Oficio de Papel
Columna semanal del periodista Miguel Badillo
Autoritarismo e impunidad presidencial
Los 4: Salinas, Zedillo, Fox y Calderón
La corrupción solapada desde Los Pinos
“Peor que un crimen, es la estupidez política”: Fouché
Son muchos los ejemplos de esa impunidad presidencial amparada en un fuero que ya no tiene razón de ser, aunque ahora el Senado lo haya acotado sin que deje de existir. Estos son algunos casos de los muchos abusos cometidos desde el poder por los últimos cuatro presidentes de la República, dos del PRI y dos del PAN.
En el gobierno del priista Carlos Salinas de Gortari, el exmandatario se aprovechó del poder y dispuso de miles de millones de pesos a través de una partida secreta de dinero público. Con ella enriqueció a familiares y amigos, a quienes les transfirió a cuentas bancarias privadas fondos del erario.
Obviamente, durante la gestión de Salinas (1988-1994) ningún órgano de control del gobierno se atrevió a investigar y mucho menos a procesarlo por dicho desvío de recursos públicos. Fue hasta el gobierno de Ernesto Zedillo, también priista, cuando se abrió un expediente penal en la Procuraduría General de la República en contra del expresidente por el delito de peculado, al desviar fondos públicos a cuentas personales de parientes, subalternos, socios y amigos.
Pero ni siguiera un gobierno distinto al de Salinas, con quien Zedillo rompió cuando asumió la Presidencia, logró que un juez declarara culpable al exmandatario, aun con las pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal como son los estados financieros y cuentas bancarias entregadas por la Unidad de Lavado de Dinero de la PGR, y ese grave delito quedó impune. El argumento legal con el cual Salinas libró la cárcel, fue que el dinero público que ingresaba a esa partida secreta no tenía destino, es decir que al Congreso se le olvidó etiquetar su destino para obras públicas específicas, de tal manera que la presidencia la podía utilizar en lo que se le ocurriera a Salinas, quien decidió utilizarla para expedir cheques y beneficiar a sus hermanos, funcionarios públicos, intelectuales orgánicos, periodistas cómodos y amigos.
Otro caso de impunidad salinista fue la permisibilidad del entonces presidente de la República para que sus hermanos hicieran negocios al amparo del poder. Lo más evidente fueron las andanzas de Raúl Salinas y las corruptelas cometidas en Conasupo, de donde fue funcionario, que le permitió acumular una cuantiosa fortuna y después los millones de dólares que le descubrieron en cuentas bancarias abiertas con nombres apócrifos en países de América y Europa. Esto marco el final de una época en donde el PRI se servía con todo para abusar del erario público.
Otro caso de abuso presidencial fue en el gobierno de también priista Ernesto Zedillo, quien uso el poder (1994-2000) para que su familia, hermanos principalmente, obtuvieran condonaciones fiscales, evadieran al fisco y recibieran un trato privilegiado de parte de la Secretaría de Hacienda sobre el resto de millones de mexicanos. La familia Zedillo también hizo negocios con la venia del poder de Los Pinos. Documentos publicados en esta columna así confirman esa impunidad para evadir la acción de la justicia.
Fue precisamente esos excesos del poder presidencial lo que motivó que los mexicanos fueran a las urnas en el 2000 y decidieran que era hora de la alternancia y dieron paso al cambio de partido político en el poder en busca de algo de justicia. Así, el PAN, por conducto de Vicente Fox, ganó las elecciones presidenciales (2000-2006) y se repitió la historia de corrupción, abuso, negligencia y omisión.
Aunque creíamos haber visto todo en 70 años de gobiernos priistas, volvió el tráfico de influencias y el abuso del poder presidencial. Con Fox arribaron a Los Pinos su esposa Marta y sus hijos, quienes se encargaron de mostrarnos la otra cara de la oposición de derecha: el abuso, el tráfico de influencias, negocios sucios, corrupción, torpezas e impunidad. Más de lo mismo que el PRI había hecho durante 70 años.
Fue hasta entonces cuando los mismos panistas y los millones de mexicanos padecimos a la “familia presidencial” foxista. Lo más visible fueron los escándalos de su familia política, cómo los hermanos Bribiesca Sahagún, hijastros de Fox, hicieron negocios con empresas privadas petroleras para que Pemex les otorgara millonarios contratos públicos a cambio de jugosas comisiones. Eso lo declaró en este espacio el propio Manuel Bribiesca y así se publicó en su momento.
Nuevamente la corrupción e impunidad se imponían a los intereses de la nación. Nadie pudo impedir esos negocios sucios, ni aún con la creación de comisiones especiales conformadas en el Congreso, como tampoco su órgano interno de control, la Auditoría Superior de la Federación, los cuales siempre encontraron frenos políticos para impedir procesar y enjuiciar a los Bribiesca. El poder presidencial se imponía una vez más a otros poderes y la familia Fox quedaba al margen de la justicia.
Vendría después el gobierno del también panista Felipe Calderón (2006-2012), quien empezó su gobierno en medio del peor escándalo de fraude electoral, lo que durante los últimos cinco años lo ha mantenido nervioso y bajo acusaciones directa de la oposición de usurpar un cargo que no le corresponde. En poco tiempo el mandatario actual dio visos de cómo gobernaría. La revista Contralínea publicó cómo Calderón avaló y protegió los negocios que su amigo y compañero de gabinete Juan Camilo Mouriño hizo con Pemex al amparo del poder público. De este caso Mouriño libró a la justicia, pero no así el juicio del pueblo, que lo hizo pagar hasta su accidental muerte un año después.
Otro caso de impunidad en el gabinete calderonista y que dimos a conocer en esta columna, fue la protección de Los Pinos al panista Patricio Patrón Laviada, quien se desempeño como exgobernador de Yucatán y exprocurador federal de Protección al Ambiente, quien junto con sus familiares fueron acusados de supuestos vínculos con cárteles del narcotráfico y el lavado de dinero.
De este problema escribimos aquí que fue la misma Secretaría de Hacienda la que acusó ante la Procuraduría General de la República a la familia Patrón Laviada, pero por instrucciones de Los Pinos “extraviaron” en la PGR el espinoso expediente penal abierto a finales del sexenio de Vicente Fox. Para evitar que fuera enjuiciado, la PGR dio carpetazo a dicha indagatoria que había sido bien estructurada por los investigadores fiscales de la Unidad de Inteligencia Financiera, órgano dependiente de Hacienda.
Esa es una historia de corrupción, tráfico de influencias y delincuencia organizada donde, al final, no pasó nada por la intervención del presidente de la República.
Esa historia inició a finales del sexenio foxista, cuando en la Procuraduría General de la República despachaba Daniel Cabeza de Vaca, actual consejero de la Judicatura Federal, y la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda recibió una denuncia penal de la UIF por el delito de lavado de dinero en contra de la familia del exgobernador de Yucatán.
Ante la negativa para seguir la investigación y consignar el expediente ante un juez federal, la Secretaría de Hacienda requirió a la PGR que informara sobre la denuncia que presentó en contra de familiares y amigos del entonces procurador del medio ambiente, quienes supuestamente se aprovecharon cuando Patrón Laviada era gobernador de Yucatán, para utilizar recursos de procedencia ilícita e introducirlos al sistema financiero mexicano. Al final nunca fue consignado el expediente abierto en la PGR y Patrón Laviada sólo renunció a la Profepa para refugiarse en su natal Yucatán, sin que él ni nadie de su familia enfrentara a la justicia.
Acusación en la Corte Penal Internacional
Con el propósito de combatir esa impunidad presidencial, en los últimos días se desató una discusión en el país sobre la imposibilidad de juzgar en México al presidente de la República y las razones que llevaron a miles de mexicanos a firmar una denuncia en su contra y presentarla ante la Corte Penal Internacional de La Haya por los delitos de crímenes de guerra y lesa humanidad.
El antecedente son los 60 mil mexicanos asesinados y desaparecidos por motivos de la “guerra” promovida por el gobierno de Felipe Calderón para “combatir” al crimen organizado, en donde miles de niños, mujeres, ancianos, hombres, defensores de derechos humanos y periodistas inocentes han perdido la vida.
Informes de organismos defensores de derechos humanos reportan que en el gobierno de Calderón suman mil 200 niños muertos por la “guerra” contra el narcotráfico, muchos más menores de edad han sido involucrados en actividades del crimen organizado; al menos 63 defensores de derechos humanos y luchadores sociales perdieron la vida; 75 periodistas fueron asesinados y desaparecidos; las familias desplazadas por la violencia suman decenas de miles; y la PGR no ha podido investigar cada uno de los 60 mil homicidios y desaparecidos.
Aun con estos datos escalofriantes, sabemos que difícilmente ese órgano de justicia internacional procederá en contra del presidente mexicano y la acusación quedará sólo ante el mundo como una protesta de impotencia de muchos mexicanos que ven en México una ausencia de justicia, abuso de autoridad y una impunidad que crece día con día.
Seguramente Calderón no llegará a juicio ante dicha Corte, aún después de que haya concluido su mandato. Sin embargo, hay otros juicios que el mandatario mexicano no podrá eludir y que, al igual o peor que sus antecesores, deberá enfrentar.
Se trata del juicio público y del juicio de la historia. En el primero parte de la sociedad ya lo ha juzgado y lo ha encontrado culpable de autoritarismo, impunidad, abuso de poder y los crímenes de miles de compatriotas que perdieron la vida en una lucha que ellos nada tenían que ver. Para conocer el fallo del segundo juicio habrá que esperar, pues sin duda que la historia le tiene un lugar reservado y una dura sentencia que enfrentará por más lejos que se refugie o por más oculto esté.
oficiodepapel@yahoo.com.mx
No hay comentarios:
Publicar un comentario