~ Navegaciones ~: No hay gobierno:
Foto: Reuters
La foto impresiona: el joven efectivo de la Policía Federal que vigila el sitio en el que fueron encontradas fosas con restos humanos en Iguala sostiene, sin
esfuerzo aparente, una ametralladora M-60 de diez kilos de peso. Era el arma con la que la infantería estadunidense se abría paso en los arrozales de Vietnam y en los vecindarios polvorientos de Faluya, aunque al norte el Río Bravo se le considera obsoleta y ya está siendo remplazada por un nuevo modelo. El personaje de la gráfica tiene el dedo nervioso pegado al guardamonte y la
canana de cartuchos, colocada a modo de banda presidencial holgada, le cuelga
por debajo de la rodilla. Por si se le acaban esos cartuchos porta, además, un
estuche con varios cargadores, chaleco antibalas, casco con gogles, un kefiyeh
palestino enrollado en el pescuezo –último grito de la moda entre las fuerzas
especiales y cuerpos contrainsurgentes: expropiar el emblema mundial de los
insumisos– y el distintivo reglamentario con bandera, escudo y nombre del país,
México, pegado al hombro. Lo único que desentona con la imagen de guerrero
feroz es su mirada de inocencia; en ella queda claro que el muchacho no tiene
la menor idea de lo que está haciendo.
No es el único. El gobierno federal custodia ese sitio –relevante sólo para la investigación criminalística– como si se tratara de una central nuclear pero allí sólo hay
unos hoyos en los que el 4 de octubre fueron encontrados restos humanos que
podrían pertenecer, o no, a algunos de los estudiantes normalistas secuestrados
por la policía de Iguala entre el 26 y el 27 de septiembre y desaparecidos
desde entonces. Han aparecido más fosas pero hasta ayer, lunes 13 de octubre,
ni la autoridad federal ni la estatal habían informado con claridad quiénes ni cuántos
son los muertos hallados en ellas. Más allá de cualquier escrúpulo, ambas
instancias parecen más preocupadas, la primera, por utilizar la barbarie
policial del municipio para destruir políticamente al gobernador guerrerense y
a su partido, el PRD, y éstos, por aferrarse a como dé lugar a esa posición de
poder.
Localizar y presentar a los estudiantes de Ayotzinapa debe ser la última tarea de Aguirre y también la última de Peña. Y después de eso es necesario que ambos pidan
licencia a sus cargos respectivos porque gobierno, lo que se llama gobierno,
aquí no hay.
http://navegaciones.blogspot.mx/2014/10/no-hay-gobierno.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+Navegaciones+%28~+Navegaciones+~%29
Carlos Navarrette, Armando Ríos Piter, René Bejarano y Amalia García defienden a su "Gober"
México es uno de los únicos países en América Latina que no han experimentado una transformación en su clase política durante las últimas décadas. A diferencia de países como Brasil, Ecuador, El Salvador, Uruguay, Colombia, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Argentina y Chile, en México el proceso de supuesta
El crimen de Estado cometido en Iguala es el resultado natural de la conquista de la Presidencia de la República por un grupo de gobernadores feudales priístas que no cuentan con experiencia alguna en el ejercicio democrático del poder. Recordemos que Enrique Peña Nieto y cuatro de sus secretarios más importantes son ex gobernadores de estados que no han experimentado alternancia política alguna.Miguel Osorio Chong y Jesús Murillo Karam fueron gobernadores del estado de Hidalgo, estado bajo el férreo control de una mafia política local conocida por su corrupción y su intimidación a los rivales. Emilio Chuayffet y el mismo Peña Nieto son destacados representantes de la familia política de Atlacomulco fundada por Carlos Hank González, una de las redes de poder más perversas y retrógradas que han existido jamás en la historia de México. Y Pedro Joaquín Coldwell, el cuestionado Secretario de Energía actual, fue antecesor tanto del narcogobernador Mario Villanueva como del bebesaurio Beto Borge, quien actualmente despacha en el gobierno de Quintana Roo.
La forma en que opera este grupo político es por medio de la subordinación de las instituciones públicas a las redes informales de alianzas personales, políticas y de negocios. Por medio de pactos, prebendas e intercambios de la más diversa índole tejen una telaraña de control político, dominación social y enriquecimiento personal. El desplazamiento del Congreso de la Unión y la domesticación de la oposición política por medio del Pacto por México simbolizan la consolidación nacional de esta forma corrupta de gestión de poder. Y la masacre de Iguala exhibe la cara más sangrienta de esta misma descomposición institucional fomentada desde Los Pinos en todo el país.
Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero, constituye el perfecto
representante del putrefacto sistema que hoy nos malgobierna. Aguirre
ya fue gobernador del mismo Estado, entre 1996 y 1999, bajo las siglas
del PRI. Fue el remplazo elegido por el sistema autoritario, con
Chauyffet como secretario de Gobernación, para cubrir la espalda al
cacique Rubén Figueroa después del masacre de Aguas Blancas, un
asesinato en masa de activistas sociales muy similar al ocurrido en
Iguala el pasado 26 de septiembre. Aguirre hoy funge de nuevo como
gobernador gracias a los buenos oficios del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), otro ejemplo de la pantomima en que se ha convertido
este otrora partido de la
La defensa de Aguirre tanto por los líderes del PRD (Carlos Navarrete, Armando Ríos Piter, René Bejarano, entre otros) como por César Camacho, también ex gobernador del estado de México, no es gratuita. Aguirre encarna el sistema de corrupción estructural (Irma Eréndira Sandoval dixit, véase: http://ow.ly/CD3Gw) que tiene postrada a la nación entera. Si cae Aguirre, podrían también caer rápidamente, como fichas de dominó, otros gobernadores igual de retrógrados, como Eruviel Ávila, Rafael Moreno Valle, Javier Duarte, César Duarte, Graco Ramírez, y Manuel Velasco, entre otros. En realidad, haría falta una radical renovación política en todos y cada uno de los 31 estados de la República, así como en el Distrito Federal. No hay un solo mandatario local honesto que defienda sin regateos las causas populares.
Evidentemente también hace falta transformar la política nacional. La abierta complicidad de los militares posicionados cerca de Iguala durante la masacre (denuncia de un testigo normalista aquí: http://ow.ly/CCLNJ ) revela que este crimen de lesa humanidad de ninguna manera puede ser atribuido solamente a factores locales.
En Bolivia, el retorno del antiguo dictador Hugo Bánzer a la presidencia en 1997 por la vía electoral dio un fuerte empuje al amplio movimiento popular que llevaría a Evo Morales al poder en 2006, y que a partir de los resultados electorales de ayer se mantendrá en el poder hasta 2019. De la misma manera, el retorno de los dinosaurios del PRI, como Peña Nieto, Aguirre y Chuayffet, también tendrá que desembocar tarde o temprano en una radical transformación de la política nacional.
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
http://www.jornada.unam.mx/2014/10/13/opinion/022a1pol
Foto: Reuters
La foto impresiona: el joven efectivo de la Policía Federal que vigila el sitio en el que fueron encontradas fosas con restos humanos en Iguala sostiene, sin
esfuerzo aparente, una ametralladora M-60 de diez kilos de peso. Era el arma con la que la infantería estadunidense se abría paso en los arrozales de Vietnam y en los vecindarios polvorientos de Faluya, aunque al norte el Río Bravo se le considera obsoleta y ya está siendo remplazada por un nuevo modelo. El personaje de la gráfica tiene el dedo nervioso pegado al guardamonte y la
canana de cartuchos, colocada a modo de banda presidencial holgada, le cuelga
por debajo de la rodilla. Por si se le acaban esos cartuchos porta, además, un
estuche con varios cargadores, chaleco antibalas, casco con gogles, un kefiyeh
palestino enrollado en el pescuezo –último grito de la moda entre las fuerzas
especiales y cuerpos contrainsurgentes: expropiar el emblema mundial de los
insumisos– y el distintivo reglamentario con bandera, escudo y nombre del país,
México, pegado al hombro. Lo único que desentona con la imagen de guerrero
feroz es su mirada de inocencia; en ella queda claro que el muchacho no tiene
la menor idea de lo que está haciendo.
No es el único. El gobierno federal custodia ese sitio –relevante sólo para la investigación criminalística– como si se tratara de una central nuclear pero allí sólo hay
unos hoyos en los que el 4 de octubre fueron encontrados restos humanos que
podrían pertenecer, o no, a algunos de los estudiantes normalistas secuestrados
por la policía de Iguala entre el 26 y el 27 de septiembre y desaparecidos
desde entonces. Han aparecido más fosas pero hasta ayer, lunes 13 de octubre,
ni la autoridad federal ni la estatal habían informado con claridad quiénes ni cuántos
son los muertos hallados en ellas. Más allá de cualquier escrúpulo, ambas
instancias parecen más preocupadas, la primera, por utilizar la barbarie
policial del municipio para destruir políticamente al gobernador guerrerense y
a su partido, el PRD, y éstos, por aferrarse a como dé lugar a esa posición de
poder.
Mientras la Federación exhibe el poderío de sus policías acordonando agujeros macabros pero vacíos, las balaceras, los asesinatos y los “levantones” prosiguen su
curso en la normalidad sangrienta impuesta por Felipe Calderón y combatida por
Enrique Peña Nieto con el viejo método de esconderla bajo la alfombra, pero ni
así: los muertos se desbordan por todas partes y los homicidios de estas
semanas en Chihuahua, Acapulco y Ecatepec son una muestra. Uno se pregunta por
qué la prioridad de resguardar cementerios clandestinos con cuerpos de asalto
por sobre la necesidad de custodiar vidas y la respuesta inevitable es que las
vidas no importan tanto como la imagen mediática. Hay que preocuparse sólo cuando
los asesinatos empiezan a deteriorar la percepción del país entre los
inversionistas extranjeros, como lo dijo el fin de semana Luis Videgaray con un
cinismo asombroso a propósito de los jóvenes muertos y desaparecidos de la
Normal de Ayotzinapa. Los muertos que para el secretario de Hacienda
constituyen un riesgo de disuasión financiera son, en manos del PRI y del PRD,
instrumentos de campaña de cara a procesos electorales próximos. Así estamos.
curso en la normalidad sangrienta impuesta por Felipe Calderón y combatida por
Enrique Peña Nieto con el viejo método de esconderla bajo la alfombra, pero ni
así: los muertos se desbordan por todas partes y los homicidios de estas
semanas en Chihuahua, Acapulco y Ecatepec son una muestra. Uno se pregunta por
qué la prioridad de resguardar cementerios clandestinos con cuerpos de asalto
por sobre la necesidad de custodiar vidas y la respuesta inevitable es que las
vidas no importan tanto como la imagen mediática. Hay que preocuparse sólo cuando
los asesinatos empiezan a deteriorar la percepción del país entre los
inversionistas extranjeros, como lo dijo el fin de semana Luis Videgaray con un
cinismo asombroso a propósito de los jóvenes muertos y desaparecidos de la
Normal de Ayotzinapa. Los muertos que para el secretario de Hacienda
constituyen un riesgo de disuasión financiera son, en manos del PRI y del PRD,
instrumentos de campaña de cara a procesos electorales próximos. Así estamos.
Desde luego, la ineptitud y la indolencia de Ángel Aguirre Rivero ameritan su salida del cargo a la brevedad, pero no es el único caso. A dos años de instaurado el
peñato, la Segob, la PGR, el Cisen (¿qué hacía el Cisen mientras la
delincuencia organizada se apoderaba de Iguala? ¿Buscaba con microscopio agentes
del Estado Islámico infiltrados en el territorio nacional?) y el propio Peña
Nieto han incumplido en forma escandalosa, exasperante e inadmisible, su
obligación de garantizar la seguridad pública y el derecho a la vida de las
personas, que es el principal deber de un gobierno. En este sentido, los
muchachos de Ayotzinapa muertos y desaparecidos confirman la desaparición de
todo sentido nacional en una institucionalidad utilizada no para servir a la
población sino para saquear, entregar el país al extranjero y pasear por el
mundo la frivolidad oligárquica en un avión de 7 mil millones de pesos.
peñato, la Segob, la PGR, el Cisen (¿qué hacía el Cisen mientras la
delincuencia organizada se apoderaba de Iguala? ¿Buscaba con microscopio agentes
del Estado Islámico infiltrados en el territorio nacional?) y el propio Peña
Nieto han incumplido en forma escandalosa, exasperante e inadmisible, su
obligación de garantizar la seguridad pública y el derecho a la vida de las
personas, que es el principal deber de un gobierno. En este sentido, los
muchachos de Ayotzinapa muertos y desaparecidos confirman la desaparición de
todo sentido nacional en una institucionalidad utilizada no para servir a la
población sino para saquear, entregar el país al extranjero y pasear por el
mundo la frivolidad oligárquica en un avión de 7 mil millones de pesos.
licencia a sus cargos respectivos porque gobierno, lo que se llama gobierno,
aquí no hay.
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Fin al narcogobierno
John M. Ackerman
Carlos Navarrette, Armando Ríos Piter, René Bejarano y Amalia García defienden a su "Gober"
La execrable masacre de
Iguala ha exhibido la enorme podredumbre de las instituciones políticas
en todos los niveles de gobierno. Pero también ha reactivado redes de
solidaridad locales, nacionales e internacionales, cuya fuerza podría
finalmente poner fin a la ignominia del (neo)liberalismo despótico, en
el poder desde la fundación del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) en 1946.
Ha surgido un histórico concierto de voces coincidentes en favor de
la renovación de la política nacional: desde el Parlamento Europeo
(véase: http://ow.ly/CD3fn ) hasta los
estudiantes del Instituto Politécnico Nacional; desde Amnistía
Internacional hasta el Partido Democrático Popular Revolucionario
(PDPR-EPR) (véase: http://ow.ly/CD3cq
); desde la Organización de Naciones Unidas (ONU) hasta las autodefensas
de Michoacán; desde los yaquis de Sonora hasta los policías
comunitarios de Guerrero; desde la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos hasta el Movimiento de Renovación Nacional, y desde París hasta
Buenos Aires.México es uno de los únicos países en América Latina que no han experimentado una transformación en su clase política durante las últimas décadas. A diferencia de países como Brasil, Ecuador, El Salvador, Uruguay, Colombia, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Argentina y Chile, en México el proceso de supuesta
democratizaciónha dejado totalmente intactas las redes de poder de los mismos de siempre. Los procesos de transformación en aquellos países no han estado libres de importantes contradicciones y grandes retos hacia el futuro, pero nuestro país ni siquiera ha iniciado el camino.
El crimen de Estado cometido en Iguala es el resultado natural de la conquista de la Presidencia de la República por un grupo de gobernadores feudales priístas que no cuentan con experiencia alguna en el ejercicio democrático del poder. Recordemos que Enrique Peña Nieto y cuatro de sus secretarios más importantes son ex gobernadores de estados que no han experimentado alternancia política alguna.Miguel Osorio Chong y Jesús Murillo Karam fueron gobernadores del estado de Hidalgo, estado bajo el férreo control de una mafia política local conocida por su corrupción y su intimidación a los rivales. Emilio Chuayffet y el mismo Peña Nieto son destacados representantes de la familia política de Atlacomulco fundada por Carlos Hank González, una de las redes de poder más perversas y retrógradas que han existido jamás en la historia de México. Y Pedro Joaquín Coldwell, el cuestionado Secretario de Energía actual, fue antecesor tanto del narcogobernador Mario Villanueva como del bebesaurio Beto Borge, quien actualmente despacha en el gobierno de Quintana Roo.
La forma en que opera este grupo político es por medio de la subordinación de las instituciones públicas a las redes informales de alianzas personales, políticas y de negocios. Por medio de pactos, prebendas e intercambios de la más diversa índole tejen una telaraña de control político, dominación social y enriquecimiento personal. El desplazamiento del Congreso de la Unión y la domesticación de la oposición política por medio del Pacto por México simbolizan la consolidación nacional de esta forma corrupta de gestión de poder. Y la masacre de Iguala exhibe la cara más sangrienta de esta misma descomposición institucional fomentada desde Los Pinos en todo el país.
oposición.
La defensa de Aguirre tanto por los líderes del PRD (Carlos Navarrete, Armando Ríos Piter, René Bejarano, entre otros) como por César Camacho, también ex gobernador del estado de México, no es gratuita. Aguirre encarna el sistema de corrupción estructural (Irma Eréndira Sandoval dixit, véase: http://ow.ly/CD3Gw) que tiene postrada a la nación entera. Si cae Aguirre, podrían también caer rápidamente, como fichas de dominó, otros gobernadores igual de retrógrados, como Eruviel Ávila, Rafael Moreno Valle, Javier Duarte, César Duarte, Graco Ramírez, y Manuel Velasco, entre otros. En realidad, haría falta una radical renovación política en todos y cada uno de los 31 estados de la República, así como en el Distrito Federal. No hay un solo mandatario local honesto que defienda sin regateos las causas populares.
Evidentemente también hace falta transformar la política nacional. La abierta complicidad de los militares posicionados cerca de Iguala durante la masacre (denuncia de un testigo normalista aquí: http://ow.ly/CCLNJ ) revela que este crimen de lesa humanidad de ninguna manera puede ser atribuido solamente a factores locales.
En Bolivia, el retorno del antiguo dictador Hugo Bánzer a la presidencia en 1997 por la vía electoral dio un fuerte empuje al amplio movimiento popular que llevaría a Evo Morales al poder en 2006, y que a partir de los resultados electorales de ayer se mantendrá en el poder hasta 2019. De la misma manera, el retorno de los dinosaurios del PRI, como Peña Nieto, Aguirre y Chuayffet, también tendrá que desembocar tarde o temprano en una radical transformación de la política nacional.
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
http://www.jornada.unam.mx/2014/10/13/opinion/022a1pol
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