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La batalla por la educación
De: **John M. Ackerman (La Jornada)
Los maestros de Oaxaca y
Guerrero tienen razón. La reforma educativa de Enrique Peña Nieto no
busca fortalecer la educación pública ni acabar con el corporativismo,
sino reconfigurar el charrismo sindical en función de los intereses del
nuevoPRI y colocar el sistema de enseñanza nacional al servicio de las grandes corporaciones domésticas e internacionales. Existen múltiples formas para llevar a la práctica las recientes reformas a los artículos 3 y 73 de la Constitución. Pero la única manera de garantizar un desenlace positivo para la sociedad es mediante la participación de los maestros de base y el sindicalismo democrático en la elaboración de las leyes secundarias y en el nombramiento de las nuevas autoridades educativas.
Hoy la Carta Magna señala que el Estado debe
garantizar la calidadde la educación pública. Esta obligación se debe cumplir por medio del establecimiento de un servicio profesional docente y con la ampliación de las facultades y el otorgamiento de autonomía constitucional al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Pero la historia nos ha demostrado que, sin una amplia participación social, los esfuerzos de profesionalización de servidores públicos y de construcción de organismos autónomos no hacen más que recubrir y legitimar las prácticas corruptas de siempre.
La fallida aplicación del Servicio Profesional de Carrera es un
excelente botón de muestra. Este 10 de abril la ley federal en la
materia cumple 10 años, sin haber generado condiciones para una
verdadera profesionalización del gobierno federal. Vicente Fox, Felipe
Calderón y cada uno de los grises políticos designados como secretarios
de la Función Pública encontraron una variedad de maneras para soslayar
la ley por medio de reglamentos y acuerdos que garantizaban la
celebración de concursos de oposición a modo y la colocación de miles de
puestos fuera del alcance de la norma. No existe un solo experto en la
materia que celebre la manera en que se ha aplicado esta ley que, en su
momento, fue presumida por los gobiernos panistas como una gran
contribución a la democratización del país.
Peña Nieto ha continuado con la tendencia a la desprofesionalización
del gobierno federal. Las recientes reformas a la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal eliminan de un plumazo la Secretaría de
la Función Pública, institución creada en 2003 precisamente para
implementar el servicio profesional. El nuevo Presidente también logró
la aprobación de reformas a la Ley del Servicio Profesional de Carrera
que excluyen a miles de directores generales del gobierno federal de la
norma y dejan el espacio libre para la colocación de sus cómplices y
aliados.
La forma de nombramiento de los integrantes de la junta de gobierno
del nuevo INEE también busca garantizar la continuidad del manejo
faccioso de la educación pública. La Carta Magna indica que la decisión
se tomará a puerta cerrada por el propio Peña Nieto y sus amigos, sin
convocatoria o auscultación pública alguna para los candidatos. Después
de este arreglo cupular donde se hará la verdadera selección, una terna
falsa se llevará al Senado para que los representantes populares tengan
la oportunidad de fingir que escogen libremente al candidato previamente
decidido en Los Pinos. Y si por alguna razón los legisladores no
actuaran dentro de 30 días o sorpresivamente tuvieran la audacia de
rechazar las ternas del presidente, la reforma incluye el candado de que
el Presidente podrá designar de manera directa y unilateral a los
nuevos funcionarios.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) acertadamente ha denunciado los impulsos privatizadores de la
reforma. La nueva
autonomíade las escuelas para
mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos y resolver problemas de operación básicastiene el evidente fin de legalizar y expandir la práctica de obligar a las familias más humildes a realizar
aportaciones voluntariaspara garantizar condiciones mínimas para la educación de sus hijos. Esta
autonomíatambién abre la puerta para, a imagen y semejanza de lo que ocurre hoy en Estados Unidos, generar una enorme diferencia de financiamiento entre las escuelas públicas que sirven a los sectores más prósperos y aquellas otras ubicadas en los barrios y poblaciones más humildes. Los terribles efectos de este tipo de privatización y segregación escolar han sido ya ampliamente documentados por los expertos en la materia.
Es cierto que nadie podrá reponer las incontables horas perdidas por
los miles de vacacionistas que se dirigían a Acapulco el pasado viernes,
22 de marzo. Ellos no son los culpables de la regresión autoritaria que
hoy se vive en el país y no tendrían que haber pagado los platos rotos
de la cerrazón política de las autoridades. Pero la manera de evitar
futuras interrupciones no es con la represión de los disidentes y la
exclusión de las opiniones discrepantes, sino con su plena inclusión en
el debate y la elaboración de las políticas públicas.
Nuestro sistema educativo no debe apuntar a formar obreros obedientes
listos para vender a precio de remate su mano de obra a la oligarquía
nacional y el capital internacional, sino a generar ciudadanos críticos
que buscan participar plenamente en las decisiones políticas nacionales y
luchar por la justicia social. Defendamos nuestro derecho a una
educación verdaderamente de calidad.
**John Mill Ackerman Rose es un académico e investigador mexicano,
profesor de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es
columnista en el diario La Jornada y en la revista Proceso.
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