Inminentes cambios en el gabinete
Sin cumplir todavía 1 año en el cargo como presidente de la República, Enrique Peña Nieto prepara los primeros cambios en su equipo más cercano del gabinete. Algunos por enfermedad, otros por edad y los más por negligentes e incompetentes.
En
esferas gubernamentales se menciona que entre los que en breve podrían
quedar separados de sus responsabilidades están el secretario de la
Defensa Nacional, general de División Salvador Cienfuegos Zepeda, de
quien –aseguran– enfrenta una grave enfermedad que lo imposibilita para
seguir al frente de las Fuerzas Armadas del país; el comisionado
nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, dependiente de la
Secretaría de Gobernación, quien por su edad el retiro es inminente y ya
tiene una larga lista de aspirantes para sucederlo, varios de ellos
militares; el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor,
quien ha cumplido con su propósito de la reforma educativa y el
encarcelamiento de la corrupta líder del magisterio, Elba Esther
Gordillo, aunque su grupo directivo con Juan Díaz a la cabeza aún
permanece al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) manipulando ilícitamente los fondos de los maestros.
También en el gabinete se menciona a la
secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, quien podría
dejar su cargo ante las críticas de varios secretarios de Estado que
cuestionan su gestión al frente de los programas sociales en contra de
la pobreza extrema, quienes sostienen que hasta la fecha, lejos de
atender el problema, éste se ha agravado y ahora con los huracanes y
tormentas ha sido más que evidente.
Otros dos funcionarios que están en duda
en sus responsabilidades son el vocal ejecutivo del Fondo de la Vivienda
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estados (Fovissste), José Reyes Baeza, de quien dicen el cargo es una
cuota que el presidente concedió al partido oficial, pero ha llegado el
momento de removerlo. El otro es el criticado director del Fondo de
Desastres Naturales (Fonden), José María Tapia Franco, quien se divertía
en Las Vegas, estados Unidos, cuando México se ahogaba en medio de las
tormentas.
Sin duda alguna la separación más sentida
para el jefe del Ejecutivo es la de su titular de la Defensa Nacional,
quien –dicen en el Hospital Central Militar–enfrentaría su última lucha
contra el cáncer, porque es uno de los amigos y colaboradores de mayor
confianza de Peña Nieto, a quien éste defendió hasta el final para que
se mantuviera como secretario de Estado responsable del manejo de las
Fuerzas Armadas y confió en él para hacer frente al crimen organizado y a
la industria del narcotráfico.
Este caso del general Cienfuegos vuelve a
traer a la discusión el tema de que la salud de los miembros del
gabinete es un asunto de seguridad nacional, pues toman decisiones que
afectan a todos los mexicanos, por lo cual aunque la salud de las
personas sea un asunto privado, en esta circunstancia de servidores
públicos debe informarse a la sociedad cuando estén en riesgo y ellos
mismos aceptar el cargo bajo un acuerdo de que esa información sea del
dominio público.
Pero quién es el general Cienfuegos
Zepeda. Asumió el mando del Ejército Mexicano y de la Fuerza Aérea
Mexicana –las dos fuerzas militares organizadas y administradas por la
Sedena– el 1 de diciembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto protestó
como presidente de la República.
Este general se abrió paso como
secretario de la Defensa Nacional en medio de un accidentado proceso de
auscultación en el que, por primera vez, las disputas internas de los
grupos de generales provocaron fugas de información de seguridad
nacional y se ventilaron hechos de corrupción ocurridos al interior de
las Fuerzas Armadas.
Durante el sexenio de Felipe Calderón
–cuando al frente de la Sedena se encontraba el general Guillermo
Galván– se desempeñó como Oficial Mayor de la Secretaría. A finales de
2012, cuando Enrique Peña Nieto ya era presidente electo, fue finalista
en la carrera interna por la Sedena junto con el también general de
División Augusto Moisés García Ochoa, entonces director General de
Administración.
En la decisión final de Peña Nieto no
sólo habría pesado la amistad que el hoy presidente de la República
trabó desde su época de gobernador del Estado de México con Cienfuegos,
cuando éste era comandante de la Primera Región Militar (que además del
propio Estado de México y el Distrito Federal integra a las entidades
de Morelos e Hidalgo). También habría sido determinante el respaldo que
recibió Cienfuegos de la entonces plana mayor de la Sedena: el
subsecretario de Defensa Nacional Carlos Demetrio Gaytán Ochoa (hoy
director de Banjercito); el inspector y contralor general del Ejército y
Fuerza Aérea Marco Antonio González Barrera (hoy director general del
Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas), y el jefe del
Estado Mayor de la Defensa Luis Arturo Olivar Cen (hoy oficial mayor de
la Sedena).
Elba Esther 1, Murillo Karam 0
Sólo era cuestión de tiempo. Cuando fue capturada y acusada por los delitos de lavado de dinero
y delincuencia organizada, la abusiva Elba Esther Gordillo se
enfrentaba así a una decisión política por su actitud amenazante y
retadora en contra del presidente de la República y sus políticas
públicas. Desde ese momento el problema para el gobierno fue que ambos
delitos que pretendían fincarle estaban muy mal fundamentados por parte
del Ministerio Público federal, a cargo del procurador Jesús Murillo
Karam, lo que ahora pone con un pie en la calle a la corrupta lideresa.
Es cierto que la Maestra analfabeta
estaba preocupaba por su pésimo manejo financiero de miles de millones
de pesos que durante más de 20 años le ha exprimido a las cuotas de los
trabajadores de la educación, y lo mismo ha hecho con las partidas
presupuestales especiales que le entregó la Secretaría de Educación
Pública por instrucción de los presidentes de la República Carlos
Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.
Durante años, la Gordillo había
sido muy cautelosa para ocultar los recursos en cuentas bancarias en el
extranjero con nombres apócrifos y prestanombres. Es ahí en donde está
acumulada la verdadera fortuna obtenida de manera ilegal de la líder del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
El día de su detención escribíamos que
lo encontrado hasta ese momento, los 2.6 mil millones de pesos, era
apenas una pequeña parte del dinero robado a los trabajadores, y era tan
visible su manejo porque servía como caja chica para las necesidades inmediatas de la Maestra:
compra de residencias; adquisición de joyas, arte, ropa, zapatos y
bolsas; cirugías, y diversión. Toda la opulencia en la que vivía
Gordillo y su familia.
El 4 de marzo señalamos en esta columna que nadie en su sano juicio, a excepción de la familia de la Maestra
y de los beneficiarios del desfalco público, puede estar en contra de
que la lideresa del SNTE rinda cuentas ante la justicia. Sin embargo,
había varias dudas sobre el debido proceso que se le debe seguir a
cualquier detenido, sobre todo en la integración del expediente que
involucraba en ese momento a Elba Esther Gordillo Morales y tres de sus
cómplices: Isaías Gallardo Chávez, Nora Guadalupe Ugarte Ramírez y José
Manuel Díaz Flores, en los delitos de blanqueo de capitales y delincuencia organizada.
En los delitos financieros, el
Ministerio Público Federal debe dar al acusado el derecho de audiencia,
para permitirle que explique el origen y el destino de los recursos,
como sucede en la acusación por lavado de dinero. Esto, por
ejemplo, no ocurrió con la Maestra, a quien la autoridad le armó con
mucho sigilo la acusación y la consignó ante un juez federal, quien
liberó las órdenes de aprehensión, sin permitirle a los acusados probar
el origen de los recursos, que en el caso que nos ocupa son simple y
llanamente lícitos, pues provienen de cuotas sindicales y de las arcas
públicas. A esto, de acuerdo con la decisión del juez que lleva la
causa, se agrega que hubo errores de la Procuraduría General de la
República en la presentación de las evidencias.
De tal manera que mientras no haya una
acusación formal de los propios trabajadores miembros del SNTE, que
señalen a sus dirigentes del desvío de recursos de las cuotas sindicales
y se abra un proceso penal en su contra, no existe el delito previo que
es necesario para configurar el otro delito que es el uso de recursos
de procedencia ilícita. Es decir, no basta con que la Unidad de
Inteligencia Financiera haya descubierto que con dinero de las cuotas
sindicales la Maestra adquiriera múltiples inmuebles en México y en el
extranjero o que se comprara vestimenta muy costosa o que el dinero de
los trabajadores fuera utilizado para las operaciones y cirugías que
Gordillo acostumbraba realizarse cada determinado tiempo.
Lo peor aún, es que ante las pifias de
la Procuraduría y su titular se impone la cerrazón y ahora amenazan y
acusan al juez que dictaminó las pruebas y emitió un amparo a favor de
Gordillo, por lo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación tuvo que salir a la prensa para detener la embestida
orquestada por Murillo Karam desde su búnker de Reforma. Este
caso vuelve a enfrentar a dos poderes, el Judicial y el Ejecutivo, y
abre al presidente de la República otro frente que debe atender.
No hay comentarios:
Publicar un comentario