La derecha y la economía liberal mexicana
MÉXICO,
D.F. (apro).- La nueva Ley de Amparo, celebrada por organizaciones
sociales y partidos políticos, tiene un doble filo que, de aprobarse en
el Senado como se avaló previamente en la Cámara de Diputados, afectará a
movimientos sociales que luchan contra la voracidad de grandes
empresas.
El nuevo marco legal fue festinado por diversos organismos, incluso por agrupaciones de derechos humanos reconocidos por su activismo a favor de las causas justas, sin embargo, en materia de suspensión provisional existen algunas indefiniciones que ponen en desventaja a quienes estas agrupaciones defienden.
No sólo se trata del artículo 129, que en su fracción XIII advierte que no se otorgará la suspensión cuando ello obstaculice al Estado a utilizar, aprovechar o explotar los bienes que establece el artículo 27 de la Constitución, es decir, hidrocarburos, agua, gas, aire, etcétera, que ya de por sí cierra la puerta de lucha a comunidades como la de Wirikuta –que por suerte ya tiene la suspensión en sus manos y en este caso la ley no es retroactiva–, sino que también pone sobre la mesa el costo de la suspensión, es decir, quien tenga más dinero será quien la gane.
Me explico. Entre las nuevas reglas para el otorgamiento de la suspensión, proceso que forma parte la decisión última de un amparo, el quejoso, es decir quien solicita la suspensión, deberá acreditar el daño inminente e irreparable que generaría el acto contra el cual busca el amparo.
...........sigue
http://www.proceso.com.mx/?p=333743
10/02/2013 01:32
Adolfo Orive
La
asignación de los factores de la producción —el capital y el trabajo— por los
mercados ha sido ineficaz e ineficiente.10/02/2013
01:32
Recordando
estos días el centenario de la Decena Trágica quiero citar una afirmación
de Lorenzo Meyer publicada
hace un par de días: los trágicos acontecimientos de hace cien años fueron
provocados por “la cerrazón de la derecha en el México de entonces, y de
ahora…” que también se resiste a los cambios indispensables para que nuestro
país salga de tres décadas de estancamiento, pobreza, desigualdad e
inseguridad.
Barack Obama, hace tres
semanas en su discurso ante el Congreso estadunidense, hizo hincapié en que la
tarea fundamental de su generación era llevar a la realidad los fundamentos del
liberalismo —el que todos los hombres son creados iguales y que poseen ciertos
derechos inalienables como el de la vida, la libertad y la búsqueda de la
felicidad—; fundamentos que siendo carecidos por los vecinos del norte, con
mayor razón se carecen en México. Y es que los fundamentos que son el objetivo
del liberalismo son imposibles de llevar a la práctica con los medios que el
propio liberalismo propone; los únicos que se benefician con estos medios —los
que se han implementado en nuestro país desde hace 30 años— son los individuos
de una derecha privilegiada que gozan por lo tanto de esos fundamentos.
Con la libertad de nuestros mercados
y la firma de más de 40 tratados de libre comercio, las exportaciones mexicanas
incrementaron su participación en el PIB y la exportación petrolera ya dejó de
ser la más importante. La penetración de la manufactura mexicana en los
mercados mundiales (sobre todo en el de Estados Unidos) creció de 1994 a 2007
más que cualquier otro país, salvo China. Las exportaciones de las maquiladoras
ascendieron en 2012 a 192 mil millones de dólares y la inversión extranjera
directa es apenas la segunda después de la que se realiza en China.
Pero la
economía mexicana creció menos de 2001 a 2011 (a una tasa anual de 2.2%) que de
1960 a 1981 (a una tasa anual de 6.7%). El empleo creció de 1965 a 1981 a una
tasa anual de 4.69%, mientras que de 1982 a 1994 lo hizo sólo a 3.46%,
decreciendo de 1995 a 2000 a 2.72% y de 2001 a 2010 a 1.18 por ciento. El bono
demográfico se está desperdiciando. El sector exportador no ha sido capaz de
jalar a la economía mexicana.
La explicación es muy obvia: las cadenas de valor
de sus proveedores están situadas fuera del territorio nacional. En 2012, 81%
de lo que exportaron las maquiladoras fue importado. Por ejemplo, el valor
agregado doméstico en la exportación de prendas de vestir es apenas de 36.9%;
en la exportación de automóviles es de 35.2%; y en el equipo de cómputo y
periférico, apenas de 9.1 por ciento. No es un asunto de costos laborales, sino
de productividades y de incentivos —no liberales— que el Estado mexicano debe
ofrecer a las empresas exportadoras para que establezcan los encadenamientos de
sus proveedores en nuestro país, transfiriendo tecnología y capacidades a
nuestros micro, pequeños y medianos empresarios y a los trabajadores de estas
empresas. Le agradezco a Juan
Carlos Moreno-Brid —director general adjunto de la Cepal en México—
el haberme proporcionado muchos de los datos expuestos en este artículo.
Desde 1980, la brecha con EU en
ingreso medio por habitante se ha estado ampliando: en 1980, el de México era
de 25% del estadunidense, mientras que en 2011 era sólo de 17%; aumentando la
brecha incluso desde el TLCAN. La brecha de la productividad laboral con
Estados Unidos también se ha ido ampliando: en 1980 la productividad laboral de
la economía mexicana era 33% de la estadunidense; en 2010 era solamente de 19
por ciento. Para poner un ejemplo comparativo: en estos 30 años de liberalismo
en México, la productividad laboral de las economías del este asiático —que han
aplicado políticas muy distintas a las mexicanas— han crecido casi tres veces
más que la nuestra. Como dice el BID en su libro La era de la productividad, el
escaso crecimiento de la productividad, no el exiguo nivel de inversión, es el
responsable del crecimiento económico tan bajo de la economía mexicana.
Carmen Pagés, editora y
colaboradora del libro mencionado del BID, resalta la polarización de las
productividades por sectores y por tamaños de empresa en nuestro país: las
empresas que están en 90º percentil de productividad tienen una productividad
300% menor que las empresas que están en 10º percentil. La desindustrialización
de este último cuarto de siglo y el crecimiento del sector servicios
(especialmente el comercio al menudeo e informal) implicó la reducción notable
y sistemática de la productividad agregada a partir de la década de los
ochenta. Es decir, la asignación de los factores de la producción —el capital y
el trabajo— por los mercados ha sido ineficaz e ineficiente, a pesar de que los
postulados liberales nos auguraban una realidad totalmente diferente.
Por lo tanto, se requiere un cambio
estructural en la planta productiva que exprese una reasignación de factores de
la producción hacia sectores y ramas productivas con una mayor dinámica en sus
capacidades tecnológicas y organizacionales y, de esa manera, en su
productividad y competitividad.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
La izquierda y el liberalismo de derecha
Adolfo Orive
Los
diputados del PT y los de Nueva Izquierda del PRD votamos a favor de la Ley de
Amparo, que reintegra la soberanía del Estado...
17/02/2013 01:16
Hace ocho días mostré cómo la economía
mexicana ha fracasado en generar una suficientemente alta tasa de crecimiento
como para generar el empleo demandado por el bono demográfico y por la
necesidad de la mitad de la población de salir de la pobreza. Los responsables
de este fracaso son el objetivo liberal de hacer de los mercados las
instituciones soberanas en materia económica y las políticas públicas, también
liberales, que han sido usadas como los medios para lograr ese objetivo.
Objetivo y medios de la derecha mexicana.
Derecha que cabildeó intensamente el
martes pasado para que la Cámara de Diputados no aprobara la Ley de Amparo.
Cabildeo que ganó para su causa a un porcentaje importante de los diputados
perredistas —los integrantes de la expresión Izquierda Democrática Nacional
(IDN)— y a todos los diputados de Movimiento Ciudadano. El extremo de esta
desviación derechista de diputados que se reclaman a sí mismos de izquierda se
escuchó en la máxima tribuna de la Cámara, cuando uno de los dirigentes de Movimiento
Ciudadano demandó que se votara contra la Ley de Amparo —defendiendo de hecho
los derechos individuales de los grandes empresarios de las radiodifusoras y
televisoras— empleando los argumentos esgrimidos por John Locke, que es el
autor de la filosofía liberal que la burguesía inglesa del siglo XVII requería
para constituirse en clase hegemónica.
Los diputados integrantes del Partido del
Trabajo y los diputados perredistas de Nueva Izquierda tuvimos muy presente en
esa votación que las demandas de la Revolución Mexicana plasmadas en la
Constitución de 1917 nos mandatan no olvidar que “la nación tiene en todo
tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte
el interés público”; mandato muy lejano a los principios liberales planteados
por John Locke, principios que correspondían a una burguesía que en efecto
era progresista en el siglo XVII inglés, pero que ahora corresponden a la
burguesía mexicana más de derecha. Y precisamente por ese mandato
constitucional es que los diputados del PT y los de Nueva Izquierda del PRD es
que votamos en favor de la Ley de Amparo, que reintegra la soberanía del Estado
sobre los particulares en esta materia. En cuanto a la razón por la cual los
diputados del grupo mayor también votaron en favor de la Ley de Amparo,
conjeturo que debe ser tanto porque recordaron ese mandato como porque sacaron
del viejo armario, de los llamados regímenes de la Revolución Mexicana, la
bandera del nacionalismo revolucionario, haciendo a un lado la ideología neoliberal
que los ha caracterizado desde hace 27 años.
Muchos de los 95 puntos que integran los
cinco acuerdos del Pacto por México expresan tanto las banderas del Movimiento
Progresista que postuló a Andrés Manuel López Obrador a la
Presidencia de la República, como las banderas de un priismo que pudieran estar
más cercanas al nacionalismo revolucionario, que al neoliberalismo vigente.
Muchos políticos de izquierda nos preguntamos por qué los dirigentes de Nueva
Izquierda —que también encabezan al PRD—, en lugar de haber negociado solos el
Pacto por México, no hicieron lo siguiente: 1) haber tomado la agenda suscrita
por los tres partidos integrantes del Frente Legislativo de Izquierda firmada
desde agosto de 2012; 2) haber discutido, ampliado y profundizado esa agenda en
el marco institucional de los tres partidos; 3) haber presentado a la opinión
pública el proyecto de nación que basado en esa agenda se discutiría con el PAN
y con el PRI, y 4) haber podido así demostrar qué reformas y qué medidas son
sostenidas por la izquierda en beneficio de las mayorías, y qué reformas y qué
medidas son instrumentadas por el PAN y por el PRI en beneficio de las minorías
dominantes. Así hubiera sido más fácil obstaculizar el que el voto de muchos
diputados del PRD y de Movimiento Ciudadano estuviera a punto de hacer ganar
los intereses privados de las televisoras y radiodifusoras sobre el interés
público de la nación. En efecto, la votación del martes 12, del PAN, del Verde
movido por su telebancada y de los diputados de la IDN del PRD y de Movimiento
Ciudadano, sobre la Ley de Amparo alcanzó 218 votos, contra 235 votos del
Partido del Trabajo, de los diputados de Nueva Izquierda del PRD y de los
diputados del grupo mayor de la Cámara —de un PRI, que en esa votación, fue más
nacionalista revolucionario que neoliberal—.
De haberse discutido en la izquierda,
antes de la firma del Pacto por México, una agenda correspondiente a un
proyecto de nación alternativo al neoliberal hubiéramos podido hacer público el
modelo de economía —distinto al neoliberal prevaleciente— que estamos
discutiendo los diputados de cinco fracciones parlamentarias en la Comisión de
Competitividad de la Cámara de Diputados, con la participación de especialistas
muy destacados en los temas relacionados, tanto de las universidades públicas
como de las universidades privadas, y con destacados empresarios, dirigentes de
cámaras empresariales, así como, por supuesto, con dirigentes obreros y
sindicales, en talleres que se están realizando los miércoles en la Cámara de
Diputados. Este modelo quedará plasmado en la ley reglamentaria de las reformas
en materia de competitividad de los artículos 25 y 26 de la Constitución, que
están siendo aprobadas por el Constituyente Permanente.
Ley de Amparo, los riesgos
La votación en San Lázaro.
Foto: Eduardo Miranda
Foto: Eduardo Miranda
El nuevo marco legal fue festinado por diversos organismos, incluso por agrupaciones de derechos humanos reconocidos por su activismo a favor de las causas justas, sin embargo, en materia de suspensión provisional existen algunas indefiniciones que ponen en desventaja a quienes estas agrupaciones defienden.
No sólo se trata del artículo 129, que en su fracción XIII advierte que no se otorgará la suspensión cuando ello obstaculice al Estado a utilizar, aprovechar o explotar los bienes que establece el artículo 27 de la Constitución, es decir, hidrocarburos, agua, gas, aire, etcétera, que ya de por sí cierra la puerta de lucha a comunidades como la de Wirikuta –que por suerte ya tiene la suspensión en sus manos y en este caso la ley no es retroactiva–, sino que también pone sobre la mesa el costo de la suspensión, es decir, quien tenga más dinero será quien la gane.
Me explico. Entre las nuevas reglas para el otorgamiento de la suspensión, proceso que forma parte la decisión última de un amparo, el quejoso, es decir quien solicita la suspensión, deberá acreditar el daño inminente e irreparable que generaría el acto contra el cual busca el amparo.
...........sigue
http://www.proceso.com.mx/?p=333743
No hay comentarios:
Publicar un comentario