martes, 05 de octubre de 2010
Con gran cinismo, sin el menor asomo de vergüenza, Felipe Calderón defendió la denominada licitación 21 que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio a la dupla Televisa-Nextel, que abarca las frecuencias 1.7 y 1.8 Ghz. Al inaugurar la 18 Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Calderón ignoró la ilegalidad de la presurosa entrega de los títulos de concesión, realizada tras una oscura negociación entre el calderonismo y la principal empresa de Televisión del país, que tiene como telón de fondo la elección presidencial del 2012.
Este hecho, como le denunció el legislador panista Javier Corral, presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, acarreará daños a las finanzas públicas por un monto de 4 mil 887 millones de pesos. Además, tal ilegalidad es constitutiva de juicio político contra el titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas, y los responsables de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y la Comisión Federal de Competencia, por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
El “sabadazo” que se dio con la entrega de dichas concesiones se debe a que a como de lugar los calderonistas y sus cómplices quieren salvaguardar el gran negocio que representa esas concesiones. En efecto, la llamada licitación 21 corresponde a las “bandas de frecuencia del especto radioeléctrico para el acceso inalámbrico en el segmento 1710-1770/2110-2170” que permitirán que dichas empresas comercialicen servicios de tercera y cuarta generación en telecomunicaciones móviles, uno de los sectores más rentables en todo el mundo. De ahí las prisas de Emilio Azcárraga Jean y de Felipe Calderón.
A pesar de la entrega de los títulos de concesión y la defensa de Calderón a ésta, el litigio está muy lejos de concluir. Hay que destacar que aún existe una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación y un exhorto de la Comisión Permanente del Congreso para que se suspenda la entrega de dichos certificados. El Congreso, según lo señaló el diputado petista Mario Di Costanzo, debe iniciar un juicio político contra Juan Molinar Horcasitas, titular de la SCT, en virtud de que desacató la ley y consumó un daño patrimonial a la nación.
De acuerdo con el legislador petista, el poder legislativo también debe apurar el proceso de controversia por el caso de Mony de Swaan como presidente de la Cofetel. Además, la Secretaría de la Función Pública debería actuar contra los comisionados de la Cofetel porque omitieron resguardar los principios de legalidad. Mientras eso se termina de concretar, lo cierto es que estamos ante un abierto, descarado y desvergonzado atraco a la Nación.
Fuente de información, Lilia Arellano
http://revistaemet.net/new_emet/noticia.php?id=7825
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