Gobernador Bala Represión con Moreno Valle
Precandidatura en rojo
Déficit de atención política
Julio Hernández López
PULVERIZACIÓN DE PEMEX Y CFE: PRD Y PT. Los senadores aprobaron anoche en lo general las leyes de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, luego de un debate de cinco horas, en el que PRD y PT advirtieron que se condena a ambas empresas a su
desmantelamiento, ya que el fuerte esquema impositivo que se les aplicará no les permitirá competir con las firmas extranjeras. En la imagen, los legisladores David Penchyna, Javier Lozano y Roberto Gil ZuarthFoto Cristina Rodríguez
R
afael Moreno Rosas nació en 1968, justo el año de la nefasta coronación
histórica del diazordacismo en Tlatelolco. Su abuelo, el médico militar
luego llegado a general, portador original del apellido Moreno Valle que
con ánimo dinástico ha mantenido la familia (los fundadores fueron
Efraín Moreno y Engracia Valle), fue secretario de Salubridad y
Asistencia en el gobierno del propio Gustavo Díaz Ordaz, quien lo hizo
gobernador de Puebla para el periodo 1969-1975, aunque sólo pudo
sostenerse en el cargo hasta 1972, pues cayó en medio de acusaciones de
represión a movimientos sociales, agresiones selectivas a opositores e
intolerancia hacia las críticas en medios de comunicación (ya en la
Presidencia de la República un Luis Echeverría que buscaba deshacerse
vengativamente de algunas de las piezas políticas que le había dejado el
poblano Díaz Ordaz).
Moreno Rosas, es decir el actual Rafael Moreno Valle que gobierna
Puebla, hizo carrera política en el mismo partido de su abuelo y su
padre, el Revolucionario Institucional, bajo cuyas siglas fue diputado
federal y local, llegando a presidir la Gran Comisión del Congreso
poblano. Aliado a Elba Esther Gordillo, pasó al PAN para ser candidato a
senador, aunque dejó su escaño para ganar la gubernatura poblana en
julio de 2012, postulado por PAN, PRD, Nueva Alianza (el partido
gordillista) y Convergencia.
La gestión de Moreno Valle Rosas ha estado claramente orientada al
privilegio de grupos empresariales que le son cercanos, a la fastuosidad
y las pretensiones monumentales, a la aplicación de mano dura contra
los opositores y a la alimentación de una precandidatura presidencial
que desde el PAN buscaría el apoyo de otros partidos. De entrada ha
conseguido asentar sus ensoñaciones presidencialistas en el ámbito de
Gustavo Madero, a cuya obtención de un segundo periodo de mando
contribuyó en términos políticos y económicos, sustentando en términos
materiales una buena parte de la campaña del chihuahuense que se guarda
para sí mismo ciertas aspiraciones de llegar a Los Pinos, pero que
estaría dispuesto a empujar a un personaje como el mencionado Moreno
Valle Rosas.
En torno al presupuesto poblano también se mueven grupos
de izquierda, específicamente perredistas, sobre todo chuchos, pero también los pertenecientes al grupo localmente dominante, el encabezado por el senador Miguel Barbosa, quienes alientan la tesis de una candidatura
pluralen 2018, con el gobernador local a la cabeza. En esos diseños futuristas, el mandatario ex priísta, ex gordillista, aún panista y aplicado ensalzador de Peña Nieto, nombró en abril de 2013 a Luis Maldonado Venegas secretario general de gobierno. Veracruzano de nacimiento, priísta cercano a Esteban Moctezuma Barragán y partícipe en campañas presidenciales del tricolor, Maldonado fue presidente nacional de Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, cuyo dueño político es Dante Delgado, y bajo esas banderas fue diputado federal y senador. En mayo recién pasado se afilió al PRD; en presencia de Jesús Zambrano y ante reporteros aseguró que su nueva militancia no obedece a un plan para trabajar en la conformación de una plataforma política para postular a Moreno Valle a Los Pinos en 2018.
Sin embargo, la temprana y partidistamente promiscua precampaña del
gobernador poblano se ha topado con una rápida consecuencia mortal de
una de sus decisiones más polémicas, incluso a nivel nacional, la
famosa ley bala, que en pocas palabras faculta a agentes
policiacos y de seguridad pública a utilizar fuerza letal contra
manifestantes que consideren peligrosamente violentos. De las macanas,
los gases lacrimógenos y las descargas eléctricas podrían pasar esos
policías al disparo de proyectiles mediante armas de fuego. Balas de
plomo o de goma, a discreción de los ejecutores, aunque en Puebla las
autoridades niegan que en el caso del menor de edad José Luis Alberto
Tlehuatle Tamayo se hubiera utilizado material plástico. El escolar de
13 años de edad fue golpeado en la cabeza por un objeto contundente
durante el desalojo policiaco de una protesta en la carretera
Puebla-Atlixco. La madre del menor, Elia Tamayo, ha dicho que a su
juicio el culpable de todo es el gobernador Moreno Valle.
Voceros gubernamentales han negado en Puebla el uso de balas de goma (se ha llegado a decir que tales versiones son
un mito), al igual que se sostuvo oficialmente esa versión luego del impacto en San Lázaro el uno de diciembre de 2012 contra el profesor Francisco Kuykendal, quien fallecería tiempo después a causa de esa agresión policiaca en el marco de la protesta contra Enrique Peña Nieto en la que el estudiante de la UACM Uriel Sandoval perdió un ojo a causa de otro impacto de bala de goma.
La aprobación de la llamada ley bala en Puebla (el pasado 19 de
mayo, con 32 votos de PRI y PAN a favor, y cinco en contra) y su funesta
aplicación, forman parte del atrincheramiento jurídico y operativo que
los impopulares poderes del país se han construido ante una cada vez
menos silenciosa irritación social que aún no logra vertebración
nacional ni claridad programática, pero que es plenamente percibida en
esas alturas gubernamentales. En Puebla está a la vista el fracaso de
las
alternativaspromovidas por PAN y PRD y es evidente el uso de la plataforma estatal para un proyecto de presidencialismo con tintes diazordacistas. Ni allí ni en otros estados igualmente dominados por personajes frívolos, autoritarios y con pretensiones transexenales, como el chiapaneco Manuel Velasco o el quintanarroense Roberto Borge, o en el plano federal peñista, deben mantenerse vigentes esas normas represivas. Las protestas sociales se incrementan por el gravísimo déficit gubernamental en atenderlas y resolverlas. Tal problema no se resuelve con balas, de plomo o de goma, sino con buen gobierno, honestidad, oficio político y respeto estricto a las otras leyes, las que no han sido pensadas en función de una guerra contra las protestas populares. Y, mientras continúa el maratón legislativo con ganadores extranjeros predeterminados, ¡hasta mañana!
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