La “Casa Blanca” se queda chica: revelan fraude de EPN por 1,700 mdp
El tiempo pasa y Carmen Aristegui sigue silenciada por haber
puesto en evidencia un acto de corrupción de 7 millones de dólares,
costo de la famosa “Casa Blanca” que la constructora favorita de Enrique
Peña Nieto edificó para su esposa, a su entero gusto.
Hoy nos enteramos de un nuevo
caso de obvia corrupción, pero no por 7 millones de dólares, sino por
mil 700 millones de pesos, que equivalen a más de 107 millones de
dólares, mismos que fueron “donados” por el gobierno del Estado de
México durante la gestión de Peña y luego desde el gobierno federal, a
una empresa y una fundación opacas, con el pretexto de que mejorarían
los niveles educativos de los niños mexiquenses, lo cual no ha sucedido,
mientras ambas instancias ni siquiera han tenido que rendir cuentas a
nadie.
El excelente trabajo periodístico que da a concer esta información, realizado en conjunto por Animal Político (1) y la revista Nexos (2),
a cargo de los periodistas Andrés Lajous y Paris Martínez, no ha tenido
el impacto mediático que tuvo el trabajo del equipo de Carmen, a pesar
de la inmensa diferencia en los montos del dinero implicado en estos
evidentes desfalcos a la nación.
La explicación a puede estar en
que este nuevo escándalo se da a conocer a través de medios de
comunicación que se distribuyen por Internet y de manera impresa, y no
en cadena nacional en un programa radiofónico líder en audiencias.
Ahora no está implicada
directamente una “primera dama” venida de la farándula que sale a
defender en televisión a su marido; ni revistas del corazón que
consignen los lujos en medio de los que vive la familia del presidente;
ni una periodista carismática y con un muy bien ganado prestigio de
valiente y profesional; ni hay respuestas airadas de los “comunicadores”
vendidos al sistema para desacreditarla. No. Ahora lo que hay es
únicamente un cúmulo de evidencias grande, poderoso, que callada y
escrupulosamente dos periodistas reunieron durante dos años de
investigación. Eso debiera bastar para que la indignación cundiera y
para que nos preguntáramos si en este caso también imperará la impunidad
y el ocupante de Los Pinos seguirá como si nada hubiera pasado,
“gobernando” hasta el fin de su sexenio.
Otro cuestionamiento que
debiera estar obligadamente en la conciencia de las mexicanas y los
mexicanos, es: Si a Carmen Aristegui y su equipo le costó perder su
trabajo el develar un fraude de 7 millones de dólares, ¿cuál será el
destino de Andrés Lajous y Paris Martínez si su labor periodística
señala directamente a Enrique Peña Nieto en un fraude de más de cien
millones? No se puede exagerar en este sentido, pues por desgracia
vivimos en uno de los países más peligrosos del mundo para ser
periodista, con más de cien informadores asesinados en los últimos 14
años (3).
El reportaje en cuestión es
largo, pero vale mucho la pena leerlo con atención para darnos cuenta
del tamaño de este quebranto a México y de cuáles mecanismos usa el
poder político para que sus líderes se enriquezcan a costa incluso de
cosas que deberían ser sagradas, como la salud, la educación de nuestros
niños, incluso la vida misma de las y los mexicanos.
Difundamos este trabajo y
mostremos en las redes sociales nuestra solidaridad con Animal Político y
Nexos, pero sobre todo con Andrés Lajous y Paris Martínez, para que el
inquilino de Los Pinos sepa que no están solos y que si desde las
oficinas y sótanos del poder están planeando ataques legales e ilegales
en contra de la libertad de expresión ejercida por estos dos
periodistas, contra sus personas o familias, sabremos sin lugar a dudas
de dónde vienen esos ataques, como no nos queda duda desde dónde salió
la orden de callar a Carmen Aristegui.
El 7 de junio pasado la
ciudadanía de Nuevo León mandó un rotundo mensaje a Los Pinos y a sus
cómplices de la partidocracia, al arrasar en las urnas con el
bipartidismo en la gubernatura, fenómeno que se ha venido gestando, en
gran medida, desde la indignación que despierta el conocimiento que de
manera creciente los ciudadanos tenemos de los sucios manejos de esa
partidocracia, gracias al trabajo valiente e inteligente de nuestros
periodistas. No los dejemos solos.
Cristina Sada Salinas
***
Reportaje completo:
El gobierno federal y el Edomex donan mil 700 millones de pesos a una fundación y a una empresa, sin pedirles cuentas
7 julio, 2015 / Revista Nexos
Andrés Lajous y Paris Martínez
La Fundación Proacceso y la
empresa Enova han recibido en seis años donativos oficiales por mil 700
millones de pesos, a cambio de la promesa de mejorar los niveles de
educación primaria entre los alumnos mexiquenses. Sobre el destino de
esos recursos públicos no existen auditorías gubernamentales. Según
revela una investigación de dos años realizada por los autores, no hay
tampoco evaluaciones que indiquen si esos donativos ocasionaron mejora
alguna en el nivel académico de los alumnos:
mil 700 millones de pesos
después, solo puede hablarse de un exitoso modelo para obtener dinero
público sin comprobar resultados ni tener que rendir cuentas
***
En febrero del 2013, el
columnista de The New York Times Thomas Friedman describió con optimismo
el futuro de México. Uno de los elementos que habían despertado su
entusiasmo fue la existencia de “una masa crítica de jóvenes,
innovadores confiados, tratando de solucionar los problemas de México,
mejorando y aprovechando la tecnología y la globalización”.1 Como
ejemplo de esa juventud innovadora, Friedman señaló a los fundadores de
la empresa Enova, creadora de un programa para niños y adultos pobres
que, con una batería de profesores, enseñaba matemáticas y mejoraba
habilidades de lectura.
Enova—se presenta como “empresa
social”— es una firma mexicana que ha recibido mil 700 millones de
pesos en los últimos seis años. Actualmente está formada por tres
socios, Moís Cherem, Raúl Maldonado, y Jorge Camil Starr.
La empresa comenzó en 2008 con
un pequeño contrato del gobierno del Estado de México para mejorar el
diseño y desempeño del portal del Consejo Mexiquense de Ciencia y
Tecnología (Comecyt).2
Un año después, el Comecyt le
dio otro contrato para implementar cambios a su página de internet, por
poco más de seiscientos mil pesos.3 Es, sin embargo, a partir de 2010
que las transferencias a Enova—siempre a través de un intermediario: la
Fundación Proacceso ECO A.C.—, se volvieron millonarias.
Con esas transferencias, el
grupo Enova/Proacceso creó en el Estado de México una cadena de escuelas
privadas de cómputo formada por 70 sucursales, denominada Red de
Innovación y Aprendizaje (RIA), que a pesar de que usan recursos
públicos para su instalación, le cobran a los usuarios.
También abrieron 50 centros
“gratuitos”, nombrados Bibliotecas Digitales, cuyos servicios no son
cobrados a la ciudadanía, sino a las autoridades.
Proacceso fue fundada en
diciembre de 2008 por Aleph Molinari, su actual director, y por Karla
Valenzuela Pérez, quien hoy es la directora general adjunta de Ahorro y
Regulación Financiera en la Secretaría de Hacienda.4
En 2009, por ejemplo, por
instrucciones del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña
Nieto, el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt) donó a
Proacceso 56 millones de pesos de su presupuesto, equivalentes al 29.5%
de los recursos con que ese organismo contó en ese año.5
Luego, en 2010, comenzó un
aumento progresivo en los recursos otorgados: ese año, el Comecyt dio
74.3 millones de pesos;6 en 2011 fueron 111 millones;7 en 2012, 110
millones de pesos.8 En esos años, dichas aportaciones fueron las únicas
que hizo Comecyt en el rubro de apoyos para el fomento de proyectos
ciudadanos vinculados a ciencia y tecnología. Después, en 2013 recibió
140 millones de pesos,9 en 2014 en total 159 millones,10 y en marzo de
2015 se pactó la más reciente entrega, de 174 millones de pesos.11 Estas
aportaciones fueron las únicas que hizo Comecyt en el rubro de apoyos
para el fomento a proyectos civiles de ciencia y la tecnología. Además,
en 2014 el gobierno del Estado de México adjudicó 22 contratos por un
total de 40 millones para el suministro de insumos digitales a la
empresa Enova.12
Siempre en asociación con Enova, la Fundación Proacceso ha recibido también asignaciones directas del presupuesto federal.
En 2010, a través del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), obtuvo 90 millones de pesos
procedentes de la Ampliación al Ramo 38 del Presupuesto de Egresos de la
Federación, destinada a apoyar proyectos científicos, por lo que, en
ese año, la Red de Innovación y Aprendizaje se convirtió en el segundo
proyecto que más recursos públicos obtuvo de dicho fondo, sólo detrás
del Gran Telescopio Milimétrico.13
Un año más tarde (2011) la
fundación ya estaba a la cabeza de las iniciativas científicas con mayor
financiamiento federal, gracias a los 80 millones de pesos que obtuvo
ese año de la Ampliación al Ramo 38.14
En el 2012, recibió otros 140
millones de pesos asignados de la misma forma por vía del Conacyt,15 a
los que se sumaron otros 89.3 millones del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes (Conaculta).16
A partir de 2013 la fórmula de
donación varió ligeramente. Los recursos dejaron de provenir del Ramo 38
y comenzaron a salir del Fondo de Cultura del Presupuesto de la
Federación, es decir, de los recursos asignados al Conaculta.17
Nuevamente, el grupo se
convirtió en el mayor destinatario de recursos de la federación, ahora
en el área de cultura. En 2013: 200 millones de pesos. En 2014: 157.3
millones.18 En 2015: 119.1 millones.19
A todo esto se suman cinco
millones de pesos que la SEP entregó a la fundación entre 2010 y 2011
para el desarrollo de “videojuegos lúdicos”, empleados en la cadena de
escuelas de bajo costo que Proacceso opera en asociación con Enova.20
En total: 867.9 millones recibidos del gobierno mexiquense y 880.7 millones del gobierno federal.
Aleph Molinari, presidente de
Proacceso ECO, y Moís Cherem, director de Enova, explican en entrevista
conjunta que sólo hay una “alianza” entre ambas. Sin embargo, operan
unidas: juntos diseñan los proyectos y luego la fundación gestiona los
recursos del gobierno, que usa para comprarle a Enova los insumos y
servicios; además de que hasta hace poco compartían las mismas oficinas
en la colonia Roma, en la ciudad de México.
Incluso, en ceremonias
oficiales se ha dejado ver que no sólo existe una “alianza” entre
Proacceso ECO y Enova. En 2009, al inaugurar las primeras 10 escuelas en
presencia del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, Moís Cherem no
fue presentado oficialmente como directivo de Enova, sino como “miembro
del Consejo Directivo de la Fundación Proacceso”.21 En otro evento, en
2011, Peña Nieto inauguró centros de la RIA acompañado, no por un
representante de Proacceso, sino por Jorge Camil, a quien presentó como
“director de Enova”.22
En marzo de 2013, el sucesor de
Peña Nieto en el ejecutivo mexiquense, Eruviel Ávila, aseguró que “las
bibliotecas [digitales] se llevaron a cabo a través de Enova, en
especial de Jorge Camil, quien impulsó estas bibliotecas”.23
Entre amigos
Pero además, el destino y los
resultados de la inversión no son evaluados por ninguna dependencia
oficial. Las evaluaciones, como aceptan los mismos responsables de la
empresa y la fundación, son “internas”.
De acuerdo con estas
evaluaciones, los niños y las niñas de primaria que asisten a los cursos
RIA han logrado un “incremento del desempeño en la prueba Enlace” de 6%
en español y 7% en matemáticas, tal como concluye un estudio que
Proacceso/Enova encargaron a la consultoría privada C230 Consultores, en
2011.
Dicho estudio señala que “se
detectaron efectos positivos y significativos” en los alumnos de cuarto
grado de primaria que tomaron el curso insignia de los centros RIA,
denominado La Expedición, dato que la página de internet de la RIA se
encarga de destacar.
El estudio no menciona, sin
embargo, que esos niños que mostraron mejor aprovechamiento académico
tras el curso La Expedición eran alumnos de primarias públicas
previamente seleccionados por sus buenas calificaciones. Tampoco
menciona que C230 Consultores no detectó ningún progreso académico entre
alumnos de tercero, quinto y sexto grados de primaria, luego de su paso
por las aulas de la Red de Innovación y Aprendizaje.
En 2013, el curso La Expedición
fue nuevamente evaluado “internamente”. Ahí sí se obtuvieron grandes
resultados: Según esta autoevaluación, en sus 30 horas de duración, el
curso La Expedición genera el mismo impacto que un “profesor de alto
desempeño”, en todo un año de enseñanza.
Sin embargo, la propia
autoevaluación revela que la “comprensión lectora” de los niños había
empeorado luego de tomar el curso insignia de la RIA.
Una segunda autoevaluación en
2013 concluye que “no se detectó ningún impacto significativo” en el
rendimiento académico de quienes habían recibido el curso de 30 horas.
En lo que toca a las Bibliotecas Digitales, tampoco existe evaluación gubernamental de resultados. Ni hay evaluación interna.
La relación directa con el gobierno
Los primeros recursos,
entregados en 2009, se dieron a un grupo de “emprendedores” que, como
ellos mismos admiten, no tenían experiencia previa en el ramo y, fueron
otorgados apenas seis meses después de que diseñaran el proyecto. Eran,
como ellos cuentan, recién egresados de la escuela.
Ese primer donativo de 56
millones de pesos, que sirvió para que seis meses después se inauguraran
las primeras 10 escuelas de la Red de Innovación y Aprendizaje (RIA) y
que fueron inauguradas por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto, ni
siquiera existe en documentos oficiales, tal como consta en el oficio
203G13000/079/2015, fechado en febrero de 2015, donde se explica que el
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt) “no cuenta con
documentos” que sustenten dicha donación.
Aunque por ley esta aportación
debió ser aprobada en una sesión oficial de la Junta Directiva del
Comecyt, la institución reconoce que carece de documentos que indiquen
que dicha sesión oficial fue realizada.
El mismo Aleph Molinari explica
cómo se dio esa primera donación: “El primer convenio que tuvimos se le
presentó directo al gobierno del Estado de México y a la Secretaría de
Finanzas (estatal). Era una mesa grande, como de 30 personas, y entre
ellas hicieron la determinación de entregar los recursos. La
determinación no vino del Comecyt, sino que el Comecyt fue el vehículo”.
Por esta misma razón no se
establecieron mecanismos legales para evaluar el gasto ni se definieron
auditorías que determinaran si la inversión de recursos públicos había
tenido efectos positivos.
Luego, las donaciones
subsecuentes sí establecieron por escrito convenios oficiales que
obligaban a la autoridad a realizar auditorías financieras y de
resultados.
Pero el Comecyt, a pregunta
expresa, reconoció en el mismo oficio 203G10100/079/2015 que no había
realizado las auditorías correspondientes aún cuando, desde 2011, el
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) determinó
que ésta era una obligación a la que el Comecyt estaba faltando.
Según el OSFEM, estas
auditorías no sólo tenían el objetivo de “verificar la aplicación de los
recursos otorgados”, sino también el de “evaluar los beneficios que la
Fundación brinda a la sociedad”. El Órgano Fiscalizador señaló, no
obstante, que “se observó que el Comecyt no ha cumplido con lo
establecido en el convenio respecto a realizar auditorías a la Fundación
Proacceso Eco AC”.
Lo mismo ocurre con las
donaciones de las dependencias federales Conacyt y Conaculta. Aún cuando
a ambas se le solicitaron entrevistas formales al respecto, ninguna de
las dos dependencias quiso explicar cuál había sido el criterio para
aprobar dichas donaciones.
—¿Cómo fue el proceso de gestión para solicitar los recursos federales? —se le pregunta a Aleph Molinari.
—Todos los convenios, todos los
recursos que fueron asignados, lo fueron a través de una solicitud de
apoyo, y esa solicitud de apoyo normalmente va directo a la Cámara de
Diputados, en particular a la Comisión de Ciencia y Tecnología, y esa es
una Comisión legislativa que está consensuada, que tiene muchos
diputados, y entre ellos determinan qué se va a hacer con esos fondos y
cómo se van a etiquetar. Se siguió el proceso legal más democrático
posible, el cual es: se le entrega a la Cámara de Diputados una
propuesta de proyecto, una solicitud de apoyo, en la cual se detalla de
qué se va a tratar el proyecto, cuáles van a ser los alcances, qué se va
a construir, básicamente qué se va a lograr. No fue algo negociado con
el Ejecutivo, ni con el Estado de México, ni con las entidades que
canalizaron los fondos. Esto fue algo (pactado) directamente con la
Cámara de Diputados.
Para verificar esta afirmación,
se solicitó entrevista con el ex diputado Reyes Tamez, quien encabezó
la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados en 2010 y
2011, época en que comenzaron a fluir los fondos federales hacia
Proacceso. Sin embargo, el doctor Tamez Guerra —actualmente asignado al
Departamento de Inmunología de la Universidad Autónoma de Nuevo León—
tampoco aceptó hablar del asunto.
Al consultar los registros de actas de sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología, brinca un dato importante:
El 8 diciembre de 2009 esta
comisión fue citada para discutir el borrador del presupuesto de Egresos
de 2010, en lo relativo al Ramo 38, en el que se incluyeron las
donaciones hechas a Proacceso. Pero dicha discusión “se pospuso”, tal
como señala el acta respectiva, y no fue convocada a una nueva sesión de
trabajo sino hasta enero de 2010, cuando el Presupuesto de Egresos —y
las donaciones a Proacceso— ya habían sido aprobadas por el pleno
legislativo.
En septiembre de 2010, la
comisión discutió el presupuesto de Egresos del año siguiente, en lo
relativo al Ramo 38. Según el informe de actividades del periodo
septiembre 2010-marzo 2011, en ningún momento se discutió nada
relacionado con una donación para Proacceso.
De hecho, ningún informe de
labores de la Comisión de Ciencia y Tecnología, entre 2010 y 2014,
reporta que se haya discutido alguna asignación de recursos para este
grupo de jóvenes “emprendedores”. Aún así, los fondos les fueron
etiquetados y entregados.
Por su parte, la Secretaría de
la Función Pública federal informó, en marzo de 2015, que “de la
búsqueda realizada en sus archivos, no localizó información relacionada
con alguna auditoría en la que se haya revisado los contratos o
convenios”24 de donación y asignación de recursos con los cuales, de
forma separada, la SEP, el Conacyt y el Conaculta entregaron a
Proacceso-Enova los 877 millones de pesos donados por la vía federal.
En la misma línea, la
Secretaría de Educación Pública notificó que “no se localizó
documentación que acredite auditoría alguna de la SEP”.25
El Conacyt, además, reconoció
que tampoco ha evaluado el impacto que estas escuelas y centros de
cómputo han tenido en sus usuarios o en las comunidades en las que se
construyeron.
El expediente relacionado con
las donaciones a Proacceso/Enova provenientes de Conaculta, y
proporcionado por esta dependencia, no incluye tampoco ninguna auditoría
de resultados.
La triangulación de recursos públicos
—La empresa Enova —explica su
director general, Moís Cherem— es una “empresa social”, es decir, la
forma en que operamos tiene una característica social y buscamos algo
más que la maximización de utilidades, que es como operaría una empresa
convencional.
Lo cierto es que prácticamente
todos los recursos públicos que se han otorgado a Proacceso han acabado
en manos de Enova. Las finanzas de Enova, por ser las de una empresa
privada, no están abiertas a escrutinio público.
Este es, según Alberto Serdán,
del Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas
del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), “uno de los
mecanismos clásicos de triangulación para sacar ventaja irregular de los
recursos públicos, y funciona así: una asociación civil, que por ley no
puede tener márgenes de ganancias o utilidades (es decir, no puede
acceder a recursos públicos para luego repartirlos entre los asociados),
pide recursos al gobierno. Ya que tiene esos recursos contrata a una
empresa amiga para que brinde sus servicios, incluso con sobreprecios,
ya que esa empresa sí puede acumular dividendos”.
Mónica Tapia, especialista en
financiamiento y transparencia de organizaciones de la sociedad civil,
así como ex directora de Alternativas y Capacidades AC, abunda: “Este
esquema de financiamiento no es atípico, aunque frente a una nueva
agenda de transparencia e institucionalidad, debería serlo. Se ha vuelto
común, sin embargo, que desde el presupuesto federal o con asignaciones
directas por parte de secretarías, se tomen decisiones discrecionales
sobre el financiamiento que se entrega las organizaciones de la sociedad
civil”.
Agrega Tapia: “De los recursos
que asignan instituciones gubernamentales a organizaciones civiles, sólo
30% se otorgan a través de concursos abiertos, lo demás depende de las
asignaciones que hacen directamente funcionarios públicos, sin comités
evaluadores. A través de este mecanismo de triangulación de recursos,
las empresas que quieren proveer servicios al gobierno pueden brincarse
los procesos de concurso por licitación, y obtener dicho financiamiento
por intermediación de una asociación civil. El problema es que si la
normatividad en la asignación a organizaciones civiles es laxa, entonces
la rendición de cuentas, no sólo en términos financieros, sino también
en términos de resultados concretos, termina siendo igualmente laxa”.
En contrapartida, según
Proacceso y Enova, sus escuelas RIA sí tienen un impacto en la comunidad
en la que se encuentran sus sucursales, y se trata de un efecto
“positivo” ya que, sostienen, esas sucursales fueron construidas
siguiendo una metodología que denominan “acupuntura urbana”. La
“acupuntura urbana”, señala Enova, permite “determinar los puntos
concretos donde deben instalarse los centros para lograr mayor impacto
(…) De esta manera, cada centro RIA beneficia a un promedio de 10.7
escuelas en un radio de dos kilómetros”.
Sin embargo, los resultados de
la prueba Enlace por plantel escolar, en los 34 municipios del estado de
México en donde Proacceso-Enova han instalado sus centros RIA, no
revelan dicho impacto.
En esos municipios mexiquenses
existen 2 mil 268 planteles públicos de educación primaria, urbanos y
rurales —tal como se desprende de la base de datos de la SEP. 373 de
estos quedan a un kilómetro, o menos, de algún Centro RIA.
Según los resultados Enlace
2013, en 46% de esos 373 planteles hubo un descenso en el desempeño de
alumnos de tercer grado en la materia de español. Además, 59% registró
una disminución en aprovechamiento de esta asignatura en cuarto grado.
En quinto grado, 51.7% de las primarias empeoraron su rendimiento en
español; mientras que, en sexto grado, los resultados regresivos se
registraron en 55.7% de los planteles.
En matemáticas, 30.9% de los
alumnos de estas escuelas ubicadas a un kilómetro o menos de las RIA
mostraron un descenso en su desempeño en tercer grado; situación que se
replicó en 51% de los planteles, en cuarto grado; en 45.8%, en quinto
grado; así como en 44% de las escuelas, en sexto.
Así pues, la prueba Enlace 2013
—última evaluación nacional de desempeño académico realizada hasta la
fecha— deja ver que, a pesar de la existencia de la Red de Innovación y
Aprendizaje, el rendimiento académico de los alumnos en buena parte de
las escuelas cercanas a sus sucursales empeoró.
Peor aún: entre las 373
escuelas públicas próximas a las RIA existen diez cuyo desempeño
académico empeoró en todos los grados, sin excepción, tanto en español
como en matemáticas.
Gasto sin focalización
Bajo esta lógica de “acupuntura
urbana”, Proacceso y Enova afirman que han ubicado “estratégicamente”
sus 70 centros RIA, a lo largo de “una de las áreas más densamente
pobladas y con menos ingresos de México”, con el objetivo de llevar
“educación de calidad y tecnología” a los “habitantes de comunidades
marginadas”.
De hecho, en su página de
internet se afirma que “la población que habita las zonas de cobertura
de la RIA” tiene un ingreso “de 30 pesos diarios por persona”. Por ello,
según Proacceso, sus escuelas están enclavadas en regiones donde la
población gana menos de la mitad del salario mínimo.
Sin embargo, de los 34
municipios mexiquenses en donde la dupla Proacceso/Enova ha montado sus
escuelas de bajo costo, 29 gozan de un nivel de marginalidad “muy bajo”
(25 ayuntamientos), es decir los municipios con menos pobreza, y “bajo”
(4 ayuntamientos), según el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval), que es la autoridad encargada
de medir la pobreza en México.
Es en estos municipios de bajo y
muy bajo rezago social donde se ubican 64 de los 70 centros RIA. En
contraste, sólo uno de los municipios mexiquenses en donde la RIA tiene
presencia es en realidad uno de los más pobres o de “alto rezago
social”, según el Coneval.
En éste existe únicamente un
plantel de esta cadena de escuelas privadas. En los otros siete
municipios del Estado de México que se catalogan como zonas de alta
marginación, la Red de Innovación y Aprendizaje no ha desarrollado
ninguna actividad en seis años de existencia.
Cuestionados al respecto,
Molinari y Cherem admiten que sus sucursales fueron ubicadas en zonas
“con variabilidad de ingreso muy alta, en donde hay zonas comerciales,
pero también una pobreza bastante fuerte”. Así, señala Moís Cherem, a
los usuarios de sus centros digitales no hay que ubicarlos realmente en
el estrato de marginalidad, como Proacceso/Enova aseguran públicamente,
sino que “los tienes que ubicar en el ingreso medio”.
Los centros RIA son espacios
dotados con entre 30 y 50 computadoras, con aulas internas construidas
con madera reciclada y áreas acondicionadas para la convivencia de los
alumnos. Todo dentro de galerones rentados, en los que se imparten
cursos rápidos de cómputo e inglés. Los costos al público van de $70 a
$1,200 pesos, según la duración del curso.
El éxito de estos centros,
destacó Moís Cherem, puede ser medido por el número de personas
inscritas en seis años de existencia: 561 mil 562 usuarios.
No obstante, de esos 561 mil
562 usuarios, 68% nunca ha asistido a las aulas RIA. En realidad, el
número de personas que ha tomado —y pagado— alguno de los cursos que se
imparten en la RIA es bastante menor: 183 mil 476 usuarios, según sus
propios reportes.
—El hecho de que la ciudadanía
tenga que pagar por los servicios que brindan estas escuelas, aún cuando
toda su operación es sufragada con recursos públicos, ¿implica un doble
cobro por parte de Proacceso? —se pregunta a su presidente, Aleph
Molinari.
—Es interesante la pregunta
—afirma—, nunca me la habían hecho, y la respuesta es: no. Porque dar
servicios de calidad requiere dinero, y en términos de educación, no hay
manera de hacerlo sin un subsidio oficial. Y por lo que toca a lo que
pagan los usuarios, nosotros le estamos dando más cosas al usuario de lo
que ves aquí (en referencia a las instalaciones de la Red de Innovación
y Aprendizaje): eso incluye el diploma que les damos, e incluye el
cuaderno de trabajo que se llevan…
La expansión nacional de Enova/Proacceso
Apenas en marzo pasado, el
nuevo proyecto de Proacceso/Enova comenzó a ser revelado, luego de que
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal
inaugurase 32 centros digitales denominados “Puntos México Conectado”,
uno en cada entidad de la república.
Para construir y operar estos
centros, la SCT dio contratos a diversas empresas tras una licitación
para el arrendamiento del equipo de cómputo26 y para el “outsourcing”
del personal.27
Llama la atención que no hay
información sobre qué empresa da el servicio de operación y contenidos
en ellos, o si hubo alguna licitación.
En una revisión del contenido
de los “cursos” que se ofrecen en los centros de la RIA y los “Puntos
México Conectado”, se encontró que el contenido y estructura son
idénticos. Su similitud es tal que, en sus respectivas páginas de
internet, contienen el mismo texto para describirlos.
También se pudo verificar que
el despacho de arquitectos Ludens, que desarrolló el diseño de los
centros RIA en el Estado de México, fue el encargado de diseñar los
puntos de México Conectado.28
Se consultó a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, responsable del programa “México
Conectado”, sobre quién provee los contenidos y cursos a estos centros
digitales, pero esta dependencia guardó silencio, lo mismo que el grupo
Enova-Proacceso.
