Oceanografía: la caída de un imperio
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La medida legal adoptada por la PGR tiene un carácter preventivo mientras se definen las responsabilidades penales correspondientes de los implicados en dicho fraude, informó el procurador Jesús Murillo Karam.
Según admitió el propio funcionario, la dependencia a su cargo inició una averiguación previa contra Oceanografía el pasado 11 de febrero, después de que la Secretaría de la Función Pública, a solicitud del órgano interno de Control de Petróleos Mexicanos, fue inhabilitada un año nueve meses y multada con 24 millones de pesos por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por “haberse encontrado irregularidades en el otorgamiento de las finanzas previstas en la normatividad en materia de contrataciones públicas”.
Murillo Karam explicó que ante ello el Banco Nacional de México (Banamex), acreedor de la empresa Oceanografía, pidió a Pemex una revisión y cotejo de la información que la empresa de Amado Yáñez presentaba al banco y que acreditaba supuestas cuentas por cobrar a cargo de la paraestatal.
Como resultado de dicha revisión, prosiguió el titular de la PGR, “se advirtieron inconsistencias en la documentación” que constituyen conductas tipificadas como delito.
Por tal motivo, y con el propósito de preservar las fuentes de empleo, los documentos y los activos de la empresa, la PGR decidió asegurar a Oceanografía y designar como administrador de la misma al SAE.
La investigación
La empresa Oceanografía, que durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón fue repetidamente favorecida con la asignación de millonarios contratos por parte de Pemex fue inhabilitada un año nueve meses por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
La empresa en la que supuestamente están inmiscuidos Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún, esposa del expresidente Fox, también fue multada con poco más de 24 millones de pesos por “haberse encontrado irregularidades en el otorgamiento de las finanzas previstas en la normatividad en materia de contrataciones públicas”.
Según el acuerdo de la SFP, la inhabilitación es por 21 meses y 12 días, y deriva de nueve procedimientos iniciados el año pasado, en los que el Órgano Interno de Control (OIC) detectó que funcionarios de Pemex Exploración y Producción (PEP) permitieron a Oceanografía aportar fianzas que en realidad no cubrían el porcentaje mínimo requerido de cada uno de los contratos.
Se trata de uno de los primeros casos relevantes de aplicación de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada en junio de 2012.
De 2011 a 2013, la empresa obtuvo al menos 43 contratos de PEP para todo tipo de servicios en altamar, incluidas labores de reparación, mantenimiento y rehabilitación de pozos, transporte e instalación de plataformas, construcción de gasoductos y oleoductos, entre muchos otros.
No obstante, esos 43 contratos –por más de 11 mil 500 millones de pesos y muchos de ellos son de largo plazo–o no se verán afectados por la sanción, dado que no aplica a los convenios previamente celebrados.
En enero pasado Oceanografía promovió por lo menos dos demandas de amparo con la intención de impugnar los procedimientos que ha desahogado el OIC, de acuerdo con registros del Consejo de la Judicatura Federal, pero no logró una suspensión para frenar la imposición de las sanciones.
El pasado 26 de noviembre la revista Proceso publicó un reportaje especial en el que destaca que durante los gobiernos panistas Oceanografía fue favorecida con la asignación de contratos por parte de Pemex, que con “maniobras marrulleras” le dio a ganar miles de millones de pesos.
De acuerdo con documentos y entrevistas realizadas por el corresponsal en Washington, Jesús Esquivel, el asunto es relevante porque –desde hace 11 años– en la paraestatal se menciona que detrás de Oceanografía están Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún.
Sólo en el periodo 2010-2012, a partir de la asignación de cinco contratos, Pemex favoreció a Oceanografía con ingresos brutos por 3 mil 250 millones 455 mil 303 pesos, gracias a la ampliación de convenios cuya legalidad no es clara, según revelan documentos consultados por Proceso.
Con la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia, en Pemex se inició un “proceso de limpia” para presuntamente eliminar todo vestigio de corrupción propiciado y permitido durante los sexenios panistas.
Desde el primer día del actual sexenio, el gobierno abrió una investigación confidencial en contra de Mario Alberto Ávila Lizárraga, quien fuera subdirector de Mantenimiento y Logística en la Coordinación de Servicios Marinos de Pemex Exploración y Producción durante el calderonismo. Ávila Lizárraga, además, había sido apadrinado por Juan Camilo Mouriño, mano derecha de Felipe Calderón (Proceso 1932). Así, añade la nota, el PAN afronta estas indagatorias semanas después de que condicionara la aprobación de la reforma energética propuesta por el mandatario a que antes se avalara la político-electoral.
“Se están revisando a detalle todos los contratos concedidos a Oceanografía”, confirmó en entrevista con Proceso un importante funcionario de Pemex que aceptó platicar con el semanario bajo estricta condición del anonimato, por tratarse de un caso que está bajo investigación…
“Hay aspectos que revelan claramente actos de corrupción por parte de funcionarios de Pemex .............sigue
http://www.proceso.com.mx/?p=366063
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