Dile a Felipe Calderón que apoyas el derecho de acceso a la Justicia Internacional.
Acción promovida por Jesús Robles Maloof
Pronunciamiento sobre el anuncio de acciones legales del Gobierno y/o funcionarios vs. de los ciudadanos que han informado a la CPI sobre la situación en México
Los abajo firmantes, seguidores del acontecer nacional provenientes de diversos ámbitos académicos, políticos y profesionales, compartimos la preocupación de que el gobierno federal y/o sus funcionarios públicos entablen acciones legales en contra de los 23 mil ciudadanos mexicanos que, en pleno ejercicio de su derecho de acudir a instancias legales internacionales, han ofrecido información al Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para que, de acuerdo con el artículo 15 del Estatuto de Roma, se investigue la posible comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad tanto por funcionarios públicos como por narcotraficantes en México.
Estamos convencidos que esta acción del gobierno violentaría, entre otros, los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como los artículos 1, 6, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Independientemente de que la información en cuestión desemboque o no en una investigación del Fiscal de la CPI, sea considerada jurídicamente viable por los jueces de la CPI, o pueda ser o no refutada por el mismo gobierno federal con base en los argumentos jurídicos del caso en cuestión, hoy resulta sumamente preocupante que se pretenda intimidar a los ciudadanos denunciantes al emprender acciones legales en su contra.
Invitamos respetuosamente al gobierno federal, y en particular al presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, a que reconsidere este curso de acción que podría afectar gravemente el Estado de Derecho, la libertad de expresión y la convivencia democrática en el país.
Al firmar la petición estarás enviando esta carta
Destinatario: Felipe Calderón Hinojosa
PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL ANUNCIO DE POSIBLES ACCIONES LEGALES POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL Y/O FUNCIONARIOS PUBLICOS EN CONTRA DE LOS 23,000 CIUDADANOS QUE HAN INFORMADO A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL SOBRE LA SITUACION DE VIOLENCIA Y VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS EN MEXICO
Los abajo firmantes, seguidores del acontecer nacional provenientes de diversos ámbitos académicos, políticos y profesionales, compartimos la preocupación de que el gobierno federal y/o sus funcionarios públicos entablen acciones legales en contra de los 23 mil ciudadanos mexicanos que, en pleno ejercicio de su derecho de acudir a instancias legales internacionales, han ofrecido información al Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para que, de acuerdo con el artículo 15 del Estatuto de Roma, se investigue la posible comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad tanto por funcionarios públicos como por narcotraficantes en México.
Estamos convencidos que esta acción del gobierno violentaría, entre otros, los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como los artículos 1, 6, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Independientemente de que la información en cuestión desemboque o no en una investigación del Fiscal de la CPI, sea considerada jurídicamente viable por los jueces de la CPI, o pueda ser o no refutada por el mismo gobierno federal con base en los argumentos jurídicos del caso en cuestión, hoy resulta sumamente preocupante que se pretenda intimidar a los ciudadanos denunciantes al emprender acciones legales en su contra.
Invitamos respetuosamente al gobierno federal, y en particular al presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, a que reconsidere este curso de acción que podría afectar gravemente el Estado de Derecho, la libertad de expresión y la convivencia democrática en el país.
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Los abajo firmantes, seguidores del acontecer nacional provenientes de diversos ámbitos académicos, políticos y profesionales, compartimos la preocupación de que el gobierno federal y/o sus funcionarios públicos entablen acciones legales en contra de los 23 mil ciudadanos mexicanos que, en pleno ejercicio de su derecho de acudir a instancias legales internacionales, han ofrecido información al Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para que, de acuerdo con el artículo 15 del Estatuto de Roma, se investigue la posible comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad tanto por funcionarios públicos como por narcotraficantes en México.
Estamos convencidos que esta acción del gobierno violentaría, entre otros, los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como los artículos 1, 6, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Independientemente de que la información en cuestión desemboque o no en una investigación del Fiscal de la CPI, sea considerada jurídicamente viable por los jueces de la CPI, o pueda ser o no refutada por el mismo gobierno federal con base en los argumentos jurídicos del caso en cuestión, hoy resulta sumamente preocupante que se pretenda intimidar a los ciudadanos denunciantes al emprender acciones legales en su contra.
Invitamos respetuosamente al gobierno federal, y en particular al presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, a que reconsidere este curso de acción que podría afectar gravemente el Estado de Derecho, la libertad de expresión y la convivencia democrática en el país.
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