Ley Peña-Televisa, alta traición
Escrito por Jenaro Villamil el 01 abril 2014 a las 10:01 pm
La
iniciativa del Ejecutivo federal en telecomunicaciones y radiodifusión
es un edificio chueco, construido sobre cimientos frágiles, que puede
derrumbarse con un elemental ejercicio de anticonstitucionalidad de sus
artículos.
Especialistas de diversos sectores –menos los más vinculados a los
monopolios, a los concesionarios y al gobierno- coinciden en algo
fundamental: la Ley Peña Televisa es anticonstitucional. Va en contra de
la reforma aprobada en 2013.
Han detectado, por lo menos, 23 violaciones a la Constitución en el
cuerpo de 312 artículos más 29 transitorios y la Ley de Sistema Público
de Radiodifusión en México que es un retroceso a los tiempos oscuros del
estalinismo-priista para controlar los medios dependientes del erario
público.
Es anticonstitucional por las siguientes razones:
1.-Viola la noción de telecomunicaciones y radiodifusión como “servicios
públicos” para concebirlos como “servicios de interés público”. Con ese
simple cambio se cae toda la noción jurídica definida en la
Constitución.
2.-Viola la autonomía de un nuevo órgano regulador –el Instituto Federal
de Telecomunicaciones- que se convierte en una instancia tutelada por
el Ejecutivo federal y sus principales brazos ejecutores: Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Gobernación y Secretaría de
Hacienda.
3.-Viola la libertad de expresión y de información establecidas en el
artículo 6 constitucional para incorporar medidas de censura previa, de
persecución e intrusión en las redes cibernéticas.
4.-Viola la noción de “agentes económicos preponderantes” y los
criterios antimonopólicos del artículo 28 constitucional. En la Ley Peña
Televisa todo lo relacionado con este punto está sesgado para proteger a
la empresa de Emilio Azcárraga Jean en su sector de mayor crecimiento:
la televisión restringida.
5.-Viola la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que echó abajo la
Ley televisa de 2006 al reincorporar nociones como la subasta ascendente
como criterio fundamental para otorgar las concesiones.
6.-Viola los derechos de las audiencias para reducirlos a nociones
vagas, generales, sin indicar cómo se defenderán y quiénes las
defenderán claramente.
7.-Viola los principios del artículo 1 de la Constitución al marginar e
ir en contra de los derechos de las comunidades indígenas.
8.-Viola el principio de neutralidad de la red establecido en la reforma
constitucional de 2013 para convertir a los concesionarios en servicios
de internet en guardianes y extensiones policiacas del CISEN o de otras
dependencias de seguridad nacional y seguridad pública.
9.-Viola la esencia misma de la ley: no es un ordenamiento jurídico
convergente. Al contrario, es divergente. Separa en dos grandes
“sectores” o cárteles (telecomunicaciones y radiodifusión) al no
concebirlos como servicios múltiples (de televisión abierta, de radio,
de internet, de audio y video restringidos, de telefonía móvil). Impide
el total play y el acceso de los ciudadanos al margen del mundo digital.
10.-Viola el ordenamiento constitucional para que el “apagón analógico”
se dé en diciembre de 2015. En el artículo 16 transitorio establecen una
prórroga hasta diciembre de 2017, “casualmente” en vísperas de las
elecciones presidenciales de 2018.
Estos son tan sólo algunos puntos.
La traición fundamental radica en el carácter claramente electorero de
esta ley. En su mirada corta y en su evidente intención de engaño a los
ciudadanos.
Al gobierno federal del PRI le interesa recuperar el control del
Congreso en las elecciones del 2015. Si para ese objetivo deben rehacer
su acuerdo y pacto con Televisa, con TV Azteca y con sus anexos que
garantizan el control de la opinión pública, lo harán.
Por eso, esta ley busca fortalecer esa misma alianza que llevó a Peña
Nieto al poder. ¿A cambio de qué? De permitirle a Grupo Televisa
expandirse sin límites en el mercado de televisión restringida.
A América Móvil y al gigante monopolista de Carlos Slim, el gobierno
federal pretende “compensarle” en otras áreas de los múltiples intereses
de Grupo Carso como son los energéticos y la construcción. No se dan
cuenta de las consecuencias estructurales de alentar la guerra
Televisa-Telmex.
Televisa y Peña Nieto tienen un enemigo en común: los ciudadanos de las
redes sociales. Es clara la animadversión hacia Televisa y al PRI en la
mayoría de las audiencias jóvenes que deliberan, se informan y se
entretienen en las redes sociales. Son generaciones que ya no se
deformaron con Televisa. El PRI calcula que este sector les costó, por
lo menos, 5 millones de votos en 2012. No quieren repetir este fenómeno
en 2015.
Por eso van contra el ciberactivismo y por constreñir al máximo el
periodismo digital. Han hecho experimentos autoritarios en Veracruz, en
Quintana Roo y en Chihuahua. Ahora pretenden llevarlo a nivel nacional.
Ahí está la alta traición.
No se trata de democratizar el régimen de medios de comunicación y las
telecomunicaciones ni darle acceso a la población a las nuevas
tecnologías de la comunicación y la información.
Por el contrario, se trata de constreñir y controlar. No les importa que
esta ley acabe en la Suprema Corte de Justicia. Al menos, les permitirá
que en 2015 funcione para que el PRI recupere el control de la Cámara
de Diputados y del Senado.
Y todo esto con la colaboración de varios políticos panistas y
perredistas que ya se volvieron los “paraestatales” de la restauración
priista.
Lo veremos en la discusión y en la aprobación del Congreso.
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