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Andres Manuel Lopez Obrador
Discurso de Andrés Manuel López Obrador, Presidente Legítimo de México, en el mitin frente a la sede de la Cámara de Diputados
Amigas y amigos:
Como es de dominio público, desde hace 28 años se ha venido imponiendo la llamada política neoliberal, que ha sido utilizada para llevar a cabo el saqueo más grande de las riquezas y de los bienes de la nación que se haya registrado en la historia de México.
Durante este periodo, un grupo de treinta potentados, ha confiscado todos los poderes y ha convertido a las instituciones nacionales, en simples instrumentos al servicio de los organismos financieros internacionales y de la oligarquía del país.
Tal es el caso del Poder Legislativo que durante todo este tiempo se ha dedicado a aprobar reformas a la Constitución y a las leyes secundarias, para legalizar los despojos y los abusos de unos cuantos en contra de la mayoría del pueblo y de la nación.
El modo de operar de los que realmente mandan en el país y se creen amos y señores de México, ha consistido en controlar tanto al PRI como al PAN, que en lo fundamental están subordinados a sus intereses, aunque finjan ser distintos.
Estos partidos se pueden pelear cuando se trata de elecciones municipales o estatales, incluso en asuntos no relevantes, pero cuando está de por medio mantener la política de opresión, de corrupción y de privilegios, siempre los juntan y los ponen de acuerdo.
Para comprobarlo, hagamos aquí un recuento de las infamias legislativas del PRIAN:
En mayo de 1989, al inicio del gobierno de Carlos Salinas, se aprobó aquí, en esta Cámara, el Plan Nacional de Desarrollo (1989-1994) que permitió la venta de las empresas públicas al sector privado. Así, sólo en ese sexenio, se entregaron 250 grandes empresas paraestatales. Me refiero al remate de Telmex, Mexicana de Aviación, Televisión Azteca, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Altos Hornos de México, Astilleros Unidos de Veracruz, ingenios azucareros, fábricas de tractores, automóviles y motores, de cemento, tubería, maquinaria, entre muchas otras.
El 27 de junio de 1990, aquí, se reformó el Artículo 28 Constitucional y se eliminó el párrafo quinto que reservaba al Estado la prestación del servicio público de banca y crédito. Con esta modificación, en 13 meses, del 14 de junio de 1991 al 13 de julio de 1992, se entregaron 18 bancos que eran propiedad de la nación. Es necesario señalar, que quienes se quedaron con las empresas y bancos públicos, fueron gentes cercanas a Salinas que ahora aparecen en la lista de los hombres más ricos del mundo y, como es obvio, forman parte del grupo dominante en el país.
El 6 de enero de 1992, aquí, se modificó el Art 27 Constitucional para promover la venta de tierras ejidales. Al mismo tiempo, se dejó de fomentar al sector agropecuario y se abandonó el campo.
El 6 de mayo de 1992, aquí, se modificó la Ley Minera para entregar concesiones para la explotación del oro, la plata y el cobre, a particulares hasta por 50 años; se eliminaron los límites de la superficie que podría ser concesionada, se derogó el impuesto a la extracción de minerales y se dio lugar a la privatización de unidades y plantas mineras del sector paraestatal, como fue el caso de Cananea. Además, en ese sexenio se entregaron 6 millones 600 mil hectáreas de reservas mineras nacionales, básicamente, a tres consorcios del país: Peñoles, Grupo México y Carso. Y esta misma política ha continuado hasta la fecha. En el último informe oficial disponible, de diciembre de 2009, señala que se han concesionado, en todo este periodo,
25 millones 386 mil 611 hectáreas,
13 por ciento del territorio nacional. No está de más decir que sólo durante el porfiriato se había llevado a cabo semejante enajenación de suelo patrio.
El 22 de diciembre de 1992, aquí, se aprobó la reforma a una ley secundaria que, violando la Constitución, ha permitido generar energía eléctrica a empresas privadas, fundamentalmente extranjeras, que hoy venden a la Comisión Federal de Electricidad casi el 50 por ciento de la energía eléctrica que se consume en el país, a precios elevadísimos, al mismo tiempo que se mantienen paradas o subutilizadas las plantas del sector público. Para ello, cada año, las empresas privadas extranjeras reciben 80 mil millones de pesos del presupuesto público. No podemos olvidar que por esta política de privatización, que es sinónimo de corrupción y de tráfico de influencias, se han cometido grandes injusticias como el despido desalmado y doloroso de 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas.
El 5 de marzo de 1993, aquí, se aprobó la reforma al Articulo Tercero constitucional que limito la gratuidad de la educación pública sólo a nivel de primaria y secundaria, y se dejó al mercado, como si fuese una mercancía, la educación media superior y universitaria.
A partir de entonces, cada año se rechaza a 300 mil jóvenes que son excluidos, y para justificar este absurdo, se implantó la mentira de que los jóvenes no pueden ingresar porque no pasan el examen de admisión, cuando en realidad lo que sucede es que no hay cupo en las escuelas públicas por falta de presupuesto.
Baste decir que en los últimos 20 años, como consecuencia del abandono de la educación superior por parte del Estado, la matrícula de escuelas privadas creció de 16 a 37 por ciento, mientras que la pública se redujo de 84 a 63 por ciento.
El 18 de marzo de 1995, aquí, la mayoría del PRI aprobó el aumento del IVA del 10 al 15 por ciento.
El 12 mayo de 1995, aquí, se aprobó la reforma a la ley reglamentaria del servicio ferroviario para privatizar los Ferrocarriles Nacionales de México a empresas nacionales y extranjeras. Hubo tanto descaro en este atraco, que al terminar su sexenio, el presidente Zedillo se fue a trabajar como asesor del Consejo de Administración de una de las empresas que se quedó con la mayor parte de la infraestructura ferroviaria del país.
El 23 de mayo de 1996, aquí, se aprobó la Ley de los sistemas de ahorro para el retiro que permitió a operadoras financieras privadas nacionales y extranjeras, administrar sin transparencia, con altos costos de operación, con baja rentabilidad, las pensiones de millones de trabajadores que no dejan de vivir en la incertidumbre por el manejo nada seguro de esos fondos.
El 12 de diciembre de 1998, aquí, con 327 votos del PRI y del PAN, se aprobó el Fobaproa, que convirtió las deudas privadas de unos cuantos empresarios y banqueros en deuda pública. En la actualidad, esta deuda asciende a
1 billón 300 mil millones de pesos.
Y de 1995 a la fecha, se han destinado, sólo para pagar intereses, más de 600 mil millones de pesos del presupuesto público. Es decir, año con año, en los últimos 16 años, aquí, se han aprobado partidas del presupuesto del orden de los 30 mil millones de pesos en promedio, para pagar sólo los intereses de esta onerosa deuda pública. Recursos públicos que debieron ser utilizados para impulsar actividades productivas, crear empleos y para el bienestar del pueblo.
El 8 de diciembre de 2005, durante el foxismo, aquí, se modificó la Ley del Impuesto Sobre la Renta para conceder el privilegio a las grandes corporaciones económicas y financieras, de diferir el pago de impuestos hasta por 100 por ciento de sus contribuciones.
El 22 de marzo de 2007, aquí, se aprobó la modificación a la ley del ISSSTE que entregó las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado a los intereses de los banqueros. Los trabajadores pagarán más por sus pensiones y al final, recibirán menos.
El 24 de octubre de 2008, aquí, se aprobó la Ley de Petróleos Mexicanos para dar lugar al otorgamiento de contratos incentivados a empresas privadas, nacionales y extranjeras, para la explotación de petróleo, mediante la asignación de áreas o bloques del territorio, en exclusiva, hasta por 25 años. Actualmente, ya se están suscribiendo contratos de este tipo para la explotación de yacimientos en Tabasco. Lo cual ha llevado a cinco presidentes municipales de ese estado a presentar una controversia constitucional por tratarse de una flagrante violación al Artículo 27 constitucional.
Por cierto, la Suprema Corte, que está también al servicio de la mafia del poder, acaba de rechazar esta controversia argumentando que dichas autoridades “carecen de interés jurídico”, aunque se apelará a este fallo y los legisladores de nuestro movimiento, lograron también que esta Cámara presente otra controversia constitucional con el mismo propósito.
Aquí, tras un acuerdo político entre Calderón y Peña Nieto, el 20 de octubre de 2009, los diputados aprobaron la Ley de ingresos en la que aumentaron el IVA de 15 a 16 por ciento; incrementaron el impuesto sobre la renta de 28 a 30 por ciento; y autorizaron los aumentos mensuales a las gasolinas, el diesel, el gas y la luz.
Considero que con este recuento de infamias queda lo suficientemente claro para quién trabaja la mayoría de los legisladores que se hacen llamar representantes populares.
Sólo agrego –entre otras ignominias– que, aquí, se quemaron las boletas electorales de 1988 y, en 2006, después del fraude electoral, Felipe Calderón, con la complicidad del PRI, entró por la puerta de atrás a este recinto, símbolo de la indignidad y el sometimiento.
Por eso estamos de nuevo aquí, para evitar un nuevo agravio a los trabajadores y al pueblo de México ante el intento del PRI y del PAN de reformar la Ley Federal del Trabajo.
Se trata de la misma agenda de las llamadas reformas estructurales, impuestas desde el extranjero y promovidas por los potentados nacionales que, en esencia, significan privatizaciones, pillaje y graves retrocesos sociales.
Pero, desgraciadamente, esto es lo que ha predominado ante la ausencia irresponsable de una agenda propia, apegada a nuestra realidad, que atienda los grandes y graves problemas nacionales como la falta de crecimiento económico, de empleos; la corrupción, la impunidad, la inseguridad, la desigualdad, la marginación de los jóvenes y el empobrecimiento del pueblo.
Cabe mencionar que, al igual que en otras ocasiones, las iniciativas de reforma laboral presentadas por los grupos parlamentarias del PRI y del PAN, son prácticamente iguales. Hay incluso párrafos idénticos, lo cual demuestra, una vez más, que todos estos enjuagues se llevan a cabo y se deciden desde la elite del poder, que sólo se ve al poder Legislativo como una simple oficina de trámite.
Ahora bien, ¿por qué nos oponemos a dicha reforma? Entre otras cosas, porque se propone que a partir del raquítico salario mínimo, “diez veces menor al de Estados Unidos”, se pueda contratar a trabajadores por hora, es decir, un obrero que labore una hora, cobraría alrededor de 7 pesos; y el que labore 4 horas cobraría 29 pesos, la mitad del salario mínimo, dinero que no le alcanzaría ni para el pasaje. Además, pretenden contratar a trabajadores sujetos a periodos de prueba de hasta por seis meses, dejando que el empleador pueda despedirlos sin indemnización y sin derecho a ninguna prestación social.
Lo mismo sucedería con trabajadores contratados para capacitación inicial o por temporada. Asimismo, se legaliza la subcontratación dándose lugar al pago de bajos salarios sin prestaciones y a “fraudes legales” contra los trabajadores, entre otros graves retrocesos que se contemplan en dicha reforma.
Estamos aquí porque había la intención de aprobar esta reforma en sigilo, sin que la gente supiera nada, aprovechando mañosamente la semana santa. Todo ello, desde luego, con la complicidad de la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión que, como es costumbre, nunca informan de lo que no le conviene a sus dueños, que dicho sea de paso, forman parte de la mafia del poder que domina en el país.
Pero al parecer, por ahora, ya no lograron su cometido y van a tener que convocar a foros como lo propusimos y lo hicieron valer las organizaciones sindicales independientes con sus protestas, para ventilar este importante asunto y escuchar la opinión de los trabajadores, de sindicalistas, de patrones, de especialistas y de ciudadanos en general.
De modo que no ha sido en vano expresar nuestra inconformidad, sobre todo, a partir del 31 de marzo en que los legisladores de nuestro movimiento hicieron la primera protesta pública en este recinto parlamentario.
Por último, hago una consideración final: independientemente de lo que digan nuestros adversarios, nosotros tenemos la convicción de que la aplicación del modelo neoliberal y de todas las reformas legales que se han llevado a la práctica con ese propósito, en beneficio exclusivo de un grupo de potentados, es la causa principal de la actual crisis de México y en particular del estallido de odio y violencia que se padece en todo el país.
Tengamos en cuenta que todas estas contrarreformas no sólo generan mayor concentración de la riqueza en unas cuantas manos y pobreza, sino también resentimientos y tirantez social.
Por eso resulta inaudito que quienes son los responsables de la tragedia nacional, insistan en mantener la misma economía de élite, a costa del sufrimiento del pueblo y de la destrucción del país.
Amigas y amigos:
Sigamos defendiendo al pueblo y la nación, pero al mismo tiempo, sigamos trabajando con esmero en la organización de nuestro Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). Ocupemos la mayor parte de nuestro tiempo en hacer la labor de orientación y concientización. Tenemos que convencer a más gente sobre la autenticidad de nuestras intenciones y de la viabilidad de nuestro proyecto alternativo de nación.
Mantengo una inquebrantable fe en la causa que defendemos. Estoy convencido que, más temprano que tarde, lograremos desde abajo y con la gente el renacimiento de México. Sólo el pueblo puede salvar al pueblo, de que sólo el pueblo organizado puede salvar a la nación.
¡Vivan los trabajadores de México!
¡Viva el Movimiento Regeneración Nacional!
¡Viva México!
¡Viva México!
¡Viva México!
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