Vendepatrias: restringen participación de Pemex a sólo 20%

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Al final siempre ganan los extranjeros
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Para los estadunidenses, todas las ventajas  

Jenaro Villamil      26 de julio de 2014      Destacado

Protesta contra la privatización del petróleo. Foto:

Bajo el manto sacralizado de las leyes secundarias en materia energética va a solaparse el mayor saqueo a la nación del que se tenga conocimiento en la historia mexicana. Pero ni siquiera ha sido necesario un nuevo marco constitucional como el reciente para que eso ocurra. Ese usufructo ya se ejercita desde hace varios lustros. Otro ejemplo: cuando el viernes 18 aún se discutía la Ley de Hidrocarburos en el Senado, entraban en vigor los Acuerdos Transfronterizos sobre la materia firmados entre los gobiernos de Estados Unidos y México, mediante el cual este último entregó un cheque en blanco a su contraparte en materia de exploración y explotación.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El viernes 18 de julio el pleno del Senado de la República aún discutía la nueva Ley de Hidrocarburos que legaliza la apertura de contratos a compañías privadas petroleras, incluyendo a las poderosas trasnacionales norteamericanas, pero los Acuerdos Transfronterizos sobre Hidrocarburos (ATH) firmados entre Estados Unidos y México ya entraban en vigor ese día, restringiendo la participación de Pemex a sólo 20% de estos yacimientos donde se calcula que existen 172 mil millones de barriles de crudo y 304 mil millones de pies cúbicos de gas natural.

La primera irregularidad estaba a la vista de los senadores que conocieron de este acuerdo avalado apenas el 19 de diciembre de 2013 por el Senado estadunidense mientras en México se discutía la reforma constitucional en materia energética: originalmente se le prometió a Pemex una participación “mínima” de 50% y ahora se reducía a 20% en estos yacimientos.
En tribuna, el mismo 18 de julio, la senadora del PRD Dolores Padierna recordó que estos acuerdos son anticonstitucionales. “Dicho de otra manera, la privatización energética en exploración y explotación de hidrocarburos se aprobó antes de aprobar el cambio constitucional”, sentenció.
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El nuevo México: las grandes obras, a los extranjeros

Arturo Rodríguez García   26 de julio de 2014    Destacado

Presentación del Programa Nacional de Infraestructura en abril pasado. Foto: Benjamín Flores.

Las reformas constitucionales aprobadas recientemente en el Congreso han resultado ser un mero trámite legislativo para validar –pero sobre todo para consolidar– la entrega absoluta de los recursos energéticos de México y los mexicanos a los grandes capitales privados, sobre todo a los trasnacionales, de lo cual no van a salvarse ni siquiera amplísimas extensiones de tierras ejidales a lo largo y ancho del país. Desde hace años, consorcios trasnacionales, principalmente los de origen estadunidense y español, tienen al botín mexicano repartido en sectores como el carretero, el energético y el de telecomunicaciones… Y en este festín prodigado por Enrique Peña Nieto, su gobierno manipula tramposamente los términos del Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018…

MÉXICO, D.F. (Proceso).- En abril pasado y entre verdades a medias o la plena opacidad, el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 (PNI) presentó como proyectos de gobierno cuantiosas inversiones privadas, anunció obras que en realidad estaban condicionadas a las leyes complementarias en materia de telecomunicaciones y energía que todavía no se aprobaban, y presumió como “inversión” hasta los fondos de ahorro para vivienda de los trabajadores.
El resultado: un ambicioso plan de infraestructura por 7.7 billones de pesos para 743 proyectos a desarrollar en comunicaciones y transportes; desarrollo urbano, territorial y agrario; hidráulicos, de salud y turismo, y de energía en sus sectores eléctrico y petrolero.

Pero resulta que al menos la tercera parte de los recursos anunciados para el PNI no son del gobierno. Además, en lo que va de la administración los grandes contratos de obra que sí comprometen recursos públicos muestran otra variable: la mayoría están siendo asignados a empresas trasnacionales.
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