Jesusa Cervantes
MÉXICO, D.F., 26 de marzo (apro).- Este año en México se cumplen el bicentenario de la Independencia, el centenario de la Revolución… y también una década de que el PAN llegó al poder.
Si hace casi diez años los mexicanos celebraron el destierro de los gobiernos totalitarios del PRI, donde nada se movía sin la venia del presidente de la República, ahora es tiempo de que los ciudadanos reflexionen sobre la opción que tomaron aquel 2 de julio del año 2000.
Hace una década el país sufrió un giro, sí, pero no fue para mejorar las condiciones de vida, para abatir la pobreza o los niveles de desempleo de la población; la decisión que se tomó aquel 2000 no ha ayudado a tener un país más democrático. Lo que hay es un gobierno panista corrupto, de doble discurso, de simulación, de sometimiento, de componendas con el PRI para tratar de mantenerse en el poder y, lo más peligroso, de desgobierno.
El de Vicente Fox fue un sexenio perdido para el país, es cierto; pero el de Felipe Calderón ha sido el gobierno del caos, de un estado fallido donde parece no haber rumbo y donde la violencia parece imparable.
Calderón convirtió a México en un polvorín que mes con mes estalla a lo largo y ancho del paíos, de norte a sur y de oriente a occidente. La zona de conflicto está en Michoacán, en Morelos, en Chihuahua, en...
Felipe Calderón inició una guerra contra el narcotráfico que parece no terminar. Lo peor es que lo hizo con el objetivo de cumplir las exigencias de Estados Unidos, país que determina qué hacer.
En la década de los setenta, el vecino país quería inhibir la oferta de la droga, de ahí que los países productores de enervantes, --como Colombia— y los transportistas —como México--, sufrieran ciertas presiones, como aquella llamada “certificación”.
En México, quienes se dedicaban al trasiego de la droga sólo se preocupaban por cuidar la ruta, por lo que la violencia era focalizada.
Dos décadas después, en los años noventa, Estados Unidos cambió su objetivo y en lugar de tratar de inhibir la oferta de la droga, decidió detener el consumo y esto modificó el actuar de las organizaciones criminales. Así, el pago por el transporte ya no se hace en dinero, sino en especie, con la condición de que la droga que se está dejando no ingrese a territorio estadunidense para no generar una sobreoferta.
Esto generó que el pago, es decir, la droga, obligue a las organizaciones criminales que ya no sólo se preocupen por la ruta, sino por colocar el producto. Los obligó a coaligarse con organizaciones locales, de las comunidades, de los municipios que, al tener un nuevo elemento qué vender, evolucionaron rápidamente y entonces empezó la lucha por el territorio.
El pleito por la plaza, y no por la ruta, generó mayor violencia. En México, en los últimos ocho años el consumo aumentó 70% porque la droga ya no iba al vecino país, se quedaba aquí, había que vender el pago por el trasiego.
La política de Estados Unidos ha sido que la droga no llegue a su territorio y las políticas del gobierno mexicano ha sido dar cumplimiento a ello, nunca a tratar de disminuir el consumo de los mexicanos o a reducir los niveles de violencia que cada día van en aumento.
Así, Calderón y Fox, los gobiernos panistas, decidieron someterse a los designios de Estados Unidos pero descuidando todo lo que ocurre en México.
Qué no sorprenda ahora por qué tanta violencia.
El gobierno panista trata de vender la idea de que si los enfrentamientos entre los distintos grupos criminales se ha incrementado es por los grandes golpes que les ha asestado la autoridad.
Todo parece indicar que no es así; que más bien, al cambiar la política norteamericana y al quedarse la droga en México, y la urgencia de los grupos criminales por venderla, éstos iniciaron una lucha por el territorio, por la plaza.
Estados Unidos parecía estar contento con el actuar del gobierno, lo aplaudía, pero bastó que le mataran a tres ciudadanos estadunidenses para que enviara a funcionarios de alto nivel al país a dar un golpe de mano, a regañar a las autoridades mexicanas y a decirles que su política de combate al narcotráfico, que la guerra emprendida por Calderón, no es la idónea.
Ahora sí piensa en programas sociales y hasta se compromete con el gobierno mexicano a establecer programas pilotos en Tijuana y Ciudad Juárez, para irse a la raíz del problema.
Esto lo debió hacer el gobierno mexicano hace muchos años, para ser exactos, desde que el incremento en el consumo de la droga empezó a extenderse. Desde que la matrícula escolar les cerraba las puertas a los jóvenes y el desempleo iba cada vez más en aumento, dejándoles como única opción dedicarse a trabajos ilícitos, a contratarse como sicarios, a ser narcomenudistas.
De ahí que se sostenga que el gobierno panista ha sido de sometimiento. Un sometimiento a lo que dicte Estados Unidos en ataque al narcotráfico.
Pero también es un gobierno de simulación y de doble discurso. Y si no, basta con mirar al presidente municipal de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, quien contrató de informante a alguien presuntamente vinculado con la organización criminar de los Beltrán Leyva.
Desde su campaña para presidente municipal, el actual edil panista dijo que era mejor hacer acuerdos con el narcotráfico para controlar el flagelo del tráfico de drogas, la clase política se escandalizó por su dicho.
Ahora resulta que la clase política siempre lo supo. Por lo menos, eso dijo el propio presidente municipal en sus declaraciones ministeriales, en las que reveló que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, siempre estuvo enterado de que recurriría a informantes para atacar al narcotráfico. Esa es la doble moral panista.
¿Qué se puede pensar del diputado local panista, presidente del Congreso local de Baja California, Víctor González Ortega, a quien elementos de la Policía Municipal detuvieron en posesión piedras de cocaína y en total estado de ebriedad?
Era el presidente del Congreso del estado, un político que, se supone, debe hacer leyes para combatir lo ilegal. Los panistas se escandalizan de lo que ocurre en otros lados, pero no se ven así mismos.
Seguramente en todos los partidos existen políticos que consumen drogas, como ocurre en todos los sectores de la sociedad, la diferencia estriba en esos políticos, los panistas, forman parte del partido gobierno y ofrecen un doble discurso. Caen en la simulación.
La drogadicción es una enfermedad, no un asunto de moral, de discursos o de simulaciones. En México el consumo aumenta cada día y Felipe Calderón no ha dado muestras de querer abatirla o de tratar de cambiar las condiciones sociales que llevan a ello.
Lo único que hace es bajar la cabeza, aceptar las imposiciones del gobierno estadunidense y simular que combate al narcotráfico. El problema de esto es que está llevando al país a una violencia que parece no tener fin y, lo peor de todo, a que inocentes mueran en esta supuesta guerra contra el narcotráfico.
Por este tipo de gobierno votó la ciudadanía aquel 2 de julio del año 2000, por este tipo de gobierno se dejó la ciudadanía imponer aquel 2006. La violencia, la inseguridad, la muerte está presente en las familias mexicanas. El desgobierno surge en diversas zonas del país y la administración federal nada hace por detenerlo.
¿Qué es lo que va a festejar México este año? ¿Una Independencia que no es tal? ¿Un cambio de gobierno autoritario o diez años de un gobierno fracasado?
mjcervantes@proceso.com.mx
Si hace casi diez años los mexicanos celebraron el destierro de los gobiernos totalitarios del PRI, donde nada se movía sin la venia del presidente de la República, ahora es tiempo de que los ciudadanos reflexionen sobre la opción que tomaron aquel 2 de julio del año 2000.
Hace una década el país sufrió un giro, sí, pero no fue para mejorar las condiciones de vida, para abatir la pobreza o los niveles de desempleo de la población; la decisión que se tomó aquel 2000 no ha ayudado a tener un país más democrático. Lo que hay es un gobierno panista corrupto, de doble discurso, de simulación, de sometimiento, de componendas con el PRI para tratar de mantenerse en el poder y, lo más peligroso, de desgobierno.
El de Vicente Fox fue un sexenio perdido para el país, es cierto; pero el de Felipe Calderón ha sido el gobierno del caos, de un estado fallido donde parece no haber rumbo y donde la violencia parece imparable.
Calderón convirtió a México en un polvorín que mes con mes estalla a lo largo y ancho del paíos, de norte a sur y de oriente a occidente. La zona de conflicto está en Michoacán, en Morelos, en Chihuahua, en...
Felipe Calderón inició una guerra contra el narcotráfico que parece no terminar. Lo peor es que lo hizo con el objetivo de cumplir las exigencias de Estados Unidos, país que determina qué hacer.
En la década de los setenta, el vecino país quería inhibir la oferta de la droga, de ahí que los países productores de enervantes, --como Colombia— y los transportistas —como México--, sufrieran ciertas presiones, como aquella llamada “certificación”.
En México, quienes se dedicaban al trasiego de la droga sólo se preocupaban por cuidar la ruta, por lo que la violencia era focalizada.
Dos décadas después, en los años noventa, Estados Unidos cambió su objetivo y en lugar de tratar de inhibir la oferta de la droga, decidió detener el consumo y esto modificó el actuar de las organizaciones criminales. Así, el pago por el transporte ya no se hace en dinero, sino en especie, con la condición de que la droga que se está dejando no ingrese a territorio estadunidense para no generar una sobreoferta.
Esto generó que el pago, es decir, la droga, obligue a las organizaciones criminales que ya no sólo se preocupen por la ruta, sino por colocar el producto. Los obligó a coaligarse con organizaciones locales, de las comunidades, de los municipios que, al tener un nuevo elemento qué vender, evolucionaron rápidamente y entonces empezó la lucha por el territorio.
El pleito por la plaza, y no por la ruta, generó mayor violencia. En México, en los últimos ocho años el consumo aumentó 70% porque la droga ya no iba al vecino país, se quedaba aquí, había que vender el pago por el trasiego.
La política de Estados Unidos ha sido que la droga no llegue a su territorio y las políticas del gobierno mexicano ha sido dar cumplimiento a ello, nunca a tratar de disminuir el consumo de los mexicanos o a reducir los niveles de violencia que cada día van en aumento.
Así, Calderón y Fox, los gobiernos panistas, decidieron someterse a los designios de Estados Unidos pero descuidando todo lo que ocurre en México.
Qué no sorprenda ahora por qué tanta violencia.
El gobierno panista trata de vender la idea de que si los enfrentamientos entre los distintos grupos criminales se ha incrementado es por los grandes golpes que les ha asestado la autoridad.
Todo parece indicar que no es así; que más bien, al cambiar la política norteamericana y al quedarse la droga en México, y la urgencia de los grupos criminales por venderla, éstos iniciaron una lucha por el territorio, por la plaza.
Estados Unidos parecía estar contento con el actuar del gobierno, lo aplaudía, pero bastó que le mataran a tres ciudadanos estadunidenses para que enviara a funcionarios de alto nivel al país a dar un golpe de mano, a regañar a las autoridades mexicanas y a decirles que su política de combate al narcotráfico, que la guerra emprendida por Calderón, no es la idónea.
Ahora sí piensa en programas sociales y hasta se compromete con el gobierno mexicano a establecer programas pilotos en Tijuana y Ciudad Juárez, para irse a la raíz del problema.
Esto lo debió hacer el gobierno mexicano hace muchos años, para ser exactos, desde que el incremento en el consumo de la droga empezó a extenderse. Desde que la matrícula escolar les cerraba las puertas a los jóvenes y el desempleo iba cada vez más en aumento, dejándoles como única opción dedicarse a trabajos ilícitos, a contratarse como sicarios, a ser narcomenudistas.
De ahí que se sostenga que el gobierno panista ha sido de sometimiento. Un sometimiento a lo que dicte Estados Unidos en ataque al narcotráfico.
Pero también es un gobierno de simulación y de doble discurso. Y si no, basta con mirar al presidente municipal de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, quien contrató de informante a alguien presuntamente vinculado con la organización criminar de los Beltrán Leyva.
Desde su campaña para presidente municipal, el actual edil panista dijo que era mejor hacer acuerdos con el narcotráfico para controlar el flagelo del tráfico de drogas, la clase política se escandalizó por su dicho.
Ahora resulta que la clase política siempre lo supo. Por lo menos, eso dijo el propio presidente municipal en sus declaraciones ministeriales, en las que reveló que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, siempre estuvo enterado de que recurriría a informantes para atacar al narcotráfico. Esa es la doble moral panista.
¿Qué se puede pensar del diputado local panista, presidente del Congreso local de Baja California, Víctor González Ortega, a quien elementos de la Policía Municipal detuvieron en posesión piedras de cocaína y en total estado de ebriedad?
Era el presidente del Congreso del estado, un político que, se supone, debe hacer leyes para combatir lo ilegal. Los panistas se escandalizan de lo que ocurre en otros lados, pero no se ven así mismos.
Seguramente en todos los partidos existen políticos que consumen drogas, como ocurre en todos los sectores de la sociedad, la diferencia estriba en esos políticos, los panistas, forman parte del partido gobierno y ofrecen un doble discurso. Caen en la simulación.
La drogadicción es una enfermedad, no un asunto de moral, de discursos o de simulaciones. En México el consumo aumenta cada día y Felipe Calderón no ha dado muestras de querer abatirla o de tratar de cambiar las condiciones sociales que llevan a ello.
Lo único que hace es bajar la cabeza, aceptar las imposiciones del gobierno estadunidense y simular que combate al narcotráfico. El problema de esto es que está llevando al país a una violencia que parece no tener fin y, lo peor de todo, a que inocentes mueran en esta supuesta guerra contra el narcotráfico.
Por este tipo de gobierno votó la ciudadanía aquel 2 de julio del año 2000, por este tipo de gobierno se dejó la ciudadanía imponer aquel 2006. La violencia, la inseguridad, la muerte está presente en las familias mexicanas. El desgobierno surge en diversas zonas del país y la administración federal nada hace por detenerlo.
¿Qué es lo que va a festejar México este año? ¿Una Independencia que no es tal? ¿Un cambio de gobierno autoritario o diez años de un gobierno fracasado?
mjcervantes@proceso.com.mx
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