen es responsabilidad de su gobierno. Vergüenza debe tener por el deshonroso lugar que ocupa nuestro país en crímenes de periodistas. Nada más y nada menos que el Primer lugar junto con Siria! A mí sí me avergüenza, y desearía que ningún familiar de
periodistas de este país tuviera que vivir el dolor que la mía está
pasando. Entonces, ante la falta de resultados sobre los crímenes,
agresiones y desapariciones de periodistas en este país, quién tiene las
respuestas? ¿Quién manda? ¿Quién controla este país? ¿Usted? ¿Ellos? Nuestra mesa está servida y el mejor de los brindis será por
Javier. Celebraré, con todo el dolor que implica su ausencia, haber
compartido treinta años a su lado. Celebraremos al padre, al hijo, al
hermano, al esposo y compañero. Celebraremos nuestra vida al lado de uno
de los mejores y más valientes periodistas de este país en los años
recientes. Pero tenga muy claro, señor Enrique Peña Nieto: ¡Nunca celebraremos la impunidad! ¡Jamás celebraremos la injusticia! https://aristeguinoticias.com/2612/mexico/quien-controla-este-pais-viuda-de-javier-valdez/?utm_source=hootsuite&utm_medium=redes&utm_campaign=aristeguinoticiasredes
Videgaray y Beltrones, bajo sospecha en la trama de corrupción
Luis Videgaray y Manlio Fabio Beltrones en sesión del consejo político nacional del PRI en 2012. Foto: Germán Canseco
La captura y encausamiento de los exfuncionarios chihuahuenses
que el año pasado participaron en el desvío de recursos públicos a las
arcas del PRI destapó un escándalo en el que sale a relucir el nombre de
Manlio Fabio Beltrones y que compromete también al canciller Luis
Videgaray. El primero –a la sazón presidente del Revolucionario
Institucional– es presunto autor del plan que hacía pasar dinero federal
a las cajas estatales para de ahí ser llevado a su partido, a fin de
reforzar las campañas electorales. El segundo, porque entonces era
secretario de Hacienda, y debió saber lo que ocurría con los cientos de
millones de pesos que iban a dar al tricolor.
Chihuahua, Chih. (Proceso).- El desvío de 250 millones de pesos de
las arcas de Chihuahua para financiar las campañas del PRI en 2016,
durante el gobierno de César Duarte Jáquez, salpica a Los Pinos y
convierte al canciller Luis Videgaray y al exsenador y expresidente
priista Manlio Fabio Beltrones en presuntos artífices y cómplices de un
gran escándalo de corrupción electoral
La investigación a cargo de la Fiscalía General del Estado de
Chihuahua –del gobierno del panista Javier Corral– revela una trama de
corrupción electoral y malversación de dinero público –presuntamente
diseñada por Beltrones– cuyos tentáculos se extienden por lo menos a
otras seis entidades: Durango, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y
Veracruz, de acuerdo con expedientes judiciales revisados por Proceso y
expuestos públicamente el pasado jueves 21 en una audiencia judicial
celebrada en esta capital.
El más reciente eslabón de la cadena de fraude y corrupción
presentado por la Fiscalía de Chihuahua se logró conocer con el arresto
de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien fue secretario general del
Comité Ejecutivo Nacional del PRI, mano derecha de Beltrones y operador
financiero de su partido, y a quien se acusó formalmente del delito de
peculado, que se agrava por haberse embolsado 4 millones de pesos de los
250 sustraídos de la entidad norteña para fines electorales.
Proceso y el diario estadunidense The New York Times
iniciaron hace varios meses una investigación sobre el desvío de dinero
público a las arcas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Mediante entrevistas y la revisión de documentos se descubrió el
supuesto involucramiento de Beltrones y de otros altos funcionarios del
PRI, con la anuencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), la cual, cuando se cometió el delito en Chihuahua, estaba
encabezada por Videgaray, actual canciller.
Los documentos revisados y analizados en la investigación
periodística, que comenzó en junio de este año, establecen que el plan
del robo del dinero del erario chihuahuense se echó a andar en enero de
2016, cuando –según los documentos del juzgado a cargo del caso–
Beltrones se coordinó con Duarte para transferir los 250 millones de
pesos al PRI por conducto de las secretarías estatales de Hacienda y
Educación.
En el oficio número SH/0014bis/2016 del 13 de enero de 2016, el
entonces secretario de Hacienda del gobierno de Chihuahua, Jaime Ramón
Herrera Corral, envió a la SHCP la solicitud por 275 millones de pesos
con la siguiente justificación: “El estado de Chihuahua enfrenta
diversas restricciones y presiones financieras y presupuestales para solventar
diversos gastos de operación, entre otros el pago de servicios
personales que ocasionaría perdida en la eficiencia de la capacidad de
respuesta del estado en caso de incumplimiento de pago oportuno”.
Desvío de recursos para el PRI no sólo ha ocurrido en Chihuahua sino en otros estados: Alfredo Figueroa
"No tenemos una
estructura política que esté llamando a cuentas a esta camarilla en el
poder", lamenta el ex consejero electoral.
Tras la captura de Alejandro Gutiérrez y Gutiérrez-señalado por la Fiscalía de Chihuahua como el responsable de triangular recursos para financiar campañas del PRI en 2016-, el ex consejero electoral Alfredo Figueroa señaló que este modus operandi se ha podido ver en otras entidades como el Estado de México.
“No hay solamente una denuncia sino un conjunto de ellas que en
muchas ocasiones las autoridades electorales, los órganos autónomos que
construimos durante 30 años, se han negado a investigar”, acusó.
“Esta trama de corrupción es enorme”, advirtió en #AristeguiEnVivo y
“por lo menos hay testimonios de implicados directamente”. Luis
Videgaray, Manlio Fabio Beltrones e incluso el presidente Enrique Peña
Nieto deberían dar una respuesta pública, consideró.
El diario Reforma reveló esta semana la declaración de Jaime Herrera Corral, ex secretario de Hacienda de Chihuahua en el gobierno de César Duarte, quien dijo que la Secretaría de Hacienda avaló la triangulación de recursos públicos a campañas estatales del PRI.
Herrera Corral declaró que el desvío de unos250 millones de pesos en 2016fue
parte de un acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional del partido tricolor
con la SHCP, que en ese momento era encabezada por Luis Videgaray,
actualmente titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.......sigue https://aristeguinoticias.com/2112/mexico/desvio-de-recursos-para-el-pri-no-solo-ha-ocurrido-en-chihuahua-sino-en-otros-estados-alfredo-figueroa/
El gobierno de@EPN gasta millones de dólares en publicidad en los medios, ganando el control sobre la cobertura de noticias: “No te pago para criticarme”. Un reportaje de @AzamsAhmed
Con su enorme presupuesto de publicidad, el gobierno mexicano controla los medios de comunicación
Una conferencia de prensa en Ciudad de
México. En los últimos cinco años, el presidente Enrique Peña Nieto
gastó casi 2000 millones de dólares en publicidad.Credit
Alejandro Cegarra / Bloomberg
CIUDAD
DE MÉXICO — Dirigir un periódico, una estación de radio o un canal de
televisión en México generalmente significa confiar en un cliente único y
poderoso que gasta sumas exorbitantes en publicidad con una simple
advertencia: “No te pago para criticarme”.
Ese cliente es el gobierno mexicano.
La
gestión del presidente Enrique Peña Nieto ha gastado cientos de
millones de dólares anuales de los fondos gubernamentales en publicidad,
creando lo que muchos propietarios, ejecutivos y periodistas mexicanos
definen como una gigantesca marca presidencial que puede suprimir
artículos de investigación, escoger portadas e
intimidar a las salas de redacción que lo desafían.
Méxicali en Resistencia; Así es como trabajan las grandes empresas, le roban sus tierras, agua
al pueblo y terminan esclavizandolo, con ayuda del gobierno corrupto y
sus sicarios pagados por las empresas y protegidos por el gobierno.
Chihuahua.-
A través de una conversación en watts app, la consejera de la
Judicatura, Luz Estela Castro, se jactó de manipular jueces del Tribunal
Superior de Justicia, además de presionar para que detengan a una
persona.
Mediante mensajes escritos de watts app que se muestran en la imagen,
la consejera presionó, a quién presuntamente se desempeña como
ministerio público, de pedir una orden de aprehensión aún y cuando no
existen elementos.
En la conversación, se observa como Castro le dice a la MP que
detenga a la persona involucrada y ya teniéndola ahí "vemos cómo
manejarlo", le escribe la consejera.
A ello le responde el ministerio público que ve la situación algo
difícil pues no hay elementos para la detención, por lo que la consejera
le contesta que haga lo que le pidió, pues de los jueces ella se
encarga. A continuación se reproduce la conversación:
Consejera
Buen día Lic.
O tardes
Me doy cuenta que no se ha movido ese asunto de la Sra.... que le había encargado
Licenciado Buenas tardes
Señora ningún juez quiere liberarme orden de aprehensión
Ya le explicaba yo que no hay elementos
Consejera Usted mande a su gente a buscarlo
Ya presentándose vemos cómo manejarlo
Pero primero agarrelo
Usted no se apure por la flora de elementos eso me lo deja a mi
Licenciado Si señora
Pero veo difícil. De verdad no hay elementos
Consejera Usted haga como digo que de los jueces me encargo yo para eso estamos
(22 de diciembre,
2017.).- La más reciente encuesta ‘Así van los presidenciables’,
realizada por Arias Consultores, aplicada en los 32 estados que
conforman la República Mexicana, los resultados arrojan que Andrés Manuel López Obrador,
precandidato a la Presidencia de la República por Morena-PT-PES, domina
la preferencia electoral en 21 entidades además de la Ciudad de México.
En tanto, el
precandidato por el PRI-PVEM y PANAL, José Antonio Meade, es el
preferido en solamente seis estados y Ricardo Anaya que encabeza la
coalición del PAN-PRD-MC, a penas alcanza dos entidades.
Andrés Manuel López
Obrador, quien tiene el mayor posicionamiento, mantiene una preferencia
promedio del 32.5%, con una delantera en Durango, Chihuahua, Quintana
Roo y Nuevo León, ésta última, entidad de donde proviene el gobernador
con Licencia, Jaime Rodríguez “El Bronco”, quien compite por la
candidatura independiente a la Presidencia de la República, sin lograr
la delantera en su territorio.
López Obrador
obtiene un promedio general de 46.3% de preferencia en 10 estados:
Puebla, Colima, San Luis Potosí, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Chiapas,
Estado de México, Veracruz, Zacatecas; cabe resaltar que en las últimas
cuatro entidades mencionadas, Morena ha reflejado una amplia competencia
en las más recientes elecciones.
AMLO mantiene arrasador primer lugar con 42.8%; Meade, 24.3%; Anaya, 12.2%: Encuesta ARIAS CONSULTORES / REVOLUCIÓN 3.0http://ow.ly/Ok7B30hhL5o
(18 de diciembre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- De acuerdo con la más reciente encuesta de Arias Consultores en colaboración con Revolución TRESPUNTOCERO,
de cara a las elecciones de 2018, hasta este momento, el precandidato
Andrés Manuel López Obrador (Morena-PT-PES), mantiene un arrasador
primer lugar con un 42.8% de electores que votarían por él, separado por
18 puntos del precandidato más próximo.
José
Antonio Meade (PRI-PVEM-PANAL), alcanza el un segundo lugar y obtiene un
24.3%, seguido de Ricardo Anaya (PRD-PAN y MC), con el 12.2%, en la
encuesta la independiente Margarita Zavala se lleva un 5% y un 3.1% de
los votos de la población encuestada serían para Jaime Rodríguez
Calderón, también candidato independiente.
En lo
referente a las preferencias electorales cuando se pregunta de las
alianzas políticas, los resultados arrojan que un 39.2% está a favor de
la colación Morena-PT-PES, seguido de un 23.4% del PRI-PVEM-PANAL.
En un
tercer lugar queda el Frente, conformado por PRD-PAN y MC con un 15.6%;
los independientes obtienen un 6.4%, en tanto un 15.4% de la población
sondeada no se inclina por alguno de los mencionados.
Al medir
el rechazo, se observa que Andrés Manuel López Obrador es el único
precandidato cuya preferencia efectiva (48.8%) supera por mucho al
rechazo (34.1%), en comparación a José Antonio Meade, cuyo rechazo es de 44.5% y su preferencia efectiva es de tan sólo 27.7%.
En el caso
de Ricardo Anaya la preferencia efectiva es de 14.1% frente a un
rechazo de 12.9%; Margarita Zavala mantiene cifras que no distan mucho
entre sí, con un 5.7% de preferencia efectiva y un 4.6% de rechazo;
Rodríguez Calderón obtiene 3.6% de la preferencia efectiva frente a un
3.9% de rechazo.
Por
Kennia Velázquez, El sacerdote Pedro Gutiérrez Farías. Foto: Tomada de Periódico Correo
La controversia en torno a un reconocido orfanato para niños sin
hogar, evidencia las debilidades del Estado mexicano en el control y
regulación de este tipo de actividades que se habría prestado para
abusos contra los derechos de los niños que protegía, el supuesto uso de
los mismos para acumular riquezas e irregularidades en el manejo de
fondos públicos.
Durante 40 años la obra social liderada por el sacerdote católico
Pedro Gutiérrez Farías gozó de gran prestigio por su labor con los niños
en situación más desfavorable. Sin embargo, una denuncia de maltratos a
menores de edad y malversación de fondos, así como la resolución de una
juez federal puso al descubierto una realidad distinta: el refugio
Ciudad de los Niños se había convertido en un lugar de riesgos extremos
para algunos de sus habitantes y un negocio para su fundador.
En Guanajuato, el estado con mayor cantidad de católicos en México,
gobernado desde hace 26 años por el derechista Partido Acción Nacional,
para un político tomarse una foto con un sacerdote que lidera una obra
de caridad era lograr respaldos tácitos.
Pero hoy, la cosa ha cambiado. Gutiérrez Farías creó ocho fundaciones
para procurarse recursos, con sólo tres de ellas obtuvo 45 millones 267
mil 91 pesos (2.5 millones de dólares), más dos vehículos y cuatro
terrenos, en trece años. Además, es dueño de ocho bienes inmuebles, uno
de ellos, un terreno de 17 hectáreas.
Organizaciones nacionales e internacionales han solicitado al
gobierno federal que realice las investigaciones, pues el gobierno
estatal no ha emprendido acciones legales en contra de los responsables
pese a que han pasado veinte meses desde que se presentó de manera
anónima una denuncia que señalaba maltratos y desvíos de los donativos.
En el caso de la Ciudad de los Niños, las acusaciones sobre supuestas
irregularidades llevan casi una década, pero sólo hasta el año pasado
empezaron a ser procesadas por la justicia.
Los apoyos políticos y religiosos
El primer albergue fue fundado en Salamanca en 1978 por el sacerdote
católico Pedro Gutiérrez Farías; el proyecto representaba una esperanza
para que cientos de niñas y niños de varios estados de México tuvieran
acceso a una vida digna, por lo que fue fácil contar con solidaridad de
varios políticos como el senador Juan Carlos Romero Hicks, el ex
presidente de México, Vicente Fox, la ex presidenta del Congreso de
Guanajuato, Beatriz Hernández Cruz y el líder del sindicato de
petroleros, Carlos Romero Deschamps.
Aún con los presuntos delitos que se le atribuyen, nadie quiere
pelear con el padre Gutiérrez Farías. Incluso el actual gobernador de
Guanajuato, Miguel Márquez, ha sido pieza clave para que lo sucedido en
la Ciudad de los Niños se haya minimizado, a pesar de que las
investigaciones apuntan a que se convertirá en un caso estudiado por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los abusos ahí cometidos.
El sacerdote católico Pedro Gutiérrez Farías. Foto: Especial
Los representantes de la Iglesia Católica también se han desmarcado
del caso: el vocero del Obispado de Irapuato, Jesús Flores, explicó que
los albergues dirigidos por religiosos “trabajan de forma autónoma, no
hay una dependencia de la Diócesis. El obispo no es la autoridad final
de todas las obras de la Iglesia, sino que las supervisa de manera
general o las alienta y las anima”.
Flores no supo decir si existe algún marco que regule los hospicios dirigidos por religiosos.
En conclusión, el sacerdote ha trabajado sin la necesidad de que la
Iglesia dé un visto bueno a su actuar y sin necesidad de ser supervisado
por las leyes que norman tanto la actividad de cualquier casa hogar
como el trato recibido por los menores.
De la esperanza al abandono
El proyecto del cura alcanzó un amplio reconocimiento social pues
muchos de los menores que asiló se convirtieron en profesionistas; cada
vez llegaban más infantes de Guanajuato y estados vecinos. Con el paso
del tiempo, la población pasó de cinco niños a trescientas personas, por
lo que creó dos albergues más en Salamanca (Ciudad Infantil y Ciudad
Juvenil), y otros más en Irapuato, Moroleón y Tarímbaro, Michoacán, en
terrenos donados por gobiernos locales y particulares.
Las primeras acusaciones se realizaron en 2008 pero no fueron
atendidas. En febrero de 2016 una persona denunció de manera anónima,
que en la Ciudad de los Niños Salamanca había violencia física y sexual y
se desviaban los recursos obtenidos por donativos. Funcionarios del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) acudieron al
albergue y encontraron menores de edad en mal estado, las instalaciones
descuidadas y a una niña de siete años con las manos quemadas en una
estufa, por haber robado plastilina, castigo ejercido por una de las
monjas que colaboran en el sitio.
Las autoridades estatales se llevaron a la niña a otro albergue, lo
que motivó que el cura Gutiérrez Farías interpusiera un amparo para que
la menor regresara a la casa hogar. Un año después, la resolución del
juicio de amparo indirecto 475/2016-VIII emitida por la juez Karla María
Macías Lovera, negó la posibilidad de que la niña regresara pues
encontró que se vulneraron los derechos fundamentales a la “identidad,
vivir en familia, acceso a una vida libre de violencia y a la integridad
personal, a vivir en condiciones de bienestar y sano desarrollo
integral y derecho a la vida”, de la menor y de todos quienes habitaban
la casa hogar. Además del sacerdote, son considerados como presuntos
responsables el maestro de música y dos religiosas que lo auxiliaban.
El prelado apeló la resolución de la juez, actualmente se espera que
la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise el amparo. Por su parte
los gobiernos de Guanajuato y Michoacán, la Procuraduría General de la
República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
indagan lo denunciado de manera anónima, sin embargo, a 20 meses de
iniciada la investigación, se desconoce si hay procesos en contra de los
señalados o de alguna autoridad. “Soy originaria de Michoacán (…) antes vivía con mi mamá (…)
ya no recuerdo sus apellidos, (…) tengo 4 hermanos de los cuales no me
acuerdo de su nombre, en Michoacán yo vivía con mi mamá y mi papá de quien no recuerdo el nombre”. (1)
Los niños y niñas del albergue fueron víctimas de abandono o
violencia familiar; algunos otros eran huérfanos, pero también hubo
casos de padres que internaban voluntariamente a sus hijos, pues tenían
problemas para cuidarlos. En este caso, los papás debían firmar un
documento donde cedían “la custodia y patria potestad para siempre jamás
a favor del presbítero encargado del lugar”.
Para la legislación mexicana la custodia y patria potestad es
irrenunciable. Aun así, el DIF se negó a ayudar a varios papás a
recuperar a sus hijos, pues aseguraban que el convenio que firmaron
tenía pleno valor jurídico. El sacerdote católico nunca ocultó que les
diera una nueva identidad a cientos de niños; sin un juicio de adopción
de por medio.
*****Video: Gutiérrez Farías cuenta que es el papá de los niños
Crédito: Fragmento del video publicado en el canal @PhotJRN el 16 de julio de 2014.
El cambio de nombre no sólo es un delito que puede llevar de 1 a 6
años de cárcel; corta lazos del niño con su familia, lo que era una
constante en el hospicio, pues los familiares sólo podían verlos 15
minutos cada seis meses, según se establece en el reglamento del
albergue. En los testimonios ministeriales hay menores que dicen que ven
a sus hermanos “de lejos” y apenas hablan entre ellos.
A los niños y niñas les ponían los apellidos del cura y de quien
fuera la madre superiora en turno, de tal suerte que hay personas con
apelativos Gutiérrez Anguiano, Gutiérrez Morales o Gutiérrez Jiménez,
entre otros. Oficialmente no se sabe a cuántas personas les cambiaron su
filiación, pues los archivos más antiguos fueron destruidos, las cifras
van de los 134 (según la sentencia) hasta 310 (según el cura). En los
archivos del Registro Civil se encontraron 168 cambios de identidad,
realizados en las administraciones de los priistas Enrique Velasco
Ibarra y Rafael Corrales Ayala y de los panistas Vicente Fox y Juan
Carlos Romero Hicks.
Gobierno de Guanajuato se olvida de las víctimas “Yo viví en ciudad de los niños desde que era un bebé, (…)
desde que tengo uso de razón sufrí de golpes con palos, (…) tengo varias
cicatrices en el cuerpo (…), nos encerraban por días en un cuartito de
un metro de alto (…) metían a varios jóvenes ahí (…). (El padre Pedro)
también sé que abusaba de las niñas, porque se metía a sus dormitorios y
se escuchaba llorar a las niñas y ellas después (ilegible) salían
corriendo y no querían decir nada…” * (2)
Autoridades de Guanajuato, en cuyo territorio ocurrieron la mayor
parte de los presuntos delitos, aseguran que trabajan por los infantes
violentados en el albergue. Activistas difieren de esa afirmación.
Raymundo Sandoval, director de NIMA, Centro de Derechos Humanos de
Niños, Niñas y Adolescentes (organismo integrado por académicos de la
Universidad Iberoamericana y que cuenta con respaldo de la Universidad
De La Salle), señala que el Gobierno del Estado miente pues no cuenta
con acciones que garanticen que los infantes obtengan justicia, pues “es
un plan institucional emergente y mientras no tengamos claro cuántos
niños y niñas son, cuáles son las violaciones a los derechos humanos y
los delitos en cada caso, no vamos a poder establecer claramente los
planes de restitución”.
No hay registros de cuántos menores de edad habitaron a lo largo de
40 años los albergues Ciudad de los Niños ni del tiempo que vivieron
ahí, no hay coincidencia entre las cifras del gobierno estatal, el
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), las
de Gutiérrez Farías y las del expediente judicial. No se ha explicado
porqué las cifras varían y si se tienen ubicados a los menores que
alguna vez habitaron la casa hogar.
“El padre Pedro nos llamó que fuéramos a buscar palos, en eso
veo que el padre traía un bat de metal (…) estaba un chavo de nombre
Bartolomé (…) que estaba con una chava (…) y en eso, (el maestro de
música) se lo acercó al padre (…) y vi como el padre comenzó a golpear a
Bartolomé con el bat, no lo dejó ni hablar, le pegó varias veces en la
cabeza y todo el cuerpo, fue muy duro, (…) fueron como 10 diez minutos
(…) cuando lo subieron a una camioneta de color blanca, con redilas que
está en la casa y en eso el padre les gritó “llévenselo y tírenlo donde
sea”, estaba sangrando mucho de la cabeza, y se quejaba de las
costillas, y después de esto nunca volví a ver a Bartolomé*. (3)
Para los defensores de derechos humanos la razón de que no exista un
registro de personas que habitaron en el hospicio, se debe al tránsito
de infantes de una ciudad a otra sin ningún tipo de vigilancia. “Sólo sé que fueron como unas ocho chavas que vi que estaban
embarazadas porque se les veían las panzas, pero después desaparecían,
no sé a dónde, ni qué pasaba con sus bebés, pero cuando iba a otras casa
hogares, como la de Moroleón nunca llegué a ver a bebés”. *(4)
Para Raymundo Sandoval este hecho demuestra claramente la omisión de
las autoridades porque enviaban a las niñas y niños a dicho refugio, sin
supervisar y sin tener las garantías necesarias para asegurar su
integridad y su vida. En febrero de este año, dos jovencitas
desaparecieron de la casa hogar y las autoridades tardaron ocho meses en
iniciar su búsqueda, las familias de ambas se enteraron por los medios,
pues no fueron notificadas oficialmente.
Tanto en la sentencia de la
juez, como en el informe de NIMA se considera que las desapariciones en
la Ciudad de los Niños tienen relación con el delito de trata de
personas. La PGR tiene tres meses indagando este hecho.
Guanajuato sólo tiene registro de las casas hogar que reciben recurso
público estatal, de mil 314 niños que según el INEGI habitan en 47
hospicios, el gobierno local sólo tiene responsabilidad legal sobre el
6% de ellos. Actualmente el gobierno tiene bajo custodia a 54 menores de
edad rescatados de la Ciudad de los Niños, siete están en otros centros
y uno ha regresado con su familia.
Opacidad en los recursos entregados a la Ciudad de los Niños “Me percaté que hay una bodega de la casa donde hay mucha
despensa, arroz, comida en general, pero al parecer la vendía a quienes
pasan y se llevaban cosas, mientras que a todos los que vivimos en la
casa nos dan frijoles con gorgojos, arroz sin sal, todos nos
intercambiamos la ropa o salimos de la casa para pedir ropa.”*. (5)
Para procurarse recursos, Pedro Gutiérrez creó ocho asociaciones
civiles, ubicadas en los distintos municipios donde están los albergues:
Ciudad de los Niños Salamanca; Patronato de la Ciudad de los Niños
Pobres de Salamanca; Convento Casa Cuna de Salamanca; Ciudad de los
Niños Morelia, Ciudad de los Niños Moroleón- Uriangato; Patronato pro
Construcción Ciudad de los Niños Moroleón- Uriangato; Cooperadoras de la
Sagrada Familia y Cooperadoras de la Sagrada Familia Proniñez
Desamparada.
Gutiérrez Farías recaudó en trece años, 45 millones 267 mil 91 pesos
(2.5 millones de dólares), más dos vehículos y cuatro terrenos, sólo con
tres de sus asociaciones, según información de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, el Instituto Nacional de Desarrollo Social,
el gobierno estatal de Guanajuato y los gobiernos municipales de
Moroleón y Salamanca. De las otras cinco asociaciones no se sabe, pues no tienen registros oficiales que
permitan rastrearlas. Se presume que podría ser más dinero pues sólo hay
datos a partir de 2004, aunado a que no coincide lo reportado ante
Hacienda con lo otorgado por las dependencias locales y federales; así
como la reticencia de las autoridades locales a proporcionar información
completa.
Una muestra de que los recursos no eran auditados tiene qué ver con
los planes de instalar en 2008 una planta empacadora de cacahuate que
daría cierta independencia económica a los albergues y a los jóvenes los
capacitaría en un oficio. El gobierno estatal donó 2.7 millones de
pesos (154 mil dólares) y el municipio de Salamanca apoyó con 1.2
millones de pesos (68 mil dólares). La planta nunca se echó a andar,
pues no contaba con proveedores, clientes, ni plan de negocios. Aun así,
el entonces secretario de Desarrollo Social y actual gobernador, Miguel
Márquez, avaló que Gutiérrez Farías no comprobara el uso del recurso y
pidió que se cerrara el caso sin dar explicaciones del destino final del
dinero público.
Seis de las asociaciones del cura no forman parte del Registro
Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, ni están autorizadas
como donatarias por Hacienda, aun así, recibieron donativos estatales y
municipales.
No obstante el flujo continuo de recursos gubernamentales, el DIF
estatal ha gastado en dos meses y medio 1.7 millones de pesos ( 99 mil
916 dólares) para darle mantenimiento al albergue, así como atender a
los infantes. Esta inversión contradice el discurso oficial que asegura
que los hospicios estaban bajo supervisión constante y se encontraban en
buen estado, así como los niños.
Las propiedades de Pedro Gutiérrez Farías “Se observaron irregularidades en las condiciones
físico-sanitarias del inmueble: falta de aseo y mantenimiento en todas
las áreas, equipo e instalaciones, mobiliario deteriorado y en mal
estado, instalación eléctrica expuesta, manejo inadecuado de alimentos,
existencia de fauna nociva, falta de puertas de acceso a sanitarios y
área de regaderas, entre otros.” Reporte de la Secretaría de Salud del
Estado de Guanajuato realizado en 2014* (6)
Pedro Gutiérrez Farías, quien no percibía un sueldo y sólo vivía de
donativos, cuenta con ocho propiedades: siete en Salamanca y una en
Irapuato entre casas y terrenos, uno de ellos con una superficie de 17
hectáreas. Las propiedades del cura fueron compradas a partir de 1995 y
las últimas dos le fueron heredadas en julio de 2017.
Las asociaciones de las que es representante legal y presidente, son
propietarias de cuatro inmuebles en Salamanca, Moroleón y Tarímbaro. Ha
trascendido que la Procuraduría General de la República ubicó más
propiedades en Guanajuato y Michoacán.
Simulación en cierre de albergues
La juez Karla Macías ordenó que todos los menores de edad fueran
sacados inmediatamente de las distintas sedes de la Ciudad de los Niños y
llevados a lugares seguros. El gobierno de Guanajuato tardó más de un
mes en atender la petición y los concentró en una de las casas de
Salamanca e informó que se cerraban los centros en Moroleón e Irapuato.
Sin embargo, en una visita realizada por la reportera al albergue en
Moroleón se pudo constatar que el recinto estaba en operación. Una
persona que labora en las inmediaciones del albergue, en entrevista dijo
que aún hay niños: “a veces salen en una camioneta, ahí atrás, todos.
No sé cuántos hay, pero a veces pasan unos cinco o seis, de unos trece
años. A los más chiquitos se los llevó el DIF. A veces los llevan a la
escuela y veo a una mayor que lleva a una bebé más chiquita, no sé si la
lleve al kínder”.
Aunque el gobierno local es el responsable de la administración de
los sitios, cuestionados sobre el estatus de los albergues, funcionarios
respondieron que tienen “conocimiento” que sólo le dan “asistencia a
personas mayores de edad”. Activistas han denunciado que la Ciudad
Juvenil en Salamanca también sigue aperando, por lo que consideran que
el gobierno estatal sólo ha simulado cumplir con la sentencia.
La ciudad de los niños en Moroleón. Foto: Juan José Plasencia
La sede Morelia nació con conflictos
En 2010, el entonces alcalde de Tarímbaro, Baltazar Gaona, donó al
albergue en Michoacán un terreno de una hectárea que era propiedad del
fraccionamiento El Trébol. Además de la donación del predio sin
consentimiento de los vecinos, el conflicto arreció cuando los
habitantes de la zona descubrieron que la asociación civil Ciudad de los
Niños de Morelia se extinguió el 14 de julio de 2006 por no cumplir con
el objetivo para el que fue creada. Ante la prensa local aseguraron que
los representantes de la asociación civil intentaron sobornar “con
fuertes sumas al encargado del orden”, posteriormente, personas
desconocidas con machetes y actitud intimidatoria se apostaron en
algunas casas.
La casa hogar no contaba con un dictamen de Protección Civil a pesar
de que custodiaba infantes y está en una zona peligrosa pues hay una
ladera sin protección. Además, derribaron la malla perimetral alrededor
del estanque y los niños se metían a nadar y tomar agua en el depósito
sin supervisión.
La ciudad de los niños en Morelia. Foto: Especial
Tampoco contaban con servicio agua y se conectaron de manera ilegal a
la red hidráulica y drenaje. Fueron denunciados por romper los sellos
de clausura de obra y por no tener permiso de construcción ni cambio de
uso de suelo. Los habitantes recurrieron a las autoridades locales para
denunciar los hechos, pero no tuvieron respaldo.
Los vecinos dicen que vieron cómo eran maltratados los infantes, “no
hay especialistas que estén al pendiente de ellos, siempre los tienen
con ropa en mal estado, son como mercancía para que la gente se apiade
de ellos”.
Los habitantes de El Trébol declararon: “por todo lo antes expuesto y
otras irregularidades graves, desconfiamos totalmente de que persigan
un fin altruista, consideramos que más bien utilizan la bandera de
ayudar a niños para bajar recursos federales porque esto se ha
convertido en un gran negocio utilizando el chantaje de la fe para sus
fines”.
Actualmente la Ciudad de los Niños Morelia sigue operando, en los
registros federales tiene estatus de “no activa” por no presentar los
informes financieros de 2015 y 2016.
Complicidad, omisión y opacidad de las autoridades “Está acreditado que los niños y los mayores de edad en
estado de vulnerabilidad que viven en las casas de asistencia social a
cargo de la asociación civil Ciudad de los Niños, han sufrido violencia
por parte de los encargados; y existen fuertes indicios de que los
encargados han abusado sexualmente de los menores”*.(7)
Organizaciones nacionales e internacionales han solicitado al
Gobierno Federal que realice las investigaciones, pues el gobierno
estatal no ha emprendido acciones legales en contra de los responsables.
Para Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la Red por los
Derechos de la Infancia en México, Redim, este asunto “da cuenta de
muchas irregularidades, esperamos que la autoridad federal pueda
demostrar la adopción ilegal, el cambio de identidad, el tráfico de
influencias, el uso de recursos ilícitos y todo esto encubierto por las
más altas autoridades del estado”. El activista señala de manera directa
de entorpecer las investigaciones al sistema DIF, al secretario de
gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, al gobernador Márquez y al
procurador de justicia, Carlos Zamarripa.
La Procuraduría General de Justicia estatal ha dado información poco clara sobre el número de carpetas de investigación: en rueda de prensa dijo que eran siete y
vía la Unidad de Acceso a la Información respondió que sólo dos. Se
desconoce si son en contra de Gutiérrez Farías o de sus colaboradores.
La jueza Macías ha señalado que el agente del Ministerio Público sólo
pidió un informe de las condiciones de las casas hogar, “sin que los
hubiera citado a rendir entrevista en calidad de testigos, o bien, de
imputados” a casi dos años de que se realizara la denuncia.
Nadia Sierra, asesora en temas de Derechos Humanos de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, indica que se debe investigar si hay
servidores públicos que por omisión no le dieron seguimiento a las
denuncias, pero también, a aquellos implicados en la alteración de datos
del registro civil y otros presuntos delitos, “creo que tienen pruebas
suficientes para hacerlo”.
Se solicitó una entrevista con Pedro Gutiérrez Farías, pero su asesor
jurídico, Julián García dijo que el prelado se encuentra enfermo y
fuera del estado de Guanajuato, por lo que era difícil contactarlo.
Finalmente dejó de contestar los mensajes de la reportera. México no ha aprendido a proteger a sus niños y niñas
Lo que sucede en Guanajuato es una muestra de lo que pasa en todo el
país, de los más de 25 mil menores de edad en albergues, el DIF Nacional
tiene bajo su custodia sólo a 160 infantes. El resto están bajo
protección de los gobiernos locales o de las casas hogar. Para Nadia
Sierra, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “lo que sucede en
la Ciudad de los Niños es un reflejo de lo que puede pasar en casi todas
las entidades federativas”, como se ha visto en otros casos de
maltrato. Considera vital contar con un directorio de albergues para
saber cuántos existen y “a partir de ello generar una política pública,
pues la Procuraduría Federal de Protección no cuenta con esas cifras”.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue
aprobada en noviembre de 2014, según los especialistas, la de México es
una de las mejores de toda América Latina. Para José Manuel Ramos,
asesor en temas de derechos humanos en la Unión Europea, que el estatuto
sea letra muerta se debe a que las procuradurías de protección no son
autónomas ni independientes, su función además de “identificar probables
violaciones a los derechos humanos y reaccionar inmediatamente, tienen
que tener la posibilidad de fiscalizar lo que el DIF hace”, al no
hacerlo, el propio Estado abandona sus obligaciones y sigue dejando a
cargo de estas funciones a las organizaciones civiles.
Este reportaje fue realizado por Kennia Velázquez para Zona
Franca en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación
en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en
alianza con CONNECTAS. http://www.proceso.com.mx/515147/ciudad-de-los-ninos-sin-dios-ni-ley
