Un
engaño de más de 55 mil millones de pesos...., esta es una prueba más
de la ineptitud del espurio PANISTA, del que siempre hemos hablado y
calificado como.... un VERDADERO INEPTO
SME y CFE: Corto circuito
Al desaparecer Luz y Fuerza el gobierno prometió eficiencia. Pero los
33 mil millones de pesos de ahorros prometidos ya se los devoró la CFE en subsidios. Y todavía deben 12 mil millones en liquidaciones. Conoce la historia.
Enrique Peña Nieto recibirá un electroshock al llegar a la Presidencia de la República.
La herencia que le deja la administración de Felipe Calderón en el
sector eléctrico es una deuda millonaria, conflicto laboral, y la pesada
carga económica de la Comisión Federal de Electricidad.
La
extinción de Luz y Fuerza del Centro que, se argumentó, traería ahorros
al gobierno federal, en realidad representa ahora más gasto.
El fallo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del
Primer Circuito, otorgado en septiembre pasado, abre la posibilidad de
que CFE funja como patrón sustituto de los trabajadores del Sindicato
Mexicano de Electricistas (SME) que no fueron liquidados.
Los
empleados que no quisieron recibir su liquidación podrán exigir salarios
caídos y prestaciones a lo largo de los últimos tres años, tiempo en
que mantuvieron el litigio por la desaparición de Luz y Fuerza del
Centro (LFC).
La suma de más de 15 mil trabajadores que se
mantuvieron con el cuestionado líder de ese gremio, Martín Esparza,
podría generar un pago superior a los 11 mil millones de pesos que
podría llegar a 32 mil.
Esa cantidad se pagaría por la
administración del priista Enrique Peña Nieto, pues a la actual le
quedan menos de tres semanas. La toma de protesta del nuevo presidente
de la República es el próximo primero de diciembre.
Al hacerse
público el fallo a favor del SME, el secretario de Gobernación,
Alejandro Poiré, dijo que solicitarían una revisión del mismo a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El funcionario insistió en que todo lo que hizo la administración panista fue apegado a la Constitución.
Lo que no dijo es que de cualquier forma ya no será un problema del
gobierno panista. Pase lo que pase será responsabilidad de la nueva
administración del PRI.
En opinión del abogado laboralista
Carlos de Buen, el monto a pagar podría aumentar mediante una estrategia
legal, que de hecho ya se está preparando.
Esta consiste en
que los trabajadores que fueron liquidados evoquen la irrenunciabilidad
de sus derechos laborales y argumenten coacción en su liquidación. De
ser así el monto a pagar para el próximo gobierno superaría los 32 mil
millones de pesos.
La suma es el equivalente a lo que costaba
anualmente la empresa o lo que recibió en el presupuesto de este año la
Secretaría de Seguridad Pública o el Consejo de la Judicatura Federal.
Los trabajadores se defienden
El 10 de octubre del 2009 el presidente anunció en cadena nacional el decreto para la extinción de LFC.
Javier Lozano, hoy senador panista, con fuero, era entonces secretario del Trabajo.
El argumento fue que económicamente era inviable seguir con esa
empresa. El sindicato era, dicho por el propio presidente, uno de los
principales responsables de la crisis financiera y de la baja
producción.
Con el uso de la fuerza pública las autoridades se apoderaron de las instalaciones de la empresa y del sindicato.
De tajo, casi 44 mil trabajadores perdían su trabajo. Le medida se
venía preparando desde la administración de Vicente Fox, pero se hizo
realidad con Calderón. De inmediato vinieron los reproches y las
movilizaciones en el Distrito Federal por parte de los trabajadores.
Bloqueos de avenidas, protestas en la Cámara de Diputados. Huelgas de hambre.
El SME es considerado uno de los sindicatos mexicanos más antiguos. Fue
fundado el 14 de diciembre de 1914 en medio de la Revolución. Casi 50
años antes de que se nacionalizara la industria eléctrica.
Polémico como cualquier sindicato. Para algunos era muestra de la
histórica lucha sindical y para otros un organismo anquilosado en la
corrupción y solapamiento de las malas prácticas laborales.
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) fue el
encargado de presentar la demanda ante la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje a fin de que avalaran la extinción de la compañía. Fue
oficial el 13 de octubre del 2009.
Carlos de Buen, abogado que
ha llevado la defensa legal desde hace tres años, está convencido que
la forma en que se quiso desaparecer la empresa no fue apegada a
derecho.
Usó su larga experiencia para demostrarlo y ante la
solicitud hecha por el SAE a la Junta de Conciliación y Arbitraje, buscó
un amparo. Ganó el amparo directo 1337/2010. La decisión la dio un
Tribunal Colegiado el pasado 13 de septiembre.
No es el
capricho de un juez o las argucias legales de un abogado. Es la decisión
en conjunto de un grupo de autoridades en la materia.
“La
justicia de la Nación ampara y protege al Sindicato Mexicano de
Electricistas, en contra del acto y autoridad que quedaron precisados al
inicio de esta resolución”, dice el resolutivo segundo del documento de
444 fojas y firmado por los magistrados María Edith Cervantes Ortiz,
Jorge Farrera Villalobos y Elisa Jiménez Aguilar.
El abogado
sabe que por esto tienen la razón. Que la actual administración heredó
el problema al presidente entrante, pues hizo de manera indebida y fuera
de la ley todo el proceso de despido y desaparición de la empresa.
“Es un conflicto que causó esta administración. Le están heredando un
conflicto laboral, social y político con este problema. Fue un acto sin
un procedimiento previo”, refiere.
Advierte que el adeudo
crecerá mientras no haya una resolución porque se acumularán salarios
caídos y las jubilaciones de los que obtienen el derecho a pensionarse.
De manera paralela al amparo que ya ganaron, sostiene desde hace tres
años una demanda para exigir la reinstalación y pago de salarios caídos
de todos los trabajadores. Y tendría que ser CFE quien asuma esta
medida.
SME y CFE: Corto circuito
Al desaparecer Luz y Fuerza el gobierno prometió eficiencia. Pero los 33 mil millones de pesos de ahorros prometidos ya se los devoró la CFE en subsidios. Y todavía deben 12 mil millones en liquidaciones. Conoce la historia.
Enrique Peña Nieto recibirá un electroshock al llegar a la Presidencia de la República.
La herencia que le deja la administración de Felipe Calderón en el sector eléctrico es una deuda millonaria, conflicto laboral, y la pesada carga económica de la Comisión Federal de Electricidad.
La extinción de Luz y Fuerza del Centro que, se argumentó, traería ahorros al gobierno federal, en realidad representa ahora más gasto.
El fallo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, otorgado en septiembre pasado, abre la posibilidad de que CFE funja como patrón sustituto de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que no fueron liquidados.
Los empleados que no quisieron recibir su liquidación podrán exigir salarios caídos y prestaciones a lo largo de los últimos tres años, tiempo en que mantuvieron el litigio por la desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
La suma de más de 15 mil trabajadores que se mantuvieron con el cuestionado líder de ese gremio, Martín Esparza, podría generar un pago superior a los 11 mil millones de pesos que podría llegar a 32 mil.
Esa cantidad se pagaría por la administración del priista Enrique Peña Nieto, pues a la actual le quedan menos de tres semanas. La toma de protesta del nuevo presidente de la República es el próximo primero de diciembre.
Al hacerse público el fallo a favor del SME, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, dijo que solicitarían una revisión del mismo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El funcionario insistió en que todo lo que hizo la administración panista fue apegado a la Constitución.
Lo que no dijo es que de cualquier forma ya no será un problema del gobierno panista. Pase lo que pase será responsabilidad de la nueva administración del PRI.
En opinión del abogado laboralista Carlos de Buen, el monto a pagar podría aumentar mediante una estrategia legal, que de hecho ya se está preparando.
Esta consiste en que los trabajadores que fueron liquidados evoquen la irrenunciabilidad de sus derechos laborales y argumenten coacción en su liquidación. De ser así el monto a pagar para el próximo gobierno superaría los 32 mil millones de pesos.
La suma es el equivalente a lo que costaba anualmente la empresa o lo que recibió en el presupuesto de este año la Secretaría de Seguridad Pública o el Consejo de la Judicatura Federal.
Los trabajadores se defienden
El 10 de octubre del 2009 el presidente anunció en cadena nacional el decreto para la extinción de LFC.
Javier Lozano, hoy senador panista, con fuero, era entonces secretario del Trabajo.
El argumento fue que económicamente era inviable seguir con esa empresa. El sindicato era, dicho por el propio presidente, uno de los principales responsables de la crisis financiera y de la baja producción.
Con el uso de la fuerza pública las autoridades se apoderaron de las instalaciones de la empresa y del sindicato.
De tajo, casi 44 mil trabajadores perdían su trabajo. Le medida se venía preparando desde la administración de Vicente Fox, pero se hizo realidad con Calderón. De inmediato vinieron los reproches y las movilizaciones en el Distrito Federal por parte de los trabajadores.
Bloqueos de avenidas, protestas en la Cámara de Diputados. Huelgas de hambre.
El SME es considerado uno de los sindicatos mexicanos más antiguos. Fue fundado el 14 de diciembre de 1914 en medio de la Revolución. Casi 50 años antes de que se nacionalizara la industria eléctrica.
Polémico como cualquier sindicato. Para algunos era muestra de la histórica lucha sindical y para otros un organismo anquilosado en la corrupción y solapamiento de las malas prácticas laborales.
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) fue el encargado de presentar la demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a fin de que avalaran la extinción de la compañía. Fue oficial el 13 de octubre del 2009.
Carlos de Buen, abogado que ha llevado la defensa legal desde hace tres años, está convencido que la forma en que se quiso desaparecer la empresa no fue apegada a derecho.
Usó su larga experiencia para demostrarlo y ante la solicitud hecha por el SAE a la Junta de Conciliación y Arbitraje, buscó un amparo. Ganó el amparo directo 1337/2010. La decisión la dio un Tribunal Colegiado el pasado 13 de septiembre.
No es el capricho de un juez o las argucias legales de un abogado. Es la decisión en conjunto de un grupo de autoridades en la materia.
“La justicia de la Nación ampara y protege al Sindicato Mexicano de Electricistas, en contra del acto y autoridad que quedaron precisados al inicio de esta resolución”, dice el resolutivo segundo del documento de 444 fojas y firmado por los magistrados María Edith Cervantes Ortiz, Jorge Farrera Villalobos y Elisa Jiménez Aguilar.
El abogado sabe que por esto tienen la razón. Que la actual administración heredó el problema al presidente entrante, pues hizo de manera indebida y fuera de la ley todo el proceso de despido y desaparición de la empresa.
“Es un conflicto que causó esta administración. Le están heredando un conflicto laboral, social y político con este problema. Fue un acto sin un procedimiento previo”, refiere.
Advierte que el adeudo crecerá mientras no haya una resolución porque se acumularán salarios caídos y las jubilaciones de los que obtienen el derecho a pensionarse.
De manera paralela al amparo que ya ganaron, sostiene desde hace tres años una demanda para exigir la reinstalación y pago de salarios caídos de todos los trabajadores. Y tendría que ser CFE quien asuma esta medida.
Al desaparecer Luz y Fuerza el gobierno prometió eficiencia. Pero los 33 mil millones de pesos de ahorros prometidos ya se los devoró la CFE en subsidios. Y todavía deben 12 mil millones en liquidaciones. Conoce la historia.
Enrique Peña Nieto recibirá un electroshock al llegar a la Presidencia de la República.
La herencia que le deja la administración de Felipe Calderón en el sector eléctrico es una deuda millonaria, conflicto laboral, y la pesada carga económica de la Comisión Federal de Electricidad.
La extinción de Luz y Fuerza del Centro que, se argumentó, traería ahorros al gobierno federal, en realidad representa ahora más gasto.
El fallo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, otorgado en septiembre pasado, abre la posibilidad de que CFE funja como patrón sustituto de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que no fueron liquidados.
Los empleados que no quisieron recibir su liquidación podrán exigir salarios caídos y prestaciones a lo largo de los últimos tres años, tiempo en que mantuvieron el litigio por la desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
La suma de más de 15 mil trabajadores que se mantuvieron con el cuestionado líder de ese gremio, Martín Esparza, podría generar un pago superior a los 11 mil millones de pesos que podría llegar a 32 mil.
Esa cantidad se pagaría por la administración del priista Enrique Peña Nieto, pues a la actual le quedan menos de tres semanas. La toma de protesta del nuevo presidente de la República es el próximo primero de diciembre.
Al hacerse público el fallo a favor del SME, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, dijo que solicitarían una revisión del mismo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El funcionario insistió en que todo lo que hizo la administración panista fue apegado a la Constitución.
Lo que no dijo es que de cualquier forma ya no será un problema del gobierno panista. Pase lo que pase será responsabilidad de la nueva administración del PRI.
En opinión del abogado laboralista Carlos de Buen, el monto a pagar podría aumentar mediante una estrategia legal, que de hecho ya se está preparando.
Esta consiste en que los trabajadores que fueron liquidados evoquen la irrenunciabilidad de sus derechos laborales y argumenten coacción en su liquidación. De ser así el monto a pagar para el próximo gobierno superaría los 32 mil millones de pesos.
La suma es el equivalente a lo que costaba anualmente la empresa o lo que recibió en el presupuesto de este año la Secretaría de Seguridad Pública o el Consejo de la Judicatura Federal.
Los trabajadores se defienden
El 10 de octubre del 2009 el presidente anunció en cadena nacional el decreto para la extinción de LFC.
Javier Lozano, hoy senador panista, con fuero, era entonces secretario del Trabajo.
El argumento fue que económicamente era inviable seguir con esa empresa. El sindicato era, dicho por el propio presidente, uno de los principales responsables de la crisis financiera y de la baja producción.
Con el uso de la fuerza pública las autoridades se apoderaron de las instalaciones de la empresa y del sindicato.
De tajo, casi 44 mil trabajadores perdían su trabajo. Le medida se venía preparando desde la administración de Vicente Fox, pero se hizo realidad con Calderón. De inmediato vinieron los reproches y las movilizaciones en el Distrito Federal por parte de los trabajadores.
Bloqueos de avenidas, protestas en la Cámara de Diputados. Huelgas de hambre.
El SME es considerado uno de los sindicatos mexicanos más antiguos. Fue fundado el 14 de diciembre de 1914 en medio de la Revolución. Casi 50 años antes de que se nacionalizara la industria eléctrica.
Polémico como cualquier sindicato. Para algunos era muestra de la histórica lucha sindical y para otros un organismo anquilosado en la corrupción y solapamiento de las malas prácticas laborales.
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) fue el encargado de presentar la demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a fin de que avalaran la extinción de la compañía. Fue oficial el 13 de octubre del 2009.
Carlos de Buen, abogado que ha llevado la defensa legal desde hace tres años, está convencido que la forma en que se quiso desaparecer la empresa no fue apegada a derecho.
Usó su larga experiencia para demostrarlo y ante la solicitud hecha por el SAE a la Junta de Conciliación y Arbitraje, buscó un amparo. Ganó el amparo directo 1337/2010. La decisión la dio un Tribunal Colegiado el pasado 13 de septiembre.
No es el capricho de un juez o las argucias legales de un abogado. Es la decisión en conjunto de un grupo de autoridades en la materia.
“La justicia de la Nación ampara y protege al Sindicato Mexicano de Electricistas, en contra del acto y autoridad que quedaron precisados al inicio de esta resolución”, dice el resolutivo segundo del documento de 444 fojas y firmado por los magistrados María Edith Cervantes Ortiz, Jorge Farrera Villalobos y Elisa Jiménez Aguilar.
El abogado sabe que por esto tienen la razón. Que la actual administración heredó el problema al presidente entrante, pues hizo de manera indebida y fuera de la ley todo el proceso de despido y desaparición de la empresa.
“Es un conflicto que causó esta administración. Le están heredando un conflicto laboral, social y político con este problema. Fue un acto sin un procedimiento previo”, refiere.
Advierte que el adeudo crecerá mientras no haya una resolución porque se acumularán salarios caídos y las jubilaciones de los que obtienen el derecho a pensionarse.
De manera paralela al amparo que ya ganaron, sostiene desde hace tres años una demanda para exigir la reinstalación y pago de salarios caídos de todos los trabajadores. Y tendría que ser CFE quien asuma esta medida.
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