Marcela Ángeles Arrieta: “juez de consigna” “puercos asalariados”.

Dan un año y tres meses de cárcel a la activista Luna Flores

Arturo Rodríguez García    1 de abril de 2014    Destacado

Luna Flores, activista. Foto: Especial

MÉXICO, D.F. (apro).- Gabriela Hernández, conocida en redes sociales como Luna Flores, fue sentenciada hoy a un año y tres meses de prisión por cargos de ultrajes a la autoridad, un tipo penal con el que se le encuadró el hecho no comprobado de haberle gritado a dos policías “puercos asalariados”.
La activista social debe pagar una multa de 19 mil pesos y enfrentar la suspensión de sus derechos políticos.
La sentencia fue emitida por la juez penal de delitos no graves Marcela Ángeles Arrieta, quien en los últimos meses se ha visto señalada como “juez de consigna” por numerosos grupos sociales del país y del extranjero, debido a que fue ella quien también condenó a Jorge Mario González García, exalumno del CCH Naucalpan, acusado sin pruebas de diferentes delitos.
Luna Flores fue detenida e ingresada al penal femenil de Santa Martha Acatitla, luego de que un grupo de la Policía Judicial del Distrito Federal, en compañía de granaderos, la detuvo y golpeó severamente a finales de octubre pasado.
De acuerdo con la acusación, la mujer de 48 años había agredido a uniformados que vigilaban las puertas del llamado búnker policiaco, donde estaban detenidos decenas de jóvenes la noche del 2 de octubre de 2013.
Gabriela Hernández aseguró que ella se encontraba en el interior del inmueble esperando noticias sobre la situación de una joven conocida, cuando llegó un grupo de inconformes que arremetió contra los policías.
Además de su declaración, en diferentes entrevistas sostenidas con Apro aseguró que en ningún momento confrontó o agredió a los agentes, que la acusan de lanzarles múltiples objetos y llamarlos “puercos asalariados”.
La versión de la acusada fue corroborada por un video de Efekto Noticias, donde se observa a la activista sentada en las butacas de acceso, mientras en el exterior del inmueble ocurre la zacapela.
Pese a que el delito es no grave, Ángeles Arrieta se negó a concederle a la activista la libertad bajo caución, bajo el argumento de que era una persona de “peligrosidad social” por su asiduidad a las marchas.
Estando presa, los señalamientos contra la mujer –madre de dos jóvenes y que hasta su detención era trabajadora doméstica– se incrementaron al grado de que el secretario general del gobierno capitalino, Héctor Serrano, la responsabilizó de organizar desde prisión el rechazo al incremento en las tarifas del Metro que en redes sociales se propaló con la etiqueta #Posmesalto.
Los casos de Jorge Mario González y Luna Flores se remiten a los hechos del pasado 2 de octubre, cuando la marcha conmemorativa de la masacre de Tlatelolco desbordó en violencia y numerosos excesos de la policía capitalina.
Sin embargo, ninguno de los dos fue detenido durante la movilización y las imputaciones que se les han hecho están fundadas en los dichos de policías del Distrito Federal.
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