OPACIDAD EN EL IFE.

Carreta tricolor
Parcelas opositoras
Michoacán, militarizado
Injusticias del 2 de octubre

Julio Hernández López

OPACIDAD EN EL IFE. En el IFE, consejeros y representantes de partidos han cuestionado la decisión de mantener en reserva un estudio de Deloitte –que tuvo un costo de 16 millones de pesos– sobre la estructura del instituto, el cual informa de duplicidad de funciones, desórdenes administrativos y excesos en la estructura de mando. El consejero presidente, Leonardo Valdés, reiteró su postura de mantener un año la restricciónFoto Cristina Rodríguez

 

El coordinador de los senadores de Acción Nacional, José Luis Preciado, confirmó ayer los emplazamientos partidistas que prefiguran un triunfo doble del reformismo impulsado por Enrique Peña Nieto: el partido de mayor derechismo apoyará la reforma energética en los términos negociados con Los Pinos, mientras el sol azteca lo hará en cuanto a la miscelánea fiscal. Aferrados cada cual a los acuerdos habidos con el priísmo así victorioso, defenderán sus parcelas aunque en general la cosecha se la lleve la carreta de tres colores.

 

El colimense Preciado, cuyo liderazgo en la bancada blanquiazul del Senado no ha podido consolidarse a causa del activismo en su contra del grupo calderonista que encabeza Ernesto Cordero, dio por fracasadas las posibilidades de un acuerdo con el PRD en virtud de que el partido dirigido por Los Chuchos comprometió su voto a favor de la nueva normativa fiscal a cambio del fondo de capitalidad que le dieron a Miguel Ángel Mancera (y que permitirá a esa dupla, GDF-Nueva Izquierda, desarrollar planes conjuntos de control de la política en el Distrito Federal).

Los arreglos bilaterales en marcha concentrarán en zonas bien definidas el interés electoral de los dos principales partidos de oposición solidaria. El sol azteca, votando a favor de nuevas modalidades fiscales en todo el país, podrá ofrecer a la ciudadanía capitalina obras y servicios, mientras el partido dirigido por Gustavo Madero se reserva el derecho de asumirse como el único que se opuso de manera inflexible a ese menú de nuevos o agravados impuestos que son considerados lesivos por las clases medias y los empresarios.

En el terreno de lo energético se vivirá similar forcejeo con la vista puesta en las urnas venideras. El PAN pagará con gusto el costo de ser el aliado que permita con sus votos la aprobación de la impugnada reforma, mientras el Partido de la Revolución Democrática se reservará el uso de la carta efectista de haberse movido conforme a las reglas del juego para impedir lo que finalmente habría sido aprobado por la dupla pripanista.
Si finalmente salen adelante las reformas fiscal y energética gracias al voto diferenciado de los partidos de oposición pactada, el país tendrá un nuevo rostro, con nuevas reglas y beneficiarios, lo que podría significar el afianzamiento de un poder priísta con pretensiones de larga durabilidad. A partir de esa doble victoria estratégica, Peña Nieto (es decir, el equipo que lo tiene al frente) contará con más recursos para repartir limosnas institucionales con visión electoral (de las tarjetas Mónex y Soriana a los monederos Sedesol-Robles, por dar un ejemplo) y consolidará relaciones de mutua conveniencia con grandes empresarios locales y extranjeros que participen del reparto de Pemex.

Mientras el rediseño general culmina, la realidad cotidiana estremece. En Michoacán, Peña Nieto recurre a la fórmula fácil a la que en su momento se aferró el calderonismo, es decir, el uso a rajatabla de las fuerzas armadas como presunto mecanismo de equilibrio social aunque en muchas comunidades se considera a los agentes del gobierno federal como defensores de determinados intereses locales e intencionales agresores de bandos distintos o de ciudadanos sin vinculación con los grupos en pugna.

En el resto del país se viven situaciones tensas que confirman que, más allá del negociado silenciamiento mediático sobre el tema, la violencia criminal contra la sociedad está en niveles tan altos o más que los registrados durante el funerario gobierno de Felipe Calderón. Un ejemplo de ello se está viviendo en Torreón, Coahuila, donde ayer hubo un paro parcial de labores en establecimientos gastronómicos continuamente asaltados y chantajeados por grupos que actúan en completa impunidad.

Escribe Ilia Adad Infante Trejo desde la celda 3-12 del área de ingreso del Reclusorio Norte. Es uno de los detenidos y procesados por los hechos del pasado 2 de octubre y asegura que no participó en los disturbios y que son fabricados los cargos que se me imputan: ataques a la paz pública, daño en propiedad con dolo en pandilla y ultrajes a la autoridad. Pero considera que desafortunadamente soy, junto con mis compañeros presos, víctima de la campaña por la cual el jefe del Gobierno del Distrito Federal se ha convertido en el encargado de hacer el trabajo sucio al gobierno federal. La acusación se realiza y se quiere fundamentar en el dicho de policías que ni siquiera nos encapsularon en el inmueble de Reforma 93. Vine a dar aquí junto con otras siete personas (entre ellas, un menor de edad ya liberado y un representante de medios ya exonerado) por el dicho de un comandante de la SSP que nos seleccionó arbitrariamente de entre 40 personas que éramos transportados en un camión de la policía en el estacionamiento de la Agencia del Ministerio Público GAM-2.

Infante Trejo, estudiante de Filosofía y Letras en la UNAM, refiere en el texto enviado a esta columna las diversas formas de criminalización que se han dado contra quienes ejercen derechos y libertades cívicas: la publicación en ciertos medios de presuntas fichas de seguimiento de actividades disidentes o de filiaciones anarquistas, el acomodo de la legalidad capitalina para sancionar con más fuerza y menos problemas a los que protestan, el uso de la policía cibernética, la infiltración de policías vestidos de civil, la provocación y el uso desmedido de la fuerza de agentes policiacos. A punto de cumplirse un mes de esas detenciones es necesario seguir de cerca la evolución de los procesos judiciales, pues hay suficientes indicios de que se cometieron irregularidades e injusticias, y cuidar que no avance el mencionado curso de criminalización de la protesta social.

Y, mientras las vallas van y vienen en una capitalina Plaza de la Constitución donde las libertades cívicas son condicionadas por las exageradas necesidades de seguridad de las autoridades, específicamente de quien suele moverse bajo blindaje automático en Los Pinos, pero de vez en cuando desea asomarse al entorno del Palacio Nacional, ¡hasta mañana!
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