Advierte ONG sobre vulnerabilidad de defensores de migrantes
MÉXICO, D.F. (apro).- En lo que va del sexenio de Felipe Calderón, los ataques, asesinatos, privación de la libertad, amenazas y deslegitimación del trabajo de los defensores de derechos humanos de migrantes aumentaron a tal grado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó medidas cautelares de protección a favor de los activistas, quienes han sido amenazados por el crimen organizado, o bien, por las propias autoridades.
Lo anterior se desprende del “Informe sobre la situación de las y los defensores de las personas migrantes en México”, que este viernes dio a conocer la organización Movilidad Humana, donde trabajan defensores de derechos humanos como el padre Alejandro Solalinde, así como religiosas de diferentes órdenes y también laicos.
El documento hace referencia al informe que presentó la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en México, donde se establece que “el principal riesgo de los defensores de las personas migrantes se relaciona con la denuncia de las actividades del crimen organizado, porque en ocasiones existe complicidad entre las autoridades y el crimen organizado”.
De acuerdo con el punto número 27 del informe de Movilidad Humana, “la intimidación y el acoso sistemático de autoridades (locales y federales) y miembros de la delincuencia organizada ha intentado amedrentar a los defensores para que dejen de desarrollar su labor, apoderarse de los albergues y detener las denuncias de las violaciones de derechos humanos y delitos que cometen”.
De ambos textos se desprende que el aumento del crimen organizado y sus nuevas formas de violencia inauguradas en el sexenio calderonista, así como los ataques a albergues y casas de apoyo a migrantes, van de la mano.
Cabe señalar que en diciembre pasado un integrante de Los Zetas que fue detenido reveló, durante su declaración ministerial –grabada y transmitida por Televisa–, que debido a las bajas que ha tenido esa organización criminal, están reclutando a migrantes como gatilleros o para que realicen diversos trabajos.
De acuerdo con el informe de Movilidad Humana, en el año 2004 tuvieron un solo ataque contra uno de sus centros, y lo mismo ocurrió en 2005, mientras que en 2006 no se presentaron eventos de ese tipo. Sin embargo, de 2009 a julio de 2011 han ocurrido 60 ataques diversos, entre ellos el asesinato de dos defensores de los derechos humanos.
De 2007 (año en que Felipe Calderón intensificó la guerra contra el narcortráfico) a 2009, los centros de derechos humanos y sus defensores fueron objeto de 16 agresiones diversas, mientras que en 2010 se prepetraron 29 y 15 en lo que va de este año.
Además, “intentaron amedrentar a los defensores para que les entregaran a las personas migrantes alojadas en los albergues y casas del migrante”, se lee en el documento, en el que se aclara que en algunos casos, por seguridad, no detallan el nombre de la persona agredida o del albergue en que labora.
En suma, agrega, los ataques han ido desde privación al derecho a la vida, privaciones ilegales de la libertad, agresiones físicas y atentados en contra de la integridad, hasta hostigamientos, uso arbitrario del sistema penal, injerencias arbitrarias (robo de información y allanamiento de oficinas), amenazas y acciones de deslegitimación del trabajo de los defensores.
Un ejemplo del último tipo de agresión fue el que ocurrió en Coahuila, donde el Congreso local aprobó por unanimidad un punto de acuerdo en el que se criminaliza la labor de los defensores.
El Congreso de Coahuila exigió actualizar la Ley General de Probación para regular “en forma clara el funcionamiento de las llamadas casas del migrante, que alberga personas con antecedentes penales o de perfil criminal, y en esos lugares gozan de impunidad y tranquilidad, evitando el asedio de las autoridades y la investigación de sus antecedentes”.
Movilidad Humana denunció la “vulnerabilidad” en que se encuentran los defensores de los migrantes, “porque en los últimos dos años los actores estatales y no estatales han aumentado en contra de ellos los ataques, hostigamientos, amenazas y allanamientos”.
Además, ha habido nueve amenazas de muerte contra ellos, y diversos grupos han asegurado a los defensores que son vigilados, por ejemplo, en Saltillo y Piedras Negras, Coahuila.
En otros casos, la propia autoridad ha atacado a los centros y las personas que los dirigen, acusándolos de los delitos de tráfico de personas y obstrucción a la autoridad.
Según el documento, en agosto de 2010, “funcionarios de la delegación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca modificaron las declaraciones de varios menores de edad de origen hondureño, sin acompañamiento consular, con la intención de acusar a su madre, al padre Alejandro Solalinde y a otra persona de ser parte de una red de tráfico de menores”.
La acusación contra el padre no prosperó e incluso cuenta con medidas de protección cautelar solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, tres centros gozan en su totalidad de este tipo de medidas de la CIDH: Albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca (encabezdo por el padre Solalinde); Belem, Posada del Migrante, localizado en Saltillo, Coahuila, y un tercero del que, por la gravedad de los ataques recibidos a sus miembros, se evitó dar el nombre.
En el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, seis centros son beneficiarios de medidas cautelares de protección. Entre ellos están los dos arriba mencionados, así como Casa del Peregrino, Frontera Digna, ubicado en Piedras Negras, Coahuila; Centro de Derechos Humanos, en Nuevo Laredo, Tamaulipas; Casa de la Calidad Cristiana, en San Luis Potosí, y Albergue San Juan Diego, Lechería, en el Estado de México.
Movilidad Humana depende de la Pastoral Social de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), que tiene como misión “acompañar espiritual y pastoralmente a las personas migrantes, desde su acogida, asesorándolos y defendiendo sus derechos humanos. Está integrada por más de 500 agentes de la pastoral, entre obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, laicas y laicos”, se lee en el texto.
http://www.proceso.com.mx/?p=276712
Lo anterior se desprende del “Informe sobre la situación de las y los defensores de las personas migrantes en México”, que este viernes dio a conocer la organización Movilidad Humana, donde trabajan defensores de derechos humanos como el padre Alejandro Solalinde, así como religiosas de diferentes órdenes y también laicos.
El documento hace referencia al informe que presentó la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en México, donde se establece que “el principal riesgo de los defensores de las personas migrantes se relaciona con la denuncia de las actividades del crimen organizado, porque en ocasiones existe complicidad entre las autoridades y el crimen organizado”.
De acuerdo con el punto número 27 del informe de Movilidad Humana, “la intimidación y el acoso sistemático de autoridades (locales y federales) y miembros de la delincuencia organizada ha intentado amedrentar a los defensores para que dejen de desarrollar su labor, apoderarse de los albergues y detener las denuncias de las violaciones de derechos humanos y delitos que cometen”.
De ambos textos se desprende que el aumento del crimen organizado y sus nuevas formas de violencia inauguradas en el sexenio calderonista, así como los ataques a albergues y casas de apoyo a migrantes, van de la mano.
Cabe señalar que en diciembre pasado un integrante de Los Zetas que fue detenido reveló, durante su declaración ministerial –grabada y transmitida por Televisa–, que debido a las bajas que ha tenido esa organización criminal, están reclutando a migrantes como gatilleros o para que realicen diversos trabajos.
De acuerdo con el informe de Movilidad Humana, en el año 2004 tuvieron un solo ataque contra uno de sus centros, y lo mismo ocurrió en 2005, mientras que en 2006 no se presentaron eventos de ese tipo. Sin embargo, de 2009 a julio de 2011 han ocurrido 60 ataques diversos, entre ellos el asesinato de dos defensores de los derechos humanos.
De 2007 (año en que Felipe Calderón intensificó la guerra contra el narcortráfico) a 2009, los centros de derechos humanos y sus defensores fueron objeto de 16 agresiones diversas, mientras que en 2010 se prepetraron 29 y 15 en lo que va de este año.
Además, “intentaron amedrentar a los defensores para que les entregaran a las personas migrantes alojadas en los albergues y casas del migrante”, se lee en el documento, en el que se aclara que en algunos casos, por seguridad, no detallan el nombre de la persona agredida o del albergue en que labora.
En suma, agrega, los ataques han ido desde privación al derecho a la vida, privaciones ilegales de la libertad, agresiones físicas y atentados en contra de la integridad, hasta hostigamientos, uso arbitrario del sistema penal, injerencias arbitrarias (robo de información y allanamiento de oficinas), amenazas y acciones de deslegitimación del trabajo de los defensores.
Un ejemplo del último tipo de agresión fue el que ocurrió en Coahuila, donde el Congreso local aprobó por unanimidad un punto de acuerdo en el que se criminaliza la labor de los defensores.
El Congreso de Coahuila exigió actualizar la Ley General de Probación para regular “en forma clara el funcionamiento de las llamadas casas del migrante, que alberga personas con antecedentes penales o de perfil criminal, y en esos lugares gozan de impunidad y tranquilidad, evitando el asedio de las autoridades y la investigación de sus antecedentes”.
Movilidad Humana denunció la “vulnerabilidad” en que se encuentran los defensores de los migrantes, “porque en los últimos dos años los actores estatales y no estatales han aumentado en contra de ellos los ataques, hostigamientos, amenazas y allanamientos”.
Además, ha habido nueve amenazas de muerte contra ellos, y diversos grupos han asegurado a los defensores que son vigilados, por ejemplo, en Saltillo y Piedras Negras, Coahuila.
En otros casos, la propia autoridad ha atacado a los centros y las personas que los dirigen, acusándolos de los delitos de tráfico de personas y obstrucción a la autoridad.
Según el documento, en agosto de 2010, “funcionarios de la delegación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca modificaron las declaraciones de varios menores de edad de origen hondureño, sin acompañamiento consular, con la intención de acusar a su madre, al padre Alejandro Solalinde y a otra persona de ser parte de una red de tráfico de menores”.
La acusación contra el padre no prosperó e incluso cuenta con medidas de protección cautelar solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, tres centros gozan en su totalidad de este tipo de medidas de la CIDH: Albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca (encabezdo por el padre Solalinde); Belem, Posada del Migrante, localizado en Saltillo, Coahuila, y un tercero del que, por la gravedad de los ataques recibidos a sus miembros, se evitó dar el nombre.
En el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, seis centros son beneficiarios de medidas cautelares de protección. Entre ellos están los dos arriba mencionados, así como Casa del Peregrino, Frontera Digna, ubicado en Piedras Negras, Coahuila; Centro de Derechos Humanos, en Nuevo Laredo, Tamaulipas; Casa de la Calidad Cristiana, en San Luis Potosí, y Albergue San Juan Diego, Lechería, en el Estado de México.
Movilidad Humana depende de la Pastoral Social de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), que tiene como misión “acompañar espiritual y pastoralmente a las personas migrantes, desde su acogida, asesorándolos y defendiendo sus derechos humanos. Está integrada por más de 500 agentes de la pastoral, entre obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, laicas y laicos”, se lee en el texto.
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