Atentado a la libertad de expresión
La izquierda deberá dotar a los ciudadanos de la capacidad de decisión en torno al camino que quieren seguir.
Adolfo Orive Un asunto que se asoma preocupante para quienes conforman la opinión pública, para los ciudadanos que requerimos de una información plural y para una democracia liberal representativa en construcción, es la descalificación y exclusión de quienes no concuerdan con los postulados y planteamientos de los políticos que pretenden ostentar el poder del Ejecutivo a partir del próximo 1 de diciembre.
El mejor ejemplo de lo anterior es lo acontecido al doctor John Ackerman, colaborador de la Segunda Emisión de MVS Noticias. Quienes seguimos de manera frecuente y cercana el trabajo del investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sabemos que su capacidad de análisis, conocimiento jurídico y sensibilidad social le han permitido advertir y señalar un buen número de irregularidades en la campaña del presunto ganador de la reciente elección presidencial. Sin ahondar en explicaciones, los directivos de dicha cadena decidieron suspender súbitamente las participaciones del columnista aduciendo “falta de tiempo”.
Estamos ante un partido —el PRI—, que de nuevo no tiene más que su reciente ideología neoliberal y, por el contrario, heredó y replicó la censura a la libertad de expresión de aquel viejo régimen autoritario. Señala Ackerman en parte de la carta que dirigió el 31 de julio aJoaquín Vargas, director de la radiodifusora: “Me veo obligado a renunciar para no ser cómplice del silencio y la manipulación mediática promovida por el equipo de Enrique Peña Nieto”.
Este atentado a la libertad de expresión es una trayectodependencia del PRI. El término indica el proceso mediante el cual ciertas realidades se repiten en el tiempo como dependencias de sus trayectorias pasadas.
Otra trayectodependencia de la época del régimen autoritario surgió en la institución electoral —el IFE— creada a fin de dar certeza a los mexicanos, cuando expresó su propia dependencia respecto a la tradición del viejo régimen, al supeditar y condenar el destino de un país y el voto de sus ciudadanos a un asunto de dinero. Además, con su decisión refuerza la trayectoria de profundizar las prácticas propias de la democracia liberal en su versión más mercantil. En los hechos fijan en la mente de los menos favorecidos, que su libertad de elección termina cuando comienza su necesidad de sobrevivir.
Ante el rechazo del IFE de crear un procedimiento extraordinario de fiscalización de la reciente contienda propuesto por los partidos de izquierda con el argumento de “contravenir plazos y procesos definidos en la ley”, queda claro que aunque los problemas no sean nuevos, sino por el contrario acompañen la realidad nacional casi a nivel cotidiano, éstos difícilmente se buscan erradicar. El doctor Lorenzo Córdova, consejero electoral, reconoció apenas esta semana que el proceso de calificación de la elección presidencial “corre con tiempos diferentes respecto del proceso de fiscalización de gastos de campaña”.
La trayectodependencia se hace evidente al revisar una nota del periódicoReforma del 9 de junio de 2001 titulada: “Coinciden en la falta de control sobre financiamiento en la política”. El contenido relata un seminario internacional, celebrado en aquellos días, el cual abordaba el origen del dinero en las contiendas políticas y el “reto a la democracia” que ello representaba. Sintomático resulta revisar las palabras del entonces presidente del IFE, José Woldenberg, quien aseguraba que el financiamiento a la política y el papel de los medios de comunicación en las contiendas electorales eran “problemas medulares”, un “reto para garantizar la limpieza en las elecciones”.
Once años han pasado, dos contiendas electorales marcadas por problemas ilegales, por prácticas igualmente trayectodependientes: el fraude realizado en 2006 por el PAN y la compra de votos, ahora, por el PRI. Vuelvo a nuestro concepto inicial: “Ciertas realidades se repiten en el tiempo como dependencias de sus trayectorias pasadas”. No obstante que para muchos países somos referentes en torno a la forma en cómo se organizan los comicios, seguro estoy que esta realidad espantaría a más de uno.
En un artículo publicado en una revista de circulación nacional este mes de agosto, el investigador del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, Javier Aparicio, enfatiza la importancia que tienen los legisladores y los partidos de terminar con la tolerancia en el exceso de gastos de campaña y castigarlo de manera ejemplar puesto que no hacerlo promueve el clientelismo. Cito: “Atar las manos al desvío de recursos en todos los órdenes de gobierno, fiscalizar ingresos y gastos de campaña y castigar las peores prácticas clientelares para movilizar o persuadir votantes, son tres viejos problemas” que deben erradicarse ya.
Con el objetivo de poner fin a esos viejos problemas –trayectodependientes—, la izquierda deberá emprender las reformas necesarias para erradicarlos y, al mismo tiempo para dotar a los ciudadanos de la capacidad de decisión en torno al camino que quieren seguir, a cómo se quieren construir como sociedad y blindarlos de manera que ninguna solución efímera o vistosa influya en el rumbo que desean para el país.
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&id_nota=854254
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