El gobierno cumple sus sueños privatizadores

El gobierno cumple sus sueños privatizadores / Toque crítico / Martín Esparza

Por la vía rápida 
Revista Siempre

Con la aprobación fast track de la Ley de Asociaciones Público Privadas, hecha por el Senado de la República, el gobierno de Felipe Calderón ha cumplido su sueño de iniciar la paulatina privatización de los servicios públicos, abriendo de par en par las arcas oficiales para financiar los proyectos que más le convengan a la iniciativa privada, no sólo nacional sino extranjera.

Pasando nuevamente por alto a la Constitución y con el apoyo de las bancadas del PAN, PRI y Partido Verde, la iniciativa que planteara Calderón al Congreso en noviembre del 2009, por fin logró mediante un descarado mayoriteo en la Cámara Alta, tener la aprobación para legalizar los proyectos privados que tanto en la prestación de servicios como en infraestructura, le sean atractivos y redituables a los inversionistas privados.

Todo a cuenta y riesgo del dinero de los contribuyentes y además con innumerables ventajas para poder cambiar los proyectos originales e incluso cancelarlos sin prejuicio para los particulares, para quienes la iniciativa calderonista es la panacea absoluta.

La nueva ley no impone restricción alguna a los empresarios nacionales y extranjeros; de hecho, lo mismo pueden arrancar proyectos de prestación de servicios como la distribución y el cobro del agua potable, que en carreteras o en la recolección y transformación de basura, con la garantía de que si el negocio les cae de perlas con sus jugosos dividendos pueden obtener concesiones de hasta 40 años.

Es decir, que en el trasfondo de la nueva disposición, el gobierno cede buena parte de sus funciones como prestador y administrador de los servicios públicos a los particulares que podrán argumentar su privatización bajo el supuesto de una mejor prestación de los mismos, donde llevarán implícitas sus redituables ganancias.

La ley contempla en su ejecución a los diversos niveles de gobierno con lo que tanto el gobierno federal, como los estatales y municipales podrán echar mano de esta nueva figura jurídica para aprobar los proyectos que no necesariamente requiera la población sino aquellos que los empresarios juzguen innovadores y creativos (para su beneficio). Es decir, dejan las manos libres a los políticos para hacer negocios en aras, supuestamente, de alentar la economía e incentivar el empleo.

Estos esquemas de financiamiento, ahora legalizados, y distintos a los contemplados por la Ley de Obras Públicas y Servicios, así como por la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público, ofrecen a los privados la vía libre para la adjudicación de proyectos al establecer mecanismos blandos como los llamados “análisis previos”, es decir que en su reglamento no exige mayores requisitos para obtener las concesiones y los permisos necesarios para echar a andar un proyecto.

Otro ejemplo de esta abierta laxitud son las llamadas “propuestas no solicitadas” que consisten en que los particulares interesados en desarrollar un proyecto de asociación público-privada, podrán presentar sus propuestas sin que alguna autoridad se las haya solicitado o hayan convocado a concurso.

Siendo México un país de donde las relaciones de los poderosos grupos económicos se entrelazan con los grupos políticos, ya podemos imaginarnos en manos de quiénes irán a parar estos proyectos que pueden ser descabellados, sin utilidad pública alguna, pero altamente redituables.

Pero por si esto fuera poco, la ley prevé causales “para la terminación de los contratos” con lo que si el negocio no es como se esperaba, los privados pueden dar por cancelados sus compromisos sin perjuicio alguno.

Porque, además, las controversias, que se apegarán para su solución al principio de “la buena fe”, y serán analizadas por un comité integrado por “tres expertos en la materia, designados (lea usted, y si puede, indígnese), cada uno por cada parte y un tercero por las dos; es decir, permitirá a los directamente involucrados ser a la vez juez y parte. Si existiera algún desfalco o alteración en el costo de la obra, no pasará nada. Total, la mayor parte de los recursos serán públicos y no privados.

Está comprobado que en estos tramposos sistemas de asociación los particulares nunca persiguen un auténtico sentido social sino de lucro. Un ejemplo de ello son sin duda los llamados Pidiregas (Proyectos de Infraestructura Productiva con Impacto Diferido en el Registro del Gasto) con los que actualmente la Comisión Federal de Electricidad (CFE), financia el 80 por ciento de la inversión de la infraestructura eléctrica en México.

Esta deuda contraída por la CFE, vía Pidiregas, costará a la paraestatal en intereses de 1999 al 2043, nada menos que 543 mil 300 millones de pesos. Si consideramos que la Nueva Ley de Asociaciones Público Privadas establece concesiones por más de 40 años, ya podremos estimar los costos que tendremos que pagar los contribuyentes y la economía del país en las próximas décadas, sin exentar de los males por venir, el fantasma de las privatizaciones en servicios básico como el suministro de agua potable, y eventualmente de los propios servicios médicos. Responsabilidades establecidas en la Constitución para ser asumidas por el Gobierno y no por los particulares.

No se requiere leer con lupa el contenido del nuevo ordenamiento jurídico para darse cuenta que el objetivo primario no es buscar beneficios a la ciudadanía y a las finanzas públicas sino encaminar los proyectos oficiales a una privatización de los servicios públicos en beneficio de poderosos grupos de interés dónde, como siempre, resultarán marginados los pequeños y microempresarios. Y como los extranjeros no están excluidos, ya podemos imaginarnos la tajada del país que se llevarán las trasnacionales. Todo, gracias al antinacionalista, Felipe Calderón. 
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